Emiliano Zapata Sandoval Blasco
Expediente 1187/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/05/2022
Partes del expediente
- Emiliano Zapata Sandoval Blasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el escrito signado por la parte quejosa, en el que solicita se requiera cumplimiento a las autoridades responsables, toda vez que en sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el asunto y en proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se envió al archivo el presente sumario constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alicia Irene Mellado Cruz, Secretaria que autoriza y da fe. rpsb
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe
- Principal
CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y el acto reclamado son los siguientes:2 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro digital 192097, 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [3] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II 1. Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 2. Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. a) Oficio FP/853/2020, de once de noviembre de dos mil veinte, a través del cual se determinó la improcedencia de la solicitud de pensión por retiro, edad y tiempo de servicio, por no encontrarse en activo y al corriente en sus aportaciones al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. No. orden Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. El citado en el inciso a) Acepta y niega (se desvirtúa) 53 y 69 2 Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. El citado en el inciso a) Acepta 27 a 30 y 56 a 69 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, pues al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron expresamente el oficio que se reclama; por lo que con dicha afirmación se tiene plenamente acreditada su existencia.3 de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." 3 Por su aplicación es de invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número doscientos setenta y ocho, en la página 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [4] Asimismo, la existencia del acto reclamado se corrobora con las documentales que acompañó el quejoso y el respectivo ente responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada de la solicitud de jubilación o pensión por retiro por edad, del recibido de pago ambos a nombre del quejoso, y el oficio FP/853/2020, del índice de la respectiva responsable. Documentales que se les otorga respectivamente, valor conforme a los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., con lo que se demuestra la existencia del acto reclamado, consistente en la solicitud realizada por la parte quejosa. CUARTO. IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo, sea que doscientos treinta y uno, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". 4 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] "Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" "Artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202." 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [5] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia, por no haber agotado el principio de definitividad; prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La disposición normativa transcrita establece el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [6] defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor al que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 5 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.). 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [7] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II 1. El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. El acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. No exista excepción al principio de definitividad.6 6 Resulta aplicable la jurisprudencia, con datos de localización: registro digital: 193142, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, materia(s): Común, Administrativa, tesis: 115/99, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 448, de rubro y texto: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [8] En la especie, los requisitos antes apuntados se actualizan respecto al acto reclamado en análisis, por lo siguiente: El supuesto previsto en el punto uno se encuentra satisfecho, porque el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, son las encargadas de las solicitudes, tramites y otorgamientos de las pensiones de los trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, lo anterior de conformidad con los artículos 5o. y 12, fracciones IV y X, del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.7 Es decir, la emisión del acto reclamado en estudio, se atribuye a una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues se imputa a una autoridad de la administración pública federal. Por lo que respecta a los requisitos marcados en los puntos dos y tres, también se encuentran actualizados; para ello es necesario citar las fracciones I y II del artículo 109 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, la cual en lo que interesa dispone: "ARTÍCULO 109. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:. 7 "Artículo 5o. El fondo proporcionará a los trabajadores, pensionados y beneficiarios, los beneficios de esta ley, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos y utilizados los formatos que para tal efecto se formulen, complementándose con la presentación de la solicitud respectiva acompañada de los documentos que en cada caso se señalen." "Artículo 12. Corresponde al Comité, además de las facultades y obligaciones que le confiere la ley, las siguientes: (.) IV. Integrar una comisión revisora de apoyo formada por servidores públicos para el análisis de solicitudes, integración de expedientes, elaboración del proyecto de dictamen sobre pensiones y prestaciones y todas aquellas acciones que se requieran a efecto de eficientar el despacho de los asuntos de su competencia. . X. Autorizar a los trabajadores, pensionados, y beneficiarios, las pensiones y prestaciones a que se refiere la ley, previo cumplimiento de la normatividad y requisitos establecidos". 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [9] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II l. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo; en este último caso, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares.". Del numeral y fracciones trascritas se advierte, contra actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado la improcedencia de pensión por retiro, edad y tiempo de servicio, notificada mediante el oficio FP/853/2020, de once de noviembre de dos mil veinte. Luego, en contra ese tipo de actos administrativos procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. En virtud de lo expuesto, es que se consideran satisfechos los puntos dos y tres debido a que, en contra del acto reclamado en estudio, procede el juicio contencioso administrativo, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [10] En efecto, en el caso, el promovente se duele de la contestación que recibió en el oficio FP/853/2020, de once de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el que da respuesta a la solicitud de veinte de octubre de dos mil veinte, y determina que no es procedente la concesión de pensión por retiro, edad y tiempo de servicio, lo anterior de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en relación con el diverso 15 del Reglamento de dicha ley estatal; actos respecto de los cuales procede su impugnación mediante la promoción del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Ello es así, porque el Director General y el Pleno del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, son autoridades estatales, por lo que es evidente que el peticionario del amparo, antes de acudir al juicio, debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables a los actos, como ya se dejó establecido en líneas que anteceden; lo que no ocurrió en el asunto en estudio, pues no se inició el procedimiento contencioso administrativo de referencia. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis8 que dispone: "ACTOS DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos o resoluciones administrativas o fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 8Tesis con datos de localización, registro digital: 201311, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, materias(s): Administrativa, tesis: XII.3o.1 A, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo IV, Septiembre de 1996, página 590. 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [11] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II ejecutar las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, municipales y sus organismos descentralizados, procede, cuando menos, el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I, 22 y 34 todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto o resolución impugnado, y con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos o resoluciones, conforme a los artículos del 68 al 75 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva; consecuentemente, es improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos o resoluciones, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Asimismo, los supuestos contenidos en los puntos cuatro y cinco, igualmente se encuentran satisfechos, debido a que la ley que rige el acto no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo, pues de los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit,9 se aprecia que los alcances dados a la suspensión del acto reclamado conforme a la Ley de Amparo, en esencia, son iguales a los otorgados en dicha ley estatal. 9 "ARTÍCULO 139. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad.". "ARTÍCULO 143. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor.". 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [12] En efecto, en dichos ordinales se advierte que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, la que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo, para el mismo fin, aquélla otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que, en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, con los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, solo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [13] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos; b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio; y, d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Con lo anterior se pone de manifiesto que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por analogía la jurisprudencia cuyo rubro y texto10 disponen: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) 10 Registro digital: 163764, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, materias(s): Administrativa, tesis: XVI.1o.A.T. J/18, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 1107. 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [14] exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados.". A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Legislación de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [15] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, se mencionó, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una carga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero, en ambos casos con un sentido temporal equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [16] conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Dichos razonamientos fueron plasmados en la Jurisprudencia11 cuyo rubro y texto disponen: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza 11 Tesis de jurisprudencia con datos de localización, registro digital: 2008807, instancia: Segunda Sala, Décima Época, materias(s): Administrativa, Común, tesis: 2a./J. 19/2015 (10a.), fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 17, Abril de 2015, tomo I, página 783. 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [17] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.". Consecuentemente, si bien es cierto que dicho criterio se refiere al procedimiento contencioso administrativo de la Ley Federal relativa y no a la Ley de Justicia y Procedimientos 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [18] Administrativos del Estado de Nayarit, que aquí interesa; también es verídico, que contiene una redacción similar a ésta, puesto que mientras aquélla en el artículo 28, fracción III, inciso b), refiere que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, la ley citada en último término en los numerales 128 y 139, dispone que el acuerdo sobre la admisión de la demanda se dictará a más tardar al día siguiente de su presentación, siendo que la suspensión podrá solicitarse en el escrito de demanda o en cualquier momento. Como se expuso, en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no se establecen mayores requisitos ni plazos que en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, tratándose de determinaciones que causen agravio en materia fiscal y administrativa, por lo cual se encuentran satisfechos los supuestos a que se ha hecho referencia en los puntos cuatro y cinco. Finalmente, por lo que hace al punto seis, también se encuentra satisfecho, pues: a) el acto no afecta a una persona extraña al procedimiento administrativo de que se trate, b) el cuerpo normativo que instituye el medio de defensa contempla la suspensión y no exige mayores requisitos ni plazos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización del acto, c) no se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación y d) no se reclaman en este juicio exclusivamente violaciones directas a la Carta Magna, sino también indirectas [diversos vicios de legalidad], tales como aquellas que aluden a la inobservancia de diversos artículos de la Ley Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y del Reglamento de dicha ley 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [19] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II estatal.12 En ese sentido, el hecho de que la parte promovente del amparo cuestione la negativa de la autoridad responsable de pensionarla, se torna en un tópico de legalidad, cuyo ámbito de análisis y decisión corresponde a la autoridad competente para conocer del medio legal ordinario previsto para tal efecto. Así, la parte quejosa no aduce violaciones directas a la constitución en sus conceptos de violación, sino que los mismos radican en temas de legalidad, como lo es la aplicación de una ley y reglamento que -a su decir- no corresponde al caso concreto. Aunado a que no basta la parte quejosa cite preceptos 12Encuentra apoyo lo anterior, en lo que se refiere al sobreseimiento en el juicio, por las razones que la informan, en la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), con número de registro digital 2004254, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [20] constitucionales para estimar violaciones directas a la Constitución, pues ante ello imperaría el arbitrio de aquélla, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley secundaria. Es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes 13 Datos de localización, registro digital: 237480, instancia: Segunda Sala, Séptima Época, materias(s): Común, fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175- 180, Tercera Parte, página 119, Tipo: Jurisprudencia. 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [21] Juicio de amparo indirecto 1187/2020-II de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (El énfasis es propio de este juzgado) Más aún, el acto reclamado no carece de fundamentación ni motivación, pues en el oficio FP/853/2020, la autoridad responsable, citó los fundamentos en los cuales basó su negativa. Por tanto, si la parte quejosa no hizo valer el juicio de nulidad previamente a promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, la instancia constitucional resulta improcedente. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, con base en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción V y 73, al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: 06/08/22 11:56:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d EFRAIN FLORES LOPEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [22] RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, contra el acto y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto, de esta resolución SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente; vía electrónica a la parte quejosa al usuario "emilianonayarit" y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, día en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Efraín Flores López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con dos minutos del once de junio de dos mil veintiuno; hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 1187/2020-II, promovido por EMILIANO ZAPATA SANDOVAL BLASCO. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda, admisión de demanda, constancias de notificación de las partes, ampliación de demanda e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el Secretario certifica que la parte quejosa y la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, ofrecieron pruebas documentales. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ Juicio de Amparo Indirecto 1187/2020-II [2] pruebas documentales aludidas en el apartado precedente. Se cierra el período de pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que la parte quejosa formuló alegatos y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar, por formulados los alegatos del quejoso y por precluido el derecho de las demás partes para ello. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni promoción que acordar, se declara cerrada la presente audiencia y se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda.
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