Emilio Amado Mena

Expediente 698/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
698/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Emilio Amado Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 72, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlanepantla, Tercer Turno con sede en Atizapán de Zaragoza Estado de México, relativo al acuerdo diez de marzo de dos mil veintiuno (en el que se tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, informando que aceptaba la competencia planteada por este órgano de control constitucional, y se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido), con la razón asentada al reverso que dice: "No se encontró en horario de reparto". Sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, se aprecia que la referida autoridad ha sido notificada dentro del presente sumario constitucional bajo dicha denominación y en el domicilio al que se envió la citada comunicación (Ejército Mexicano, número tres, colonia, ampliación Emiliano Zapata, Ciudad Adolfo López Materos código postal 52916 Atizapan de Zaragoza, Estado de México); en consecuencia, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la notificación del referido acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese a sus autos el oficio 4803/2021, del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual acusa recibo del diverso comunicado 55, de esta estadística, por medio del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 698/2020 de este índice, así como los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativo al mismo; e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Emilio Amado Mena. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Ahora, por cuanto hace al cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión, se establece que no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa (debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020), y mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con doce minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 698/2020, promovido por Emilio Amado Mena, por derecho propio; Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por el secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo la declaró abierta y procede a su celebración sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan la demanda de amparo promovida por Emilio Amado Mena, por propio derecho, acuerdo admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y autos en que se recibieron. Por otra parte, el secretario da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se reservó proveer sobre la petición del quejoso (por conducto de su autorizado), en el sentido de diferir la presente audiencia constitucional hasta la presente fecha, por lo que se provee: Dígase al peticionario de amparo, que no resulta procedente diferir la presente audiencia constitucional en virtud de que, si bien no ha transcurrido el plazo de ocho días para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, México, ello no es impedimento para la celebración de la presente audiencia constitucional, en primer término porque la autoridad responsable citada aceptó la existencia del acto reclamado, además, porque respecto de las autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Puebla, quienes negaron los actos atribuidos, ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas en autos. I. Por el quejoso, las documentales siguientes: a) Copia certificada del contrato de compraventa celebrado respecto de la camioneta marca Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202. b) Certificado de propiedad (certificate of title) número TFG22753, relativo al vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202. c) Copia certificada de la factura 2MT emitida por "Kikis Automotriz", sociedad anónima de capital variable, que ampara la propiedad del vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202. d) Copia certificada del pedimento GE-4005837 relativo al internamiento en territorio nacional del vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202. e) Impresión de la consulta realizada en la página electrónica del Registro Público Vehicular respecto del automotor Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202. Documentos que fueron exhibidos por el quejoso con la demanda de amparo y que obran dentro de una mica de protección glosada a foja dieciséis del expediente. II. Por la autoridad responsable 10. Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla: la documental, consistente en copia certificada del nombramiento de Yazmín Martínez del Moral, como Directora de Asuntos Jurídicos de la citada autoridad (fojas 45 a 47). III. Por la autoridad responsable 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, México: la documental, consistente en copia certificada de diversas constancias derivadas del expediente NUC: TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04 (fojas 222 a 232). Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por el secretario, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no ejercieron ese derecho. El juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos, con lo que se da por concluido el periodo de referencia. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar ni diligencia pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito dicta S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 698/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Emilio Amado Mena, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado en la misma data a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Emilio Amado Mena, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que precisó en su demanda. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 17 a 22), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 698/2020, se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 37). TERCERO. Cita para sentencia. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras etapas se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Autoridades inexistentes. En proveídos de dieciocho y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, así como en diverso de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 85, 86, 107, 108, 211 y 212), se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso señaló como "2. Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos de Toluca, Estado de México (OCRA); 3. Coordinación de Recuperación de Vehículos Robados de Toluca, Estado de México; 8. Titular de la Dirección de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y, 4. Fiscalía para Combatir Delitos Relacionados con el Robo de Vehículos del Estado de México"; por tanto, se excluyen de la materia de este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." SEGUNDO. Incompetencia legal para conocer del asunto. En este apartado se examinará si en el caso, este órgano jurisdiccional es legalmente competente, para conocer del presente asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de estudio preferente a la cuestión planteada. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que carece de competencia legal por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: De las autoridades ordenadoras 1. Fiscal General del Estado de México, 5. Fiscal General del Estado de Puebla y 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, México: a) La orden de búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202; b) La inscripción del vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, en el Registro Público Vehicular, como robado. -De las autoridades ejecutoras 6. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 9. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla y 10. Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. c) La ejecución de la orden de detención y aseguramiento del referido vehículo. En ese sentido, este Juzgador advierte actualizado el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que la orden de búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo, aquí controvertida, no tiene ejecución en el Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, pues las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados, rindieron su informe justificado de la siguiente manera: No. Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 1. Fiscal General del Estado de México Negó 73 y 74 2 5. Fiscal General del Estado de Puebla Negó 30 3 6. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Negó 81 y 82 5 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, México Aceptó 221 6 9. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla Negó 38 7 10. Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla Negó 43 De tabla que antecede, se colige que las autoridades responsables con residencia en el Estado de Puebla, negaron los actos que se les reclaman, mientras que la 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, México, aceptó expresamente la existencia de los actos reclamados. Luego, si en el particular las autoridades responsables ejecutoras residentes en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, que en principio generó la competencia de este órgano de control constitucional, negaron la existencia de la ejecución reclamada y la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, pese a que se le dio vista con los informes respectivos, entonces, resulta evidente que si bien existe el acto reclamado destacado consistente en la orden de detención y aseguramiento del vehículo, lo cierto es que ésta no ha de ejecutarse en el territorio del Estado de Puebla, sino en el diverso del Estado de México. Se arriba a esa conclusión, porque de la documental que remitió la 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, México, consistente en copia certificada de diversas constancias derivadas del expediente NUC: TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04, de su índice, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se advierte que el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la citada representación social, inició la investigación por el robo del vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, con motivo de la denuncia formulada por José Antonio Arellano Hernández (foja 224). Así mismo, se aprecia que el mismo día, la citada agente del Ministerio Público, libró el oficio 03346 dirigido a Hugo Valeriano Salinas, Policía de Investigación en la Agencia Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 320); mediante el cual, solicitó a dicha autoridad, entre otras cosas, buscar, localizar y detener el vehículo automotor descrito. Por lo anterior, se arriba a la conclusión que, en efecto, existe la orden de detención del vehículo reclamada, no obstante, su ejecución fue encomendada por la autoridad emisora a la autoridad policial que radica en el Estado de México, por lo que el cumplimiento del mandamiento se pretende ejecutar en esa Entidad y no en el Estado de Puebla, donde esta autoridad ejerce jurisdicción. No pasa inadvertido para esta autoridad que el quejoso también reclama la inscripción del vehículo Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, clase camioneta; dos puertas, seis cilindros, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, en el Registro Público Vehicular, como robado, acto que no entraña por sí solo una ejecución material. Sin embargo, respecto de ambos actos se actualiza la figura de continencia de la causa indivisible, pues parten de un mismo hecho generador. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Cobran aplicabilidad las Jurisprudencias del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC. I.P. J/39 P(10ª.), emitida por Plenos de Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". No es obstáculo para lo anterior que el quejoso haya manifestado que adquirió el bien mueble en la ciudad de Puebla, y que elementos de la policía municipal (sin precisar nombres ni datos de identificación) le indicaron que tenían la orden de detener el citado automotor, pues de las constancias de autos se aprecia que ninguna autoridad con competencia en el Estado de Puebla, aceptó tener orden de detención del vehículo que ejecutar, por lo que las afirmaciones del peticionario de amparo no se encuentran corroboradas con medio de prueba alguno. Por el contrario, como se dijo, de las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público que convino en la existencia del acto reclamado, valoradas anteriormente, se aprecia que existe la orden de detención del vehículo, pero su ejecución fue encomendada a una autoridad residente y con competencia en el Estado de México y no en esta Entidad. Sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En ese contexto, se advierte que de conformidad con en el punto Primero, fracción II, y Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos que tiene ejecución en esa demarcación territorial, como acontece en la especie. En esas condiciones, resulta evidente que, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, por razón de turno. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse recibo del presente expediente. Así mismo, se hace del conocimiento que en interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión derivado de este controvertido, por lo que se ordena remitir los cuadernos original y duplicado de dicho incidente, para lo efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia certificada de las actuaciones conducentes, fórmense los cuadernos correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. TERCERO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 37 y 74 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Emilio Amado Mena, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. TERCERO. Remítanse el original del presente expediente, junto con el original y duplicado del incidente de suspensión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; para que por su conducto, los remita al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que corresponda por razón de turno. CUARTO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese tanto lo acordado en audiencia constitucional como la sentencia: por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 698/2020, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Rafael Torres Campos, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Emilio Amado Mena, auto de treinta de septiembre de dos mil veinte (suspensión provisional), informes previos de las autoridades responsables y acuerdos que los tuvieron por rendidos. Asimismo, se da cuenta con el estado procesal de autos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha en que se actúa no obran en autos los informes previos de las autoridades responsables 4. Fiscalía para Combatir Delitos Relacionados con el Robo de Vehículos del Estado de México y 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos de Toluca Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Mirna Martínez Torres) -sustituta-; además, se hace constar que en el cuaderno principal derivado del presente juicio de amparo, obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable identificada con el número 4. De igual manera, se precisa que por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia se decretó la inexistencia de la autoridad responsable 4. Fiscalía para Combatir Delitos Relacionados con el Robo de Vehículos del Estado de México, previa vista a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la citada autoridad responsable. En tal virtud, a efecto de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio que en autos del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, obra el informe justificado de la citada autoridad responsable sustituta identificada con el número 7, por lo que, se ordena traerlo a la vista, para que surta sus efectos en este incidente de suspensión derivado de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, agregando fotocopia certificada de éste para que obre como corresponda. De igual forma, atendiendo a la inexistencia decretada en el cuaderno principal de la diversa autoridad responsable 4. Fiscalía para Combatir Delitos Relacionados con el Robo de Vehículos del Estado de México, se tiene por inexistente a la autoridad en mención, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ésta. Ahora, visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveídos de cuatro y ocho de noviembre de dos mil veinte, se reservó proveer lo conducente respecto de los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula; del que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios dirigidos a las siguientes autoridades responsables: 2. Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos de Toluca, Estado de México. OCRA. 3. Coordinación De Recuperación De Vehículos Robados de Toluca, Estado de México. 8. Titular de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hasta la celebración de la audiencia incidental; y toda vez que ello ya aconteció se provee: Se tienen por inexistentes a las autoridades en mención, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ésta; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En la que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 698/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Emilio Amado Mena; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por Emilio Amado Mena, contra actos del 1. Fiscal General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, se requirió informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables y al contenido integral de la demanda, los actos reclamados en el presente asunto por Emilio Amado Mena, son: a) Las órdenes de búsqueda, localización, y aseguramiento de la camioneta de mi propiedad Marca: Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, acto reclamado que dimana de la mendaz pre denuncia ó denuncia, que originó la carpeta de investigación número; TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04. b) El mandamiento hecho a las autoridades responsables ejecutoras en el sentido de inscribir en el Registro Público Vehicular, (REPUVE) que la camioneta de mi propiedad Marca: Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, está denunciada como robada. Ordenamiento que dimana de la carpeta de investigación número; TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04; y, su ejecución. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables Sentido del informe Fiscal General de Justicia del Estado de México. Negó Fiscal General del Estado de Puebla. Negó Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Negó-Se desvirtúa Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos de Toluca Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Mirna Martínez Torres). Aceptó Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Estado de Puebla. Negó-Se desvirtúa Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Negó-Se desvirtúa CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar respecto de las autoridades responsables ordenadoras 1 y 5. Las autoridades responsables identificadas con los números 1 y 5 negaron la existencia de los actos que reclamó el quejoso Emilio Amado Mena, sin que el citado promovente haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables por parte de Emilio Amado Mena, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por Emilio Amado Mena ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables identificadas con los números 1 y 5. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Existencia de los actos reclamados e improcedencia de la suspensión definitiva. La autoridad responsable sustituta 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos de Toluca Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Mirna Martínez Torres), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en: "Las órdenes de búsqueda, localización, y aseguramiento de la camioneta de mi propiedad Marca: Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, acto reclamado que dimana de la mendaz pre denuncia ó denuncia, que originó la carpeta de investigación número; TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04" Por lo que el citado acto es cierto en la presente incidencia. Ahora bien, las autoridades responsables ejecutoras 6, 9 y 10, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, al ser cierto el acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora 7. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos de Toluca Tlalnepantla, Tercer Turno, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Mirna Martínez Torres), se tiene por presuntivamente cierto el acto atribuido a las mismas, consistente en: "El mandamiento hecho a las autoridades responsables ejecutoras en el sentido de inscribir en el Registro Público Vehicular, (REPUVE) que la camioneta de mi propiedad Marca: Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, está denunciada como robada. Ordenamiento que dimana de la carpeta de investigación número; TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04; y, su ejecución" Precisado lo anterior, se provee en los siguientes términos: I. Por cuanto hace a los actos consistentes en la búsqueda, localización, y aseguramiento de la camioneta de mi propiedad Marca: Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, acto reclamado que dimana de la mendaz pre denuncia ó denuncia, que originó la carpeta de investigación número; TOL/FRV/FRV/107/078319/18/04; debe indicarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada en términos del artículo 129, fracción III de la Ley de Amparo, ya que no etiquetar al vehículo marca Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202 como vehículo "con reporte de robo", como pretende el peticionario de amparo, se permitiría la continuación del delito de robo de vehículo, con lo cual, se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Resultan ilustrativas al respecto las tesis siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 131, 132, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se advierte que para determinar si se concede la suspensión debe verificarse que: a) exista solicitud de parte interesada; b) la naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo; c) haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión; d) quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla; y, e) con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse: f) la apariencia del buen derecho; g) si con la suspensión puede ocasionarse daño o perjuicio a terceros, y si es necesario o no garantizar su reparación; además, en el caso de la suspensión definitiva, h) debe fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas y las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación." "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo establece a contrario sensu, que la suspensión no procede si se sigue perjuicio al interés general o se contravienen disposiciones de orden público, pues ésta es la regla general para la procedencia de la suspensión, de tal suerte que si puede contrariarse un precepto de orden público, la suspensión no debe concederse, aun cuando esto traiga consigo la consecuencia de dejar sin materia el amparo, por la consumación irreparable de los actos reclamados, porque así lo exige el interés general, que está vinculado estrechamente con el orden público." Ello atendiendo que, la información que proporciona el Registro Público Vehicular de la Secretaría de Gobernación (REPUVE), al encontrarse publicada en una página de Internet Oficial del Gobierno Mexicano, puede ser consultada para ver si un vehículo cuenta o no con reporte de robo, lo que resulta de interés general, que está vinculado estrechamente con el orden público, de ahí que resulte improcedente conceder la medida cautelar solicitada por el quejoso para que no se lleve a cabo el aseguramiento o detención del vehículo marca Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, así como para que no se etiquete al citado automotor con reporte de robo. II. Ahora, por lo que respecta al acto consistente en el mandamiento hecho a las autoridades responsables ejecutoras en el sentido de inscribir en el Registro Público Vehicular, (REPUVE) que la camioneta de mi propiedad Marca: Chevrolet Silverado, modelo 2007, tipo pick up, 2 puertas, 6 Cilindros, placas Número LA64526 del Estado de México, con número de identificación 1GCEC14X77Z602202, está denunciada como robada, le reviste el carácter de acto consumado y, contra éste, es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior es así, pues de otorgarse la suspensión solicitada contra dicho acto, se daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia o resolución definitiva con la que culmine el juicio de amparo del que emana la incidencia en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Emilio Amado Mena, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la adscripción.

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