Emilio Agustin Ortiz Monroy
Expediente 1169/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Emilio Agustin Ortiz Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó remitir los mismos al archivo como asunto totalmente concluido; sin embargo, se omitió agregar el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo de la remisión del presente asunto al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero; en tal virtud, glósese el mencionado cuaderno de antecedentes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa remítanse los presentes autos al archivo de donde fueron extraídos. Cúmplase.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de dieciséis de octubre del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, asimismo, que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria por auto de diecisiete de septiembre del año en curso, este ARTURO ITZCÓATL HERNÁNDEZ GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.bc 15/08/23 11:14:56 2 expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el que se concedió la medida cautelar solicitada; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años); conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, exhibió en el expediente principal del presente asunto, un documento que por sus características es susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple del mismo a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente, debe tenerse presente que el treinta de junio de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí: 1. Dejara insubsistente la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P42/2017, de su índice; y 2. Emitiera una nueva, con plenitud de jurisdicción, en la que, al analizar si se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del quejoso: a) Tomara en consideración: (1) que de los autos que le fueron remitidos respecto del juicio interdicto de retener la posesión de estado de hijo 452/2016, se desprende que el servidor público decretó oportunamente las medidas necesarias para enviar dicho asunto al Tribunal Superior de Justicia, y (2) que conforme al marco legal aplicable, no le corresponde a él, depositar directa y personalmente la correspondencia del juzgado, si no al Subsecretario; y b) Analizara de manera exhaustiva, si la aplicación supletoria del artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, al Código de Comercio, realizada por el Juez impetrante, constituye una cuestión de criterio jurídico opinable o debatible, amparada y protegida por el principio de independencia judicial, conforme a los lineamientos tasados en la sentencia. ARTURO ITZCÓATL HERNÁNDEZ GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.bc 15/08/23 11:14:56 2 c) Una vez realizado lo anterior, resolviera el asunto como en derecho correspondiere. En ese orden, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. En virtud de lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el treinta de septiembre de dos mil veinte, la presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, acompañó copia certificada de la nueva resolución emitida el veintiocho del citado mes y año, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P42/2017, en la que se advierte que: 1. Dejó insubsistente la diversa resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el anotado procedimiento administrativo; y, 2. En su lugar, en la nueva determinación, señaló: ".Por lo tanto, para dilucidar si la falta de envío de las actuaciones le era reprochable al Juez denunciado, resulta indispensable acudir a lo normado por los artículos 51 y 77, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, correlacionado con el ordinal 145, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dispositivos que por su orden textualmente señalan:." "De las normas reseñadas, se desprende que no le corresponde al Juez sino al subsecretario del juzgado, depositar directa y personalmente la correspondencia. En esa guisa, se toma en consideración que el servidor judicial denunciado, dictó las medidas pertinentes dentro de los tres días siguientes al que recibió los autos y, conforme a la normativa de la materia, le correspondía al subsecretario del juzgado el realizar el envío del expediente 452/2016 al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En ese sentido, y tomando en cuenta que el objeto que se analiza en esta resolución se limita al retraso de la pronta y expedita impartición de justicia, es indiscutible que el Juez Emilio Agustín Ortiz Monroy ordenó el envío de los autos con la oportunidad necesaria, y que de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 145, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no era a él, sino al subsecretario, a quien le correspondía llevar a cabo la remisión material del expediente. Por las anteriores consideraciones, es que se concluye que la responsabilidad administrativa que se le atribuye relativa al expediente 452/2016, no es reprochable al Juez Mixto de Primera Instancia, Emilio Agustín Ortiz Monroy, sino a diverso servidor judicial, por lo tanto, es INFUNDADA." ".En esa línea de pensamiento y como lo refiere el servidor judicial denunciado en los argumentos defensivos que expuso, es trascendental analizar si actuó amparado por el principio de independencia judicial, dado que ésta supone una garantía contra presiones externas, que protege las emisiones de criterio jurídico sobre cuestiones opinables por parte de los jueces en los asuntos que son puestos a su consideración; salvo que entrañen un evidente desvío de la legalidad. Por lo que, si el Juez Ortiz Monroy consideró que en estos expedientes era aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado al Código de Comercio, a efecto de hacer valer la inconformidad prevista en el artículo 170, ello puede constituir una cuestión opinable o debatible, emanada del criterio jurídico adoptado, dado que el juzgador realizó una intelección lógico-jurídica para determinar que, en su concepto, se satisfacían los extremos atinentes a la aplicación supletoria de normas. En esas condiciones, se concluye que el servidor público actuó amparado bajo el principio de independencia judicial, y a este órgano colegiado no le corresponde pronunciarse si la interpretación tomada por el Juez Emilio Agustín Ortiz Monroy, de aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles local, es correcta o no, pues este Consejo de la Judicatura carece de facultades para sancionar a los funcionarios judiciales por cuestiones netamente jurisdiccionales. Pues si se aceptara que cualquier situación jurisdiccional es sancionable por este Consejo de la Judicatura, se vulneraría el principio de autonomía judicial consagrado en el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se desprende que la carrera judicial debe regirse, entre otros principios, por el de la independencia de la función. Por ende, resulta improcedente el analizar los motivos de disenso que se atribuyen al licenciado Emilio Agustín Ortiz Monroy, respecto de los oficios 3993, relativo al expediente 61/2017, medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil y 4001 expediente 58/2017, juicio ejecutivo mercantil, toda vez que, se trata de cuestiones netamente jurisdiccionales, lo que no puede ni debe ser objeto de análisis por parte de este órgano colegiado.". Por lo que, de la transcripción a la parte considerativa conducente, se desprende que, efectivamente la autoridad responsable, Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su nueva determinación, sí tomo en cuenta en lo relativo al envío material del expediente 452/2016, que el quejoso decretó las medidas necesarias y que dicho envío le correspondía a diverso funcionario; asimismo, analizó exhaustivamente si la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles del Estado al Código de Comercio, se trataba de una cuestión de criterio jurídico opinable o debatible, amparada bajo el principio de la independencia judicial, concluyendo precisamente en ese sentido, determinando carecer de facultades para sancionar al funcionario aquí quejoso, por una cuestión netamente jurisdiccional, al haber llevado a cabo una intelección lógico-jurídica para determinar que, en su concepto, se satisfacían los extremos atinentes a la aplicación supletoria de las normas citadas. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector. Sin que se soslayen las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de cinco de octubre del presente año, toda vez que como se expuso anteriormente, de las constancias recibidas se desprende que la autoridad responsable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, sí dio cumplimiento a los efectos de la concesión del amparo, en tanto que sus manifestaciones no forman parte de los efectos, ni del estudio de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, resulta evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de uno del mes y año en curso y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento informado respecto de la sentencia de amparo, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia pretendido por la autoridad responsable. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
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