Emilio Alberto Quiñones Avila
Expediente 1554/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Emilio Alberto Quiñones Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 12/12/22 10:45:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f PABLO PÉREZ PACHECO establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que en autos obra un documento original, el cual anexó la parte quejosa a su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida, que de no recogerlo, será destruido junto con el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que en esta propia fecha, se tuvo por desistidos de la prosecución del juicio de amparo a los quejosos EMILIO ALBERTO QUIÑONES AVILA y ANA LUISA ARCOS MENDOZA, en representación de su menor hijo de iniciales D.A.Q.A., por lo que se sobreseyó en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, en virtud de lo expuesto, se concluye que en el presente incidente no existe materia sobre la cual pueda pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada, en consecuencia, déjese sin efectos la celebración de la audiencia incidental respectiva la cual está señalada para llevarse a cabo a las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. "2021, Año de la Independencia" OFICIOS: 30340/2021 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30341/2021 TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30342/2021 TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA SECRETARIA DE SALKUD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30343/2021 TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30344/2021 TITULAR DEL COMITE NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA SECRETARIA DE SALUD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30345/2021 PRESIDENTE CONSEJERO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) CIUDAD DE MEXICO 30346/2021 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30347/2021 DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD, 30348/2021 DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, 30349/2021 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, 30350/2021SUBDIRECTOR DE SALUD PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, 30351/2021 DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, MÉRIDA, YUCATÁN. En autos del incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo V.1554/2021, promovido por ANA LUISA ARCOS MENDOZA, contra actos de Usted, el día de hoy se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: "Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que en esta propia fecha, se tuvo por desistidos de la prosecución del juicio de amparo a los quejosos EMILIO ALBERTO QUIÑONES AVILA y ANA LUISA ARCOS MENDOZA, en representación de su menor hijo de iniciales D.A.Q.A., por lo que se sobreseyó en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, en virtud de lo expuesto, se concluye que en el presente incidente no existe materia sobre la cual pueda pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada, en consecuencia, déjese sin efectos la celebración de la audiencia incidental respectiva la cual está señalada para llevarse a cabo a las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.- - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES. - - - - - - RÚBRICAS." MÉRIDA, YUCATÁN, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. A T E N T A M E N T E Pablo Pérez Pacheco. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. CONSTANCIA DE NOTIFICACION A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CONSTANCIA DE NOTIFICACION. Expediente: V.1554/2021. Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno OFICIOS: 30346/2021 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 30347/2021 DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD, 30348/2021 DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, 30349/2021 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, 30350/2021SUBDIRECTOR DE SALUD PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, 30351/2021 DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, MÉRIDA, YUCATÁN.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la lectura de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte el escrito signado por los quejosos en este juicio de amparo, de fecha ocho de octubre del año en curso, con el que desisten de la prosecución del presente juicio de amparo; y visto lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede, en el sentido de que el día catorce de octubre del año en curso, la parte quejosa ratificaron dicho memorial, tal como se advierte de las constancias actuariales que anteceden; en consecuencia, como lo solicitan los citados promoventes, se le tienen por desistidos de la prosecución del presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia; en su oportunidad y una vez que quede firme el presente proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día veintidós de noviembre del año en curso, a las diez horas con veintiún minutos, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, por las razones expuestas con antelación, provéase lo conducente en los cuadernosincidentales derivados de este juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con veintiún minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la correspondiente audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. En este acto, el Secretario da cuenta con los informes previos rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, en representación del Secretario de Salud, Director General de los Servicios de Salud, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Subdirector de Salud Pública, y Director de Prevención y Protección de la Salud, todos de los Servicios de Salud de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, y anexos que acompañan a sus respectivos informes de mérito, mismos que obran agregados en autos. La Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes previos de las autoridades antes citadas para que sean tomados en consideración como correspondan, y en relación a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 y 141 de la Ley de Amparo en vigor, celébrese la audiencia incidental relativa únicamente por las que tiene su sede en esta ciudad. De igual forma, se advierte que no obran los informes previos requeridos a las autoridades foráneas, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, y Titular de la Dirección General de Epidemiológica de la Secretaria de Salud, Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaria de Salud y Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, todos con sede en la Ciudad de México. A lo que la Jueza acuerda: Celébrese la presente audiencia, únicamente en relación con las autoridades que han rendido sus informes previos y que tienen su sede en esta ciudad y por cuanto las autoridades foráneas, se reserva la misma, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, el CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS. Por tanto, una vez abierto el período de pruebas y alegatos, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa agregó a su escrito de demanda de amparo, así como las documentales ofrecidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, con sede en esta ciudad, con lo que se cierran dichas etapas. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento, por lo que la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1554/2021-V, promovido por EMILIO ALBERTO QUIÑONES AVILA y ANA LUISA ARCOS MENDOZA, en representación de su menor hijo de iniciales D.A.Q.A., contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la parte quejosa reclama: 1. La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México y dejar de ordenar que respecto a los niños de doce a dieciocho años, se aplique la vacuna "Pfizer-BioNTech" a los menores quejosos, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el treinta de agosto de dos mil veintiuno y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, vida, educación, prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tengan complicaciones graves que mermen su salud, incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquier otra, que como derechos humanos reconocidos nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. 2. La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 3. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. 4. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que los quejosos no hayan recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminentemente su salud y su vida; pues cada días es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, por duplicado; se pidió a las responsables sus informes previos; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento tuvo verificativo este día, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 130 de la Ley de Amparo, 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, tal como se hizo constar en la audiencia incidental que antecede, únicamente la parte quejosa ofertó diversas pruebas, así como las documentales ofrecidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, con sede en esta ciudad; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva, atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos y valorando las probanzas ofertadas por las partes. TERCERO. OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto a los actos reclamados consistentes en: 1. La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México y dejar de ordenar que respecto a los niños de doce a dieciocho años, se aplique la vacuna "Pfizer-BioNTech" a los menores quejosos, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el treinta de agosto de dos mil veintiuno y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, vida, educación, prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tengan complicaciones graves que mermen su salud, incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquier otra, que como derechos humanos reconocidos nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. 2. La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 3. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. 4. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que los quejosos no hayan recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminentemente su salud y su vida; pues cada días es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. Si bien, las autoridades responsables, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Salud, Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, en representación del Secretario de Salud, Director General de los Servicios de Salud, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Subdirector de Salud Pública, y Director de Prevención y Protección de la Salud, todos de los Servicios de Salud de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, al rendir sus respectivos informes negaron la existencia del acto que se les atribuyó a cada una de ellas, bajo el argumento de que la estrategia de vacunación está a cargo del Gobierno Federal. Sin embargo, debe estimarse desvirtuada dicha negativa, toda vez que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones legales deben participar en la ejecución de dicho programa de vacunación aun cuando no esté a su cargo su elaboración. Lo anterior pues es un hecho notorio para la suscrita que la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México" es elaborada por el Ejecutivo Federal, sin embargo, ello no implica la ausencia de participación de las autoridades locales en la ejecución de la estrategia de vacunación. En ese sentido, deben tenerse como ciertos los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables. Ahora bien, respecto a la suspensión definitiva, es menester indicar, primeramente, que la parte quejosa señala que la medida cautelar de cita debe decretarse para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, incorporen al plan nacional de vacunación y por ende, apliquen la vacuna "Pfizer-BioNTech" al menor hijo de iniciales D.A.Q.A., al ser el único autorizado para ser inoculado a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Como punto de partida se tiene que la suspensión en el juicio de amparo es, de ordinario, una medida cautelar de naturaleza provisional, que tiende a preservar la materia del juicio de amparo. Ahora bien, la omisión de las autoridades responsables de incorporar a la parte quejosa al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis la. LXV/2008, consideró que el derecho a la salud debe entenderse como el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Misma tesis que es consultable en la página 457, tomo XXVIII. Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Dentro de ese derecho se encuentra la vacunación, porque conforme a los artículos 24, fracción I, 27, fracciones II y III, 32, párrafo primero, 33 de la Ley General de Salud, dicho derecho tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contemplan a la atención médica, que comprende actividades: a) preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, como la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria; b) curativas; c) de rehabilitación, d) paliativas, que engloban el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. De acuerdo con los numerales 134, fracciones II y XIV, de la legislación en consulta, las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control se encuentran la influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vacunación en contra de alguna de esas enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria (arábigo 144 del ordenamiento citado). El derecho de recibir -de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud- las vacunas lo tiene toda persona residente en el territorio nacional, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca (en términos del numeral 157 BIS 1 de la ley en mención). Conforme a los preceptos 157 Bis 3 y 157 Bis 10 de la legislación en cita, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, así como informar sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. De acuerdo con los preceptos 157 Bis 12 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, para ello la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. Entre las enfermedades transmisibles aludidas se encuentra la del Covid, ya que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, según se aprecia en el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-00V2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo posterior. Bajo ese contexto, conviene precisar que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, contenido en el numeral 4o Constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucional, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4o. ...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Al respecto, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Así, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Norma Suprema, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Lo anterior, ha sido además recogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. LXVIII/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, y P. XVI/2011, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dicen: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Expuestas las pautas que deben regir la garantía del derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS- CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En ese sentido, el documento Rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México" (https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf), señala: "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR. Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades;3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primer eje de priorización, ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Sin embargo, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más, independientemente las comorbilidades. De acuerdo con las estimaciones del GTAV, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas. Los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres, personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación. Esto significa que, como eje de priorización, se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad deban vacunarse." De lo anterior, se conoce que la estrategia establecida por el Gobierno Federal, para combatir el virus SARS-Cov2, tiene por objeto vacunar a la población mediante reglas de priorización. En esas consideraciones, como lo manifiesta la promovente en la demanda de amparo, mediante comunicado a la población 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna "Pfizer-BioNTech", ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen al quejoso de iniciales D.A.Q.A., determinen si físicamente de acuerdo a su estado de salud, así como a sus circunstancias particulares (verbigracia, que cuenta con dieciséis años de edad, el grado de vulnerabilidad), de ser el caso, indiquen, si es candidato a la aplicación del biológico y por ende, señalen la hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al ser el único autorizado para ser inoculado a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la enfermedad por Covid-19 en México. En la inteligencia de que las autoridades responsables con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deberán informar, el cumplimiento a esta determinación, una vez que se haya programado la aplicación de la vacuna al menor quejoso, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; apercibidas que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, podrían incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Lo anterior, cuenta habida que dichas autoridades, como responsables en materia de salud de la entidad, se encuentran obligadas a acatar, dentro del plazo legal antes aludido, la presente medida suspensional, precisamente porque los menores quejosos tienen su domicilio en esta ciudad capital, tal y como lo indicó su progenitora, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda; por tanto, al ser en esta ciudad donde deberá al menor quejoso, es evidente que son las autoridades en materia de salud señaladas como responsables, con sede en esta propia ciudad, quienes están obligadas a dar cumplimiento a la suspensión definitiva aquí otorgada. En ese sentido, es un hecho notorio que las autoridades federales y estatales actúan en conjunto con la finalidad de inocular a la población del país, por lo que, en esa medida, dichas responsables locales se encuentran compelidas a realizar todas y cada de las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, a efecto de lograr que el menor quejoso sea vacunado, debiendo evidenciar y sustentar la realización de las actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional que en este acto se decreta, las citadas responsables deben coordinarse con las autoridades federales respectivas y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que el menor quejoso sea inoculado con la vacuna antes referida. No se desatiende que se reclaman actos omisivos, pero ello no impide la procedencia de la medida cautelar decretada, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página. 286, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Por lo expuesto y considerado, se establece el siguiente punto resolutivo y esta Jueza, R E S U E L V E PRIMERO. Se concede a EMILIO ALBERTO QUIÑONES AVILA y ANA LUISA ARCOS MENDOZA, en representación de su menor hijo de iniciales D.A.Q.A., la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se reserva la celebración de la audiencia incidental relativa a las autoridades foráneas que no han rendido su correspondiente informe previo, señalándose como fecha y hora para su celebración, el CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS. NOTIFÍQUESE.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Emilia Quijano May351/2023
- Emiliano Murillo Rodríguez703/2022
- Emiliano Torres Galván1754/2023
- Emiliano Valdez Chale1112/2017
- Emiliano Vega Lorenzana1426/2023
- Emilio Alberto Paredes Canche770/2020
- Emilio Blanco del Villar1218/2023
- Emilio Escalante Herrera944/2022
- Emilio Fernando Herrera Cabrera1183/2021
- Emilio Fernando Herrera Cabrera822/2020
- Emilio González de Castilla del Valle1402/2017
- Emilio Heredia Lima1817/2014