Emiliano Vasquez Pacheco

Expediente 707/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
707/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Emiliano Vasquez Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y ampliación de la misma, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala reclamo los siguientes actos: Autoridades responsables: 1) Del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del 2) Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. a) La omisión de desinmovilizar, desbloquear las cuentas bancarias 0168438114, clabe 072610001684381148, de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima y 0453600726 de la institución financiera BBBVA Bancomer; respectivamente, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en el juicio contencioso administrativo 2617/18-15-01-7, del registro de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se decretó la nulidad de los créditos fiscales que originaron el bloqueo de las citadas cuentas. b) El defecto en la ejecución de dicha sentencia que el quejoso traduce en que no se le reintegran las cantidades transferidas a las autoridades responsables con las actualizaciones, recargos e intereses. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se le reclama en la demanda de amparo y ampliación de la misma. Por su parte, el Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Director Contencioso y el subdirector Contencioso adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C", negó la existencia de los mismos. Sin embargo, realizó manifestaciones en el sentido de que el oficio emitido por la autoridad ordenadora fue retransmitido mediante oficios 14-1-5311811/2020 al 214-1-5311897/2020, a las diversas instituciones financieras y remitió las constancias relativas. De ahí que, queda desvirtuada dicha negativa y se tienen como ciertos los actos reclamados en la demanda de amparo y ampliación de la misma. (.) CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Es necesario realizar una breve relatoría de los antecedentes de los actos reclamados: 1) Que el trece de agosto de dos mil dieciocho, la parte quejosa demandó la nulidad de los créditos fiscales determinados en su contra por el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, misma que se radicó con el registro 2617/18-15-01-7. 2) Seguido la sustanciación del juicio, en sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de los créditos impugnados. 3) Mediante escritos de escritos presentados el ocho de mayo y ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa solicitó ante la Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional de Sureste del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen, esto es, ordenara a la autoridad demandada -aquí responsable- la desinmovilización de las cuentas que refiere siguen bloqueadas y se le reintegrara las cantidades transferidas a esa autoridad. 4) En cumplimiento a ello, el catorce de enero de dos mil veinte, la magistrada Instructora adscrita a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, requirió a la autoridad demandada, para que en el plazo de tres días rindiera un informe en cuanto a los hechos que le atribuía la parte actora y, de ser ciertos, remitiera las constancias que acreditaran la liberación y, en su caso, el reembolso de las cantidades de la cuenta bancaria 0168438114; con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del plazo establecido, se le impondría una medida de apremio. 5) La Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante oficio número OAX/DESINMOV/349/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte y folio SIARA INFONAVITOAX/2020/000585, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la desinmovilización de todas las cuentas localizadas en alguna Institución Bancaria y/o casa de la bolsa a nombre de Emiliano Vásquez Pacheco. 6) El citado oficio fue retransmitido mediante los oficios 14-1-5311811/2020 al 214-1-5311897/2020, a las instituciones financieras, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 7) El apoderado legal del Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, informó que la cuenta número 9 0168438114, se encuentra en estatus normal, no presenta bloqueo y/o aseguramiento. 8) El apoderado legal del "BBVA BANCOMER" S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA BANCOMER, informó que la cuenta número 0453600726, no cuenta con ninguna inmovilización o embargo, por lo que no tiene ninguna restricción operacional. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (.) El criterio transcrito evidencia que, para que se actualice la causa de improcedencia analizada, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, uno de los actos que motivó el juicio de amparo fue la omisión de desinmovilizar, desbloquear las cuentas bancarias 0168438114, clabe 072610001684381148, de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima y 0453600726 de la institución financiera BBBVA Bancomer; respectivamente, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en el juicio contencioso administrativo 2617/18-15-01-7, del registro de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se decretó la nulidad de los créditos fiscales que originaron el bloqueo de las citadas cuentas. Sin embargo, de las constancias que existen en autos, se advierte que al quejoso le fincaron diversos créditos fiscales; motivo por el cual promovió la nulidad de los mismos. En relación a lo anterior, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente, ...decretó la nulidad de los créditos fiscales. Por lo que la Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el siete de diciembre de dos mil veinte, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la desinmovilización de todas las cuentas localizadas en alguna Institución Bancaria y/o casa de la bolsa a nombre de Emiliano Vásquez Pacheco. Petición que fue retransmitida a las instituciones financieras, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Posteriormente el apoderado legal del Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, informó que la cuenta número 0168438114, a nombre del quejoso se encuentra en estatus normal, no presenta bloqueo y/o aseguramiento; y el apoderado legal del "BBVA BANCOMER" S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA BANCOMER, informó que la cuenta número 0453600726, a nombre del quejoso, no cuenta con ninguna inmovilización o embargo, por lo que no tiene restricción operacional. En ese contexto, es claro que, al desbloquearse las cuentas bancarias del quejoso, los actos reclamados cesaron en sus efectos; razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por ello, con fundamento en el artículo 63 de la citada ley, se decreta el sobreseimiento en este juicio. (.) Por otra parte, del análisis de las constancias del juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el defecto en la ejecución de la sentencia que el quejoso traduce en que no se le reintegran las cantidades transferidas a las autoridades responsables con las actualizaciones, 13 recargos e intereses, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Esta juzgadora determina que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa tenía la carga de agotar el principio de definitividad e interponer los medios ordinarios de defensa que se contemplan en las leyes correspondientes, antes de promover el presente juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) De la apreciación del numeral citado se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo será improcedente cuando en contra del acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En el presente caso, el quejoso reclama el defecto en la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 2617/18-15-01-7, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que el quejoso traduce en que no se le reintegran las cantidades transferidas a las autoridades responsables con las actualizaciones, recargos e intereses. Efectivamente, para corroborar tal aserto, conviene señalar que el procedimiento referente al cumplimiento de las sentencias, se encuentra regulado en el capítulo IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente en sus numerales 57 y 58, que en lo conducente establece: "CAPÍTULO IX Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 17 Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: [.] ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga..." El precepto reproducido en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece el principio de definitividad, al prever la improcedencia del juicio de amparo respecto de actos administrativos contra los que los ordenamientos que los rijan concedan algún recurso ordinario previo para su modificación, revocación o nulificación, y aun cuando el citado principio no es absoluto, por las excepciones previstas al efecto, se instituye como regla general. A la par de lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 89/2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, entre otros aspectos, que la expresión poder, o su conjugación podrá, utilizada en diversas legislaciones, hace referencia a una permisión a quien no esté de acuerdo con una resolución, para la oportunidad de hacer valer un medio de defensa, por lo que si no se presenta tal inconformidad, en los plazos legales previstos para tal efecto, se entenderá como aceptado o consentido de manera tácita. Explicó que, con ello, el legislador acató el imperativo constitucional del derecho de audiencia al establecer para el afectado la posibilidad de solicitar ante la autoridad superior de la responsable, la revisión de dicha resolución, por lo que será optativo para el gobernado recurrir o no esa resolución, en este último caso, traería consigo el consentimiento tácito. Destacó que el hecho de que en los ordenamientos se empleé el vocablo podrán, para hacer referencia a la interposición de un recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el interesado hacer valer o no el recurso, previamente a acudir al juicio de amparo, pues la propia Ley de Amparo establece la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa, que no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que eso atañe a la importancia y función de la promoción de la vía extraordinaria. Bajo ese contexto, concluyó que, para la procedencia del juicio de amparo, deberá intentarse de manera previa el recurso o medio de defensa por virtud del que puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de autoridad, sin que ello deba entenderse de manera contraria o diferente por la interpretación de un diverso término gramatical en sentido equívoco al verdadero origen y ejercicio de la Ley de Amparo, salvo las excepciones establecidas. (.) Aun cuando el criterio anterior se definió en relación con el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo abrogada, es aplicable al asunto, ya que su contenido fue retomando, en términos similares, en el diverso 61, fracción XX, de la legislación vigente. En virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que el vocablo podrán, previsto en diversas legislaciones, no implica que sea optativo o alternativo para el interesado agotar o no los recursos ordinarios, previo a acudir al juicio de amparo, sino que esa opción es respecto a la decisión que eventualmente asuman los afectados de recurrir o no las resoluciones correspondientes, pues si no presentan tal inconformidad se entenderán consentidas tácitamente, máxime que la propia Ley de Amparo establece la obligación de hacer valer los medios ordinarios de defensa. Consecuentemente, siguiendo esas consideraciones, la expresión podrá prevista en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debe entenderse como la posibilidad que tiene el inconforme, si así lo decide, de interponer el recurso de queja contra el incumplimiento del fallo definitivo, más no, como lo pretende el quejoso, de elegir entre el citado medio de defensa o la vía extraordinaria. En ese mismo sentido, la fracción II, inciso a) punto 1, del citado numeral, prevé que, a petición de parte, se tramitará la queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno, cuando la autoridad obligada incurra en defecto en el cumplimiento a la sentencia. En el presente caso, si bien es cierto que el quejoso consiguió la nulidad de unos créditos fiscales y como consecuencia de ello solicita la reintegración de las cantidades de dinero transferidas a las autoridades responsables con las actualizaciones, recargos e intereses; sin embargo, antes de promover el juicio de amparo, debe de acudir ante la autoridad que haya dictado la nulidad en queja para reclamar el defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Regional. En las relatadas consideraciones, al no promover la queja ante la Sala por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada, se actualiza la causa de improcedencia de estudio, por lo que lo procedente es SOBRESEER en el juicio de garantías acorde con lo dispuesto en los normativos 61, fracción XX y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, al decretarse el sobreseimiento en esta instancia constitucional no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito de demanda y, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, de tal suerte que la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito contenido en la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 214593, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No se analizan las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, al haberse actualizado las de estudio oficioso por parte de esta juzgadora. SEXTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos considerandos últimos de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Se agrega escrito Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito signado por Apoderado Legal de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveídos de veinte de abril y siete de junio de este año, por tanto, téngasele informando que la cuenta a nombre del quejoso Emiliano Vásquez Pacheco no cuenta con ninguna inmovilización, embargo o restricción operacional; para acreditar lo anterior, remite copia certificada de las constancias respectivas. Asimismo, se toma nota del correo electrónico que proporciona para recibir notificaciones; por lo que, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena enviar los subsecuentes oficios dirigidos a la aludida responsable a la cuenta de correo que indica, debiendo certificar su envío y recepción; con la indicación de que, si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes no se obtiene la confirmación, se devolverán a la Secretaría con la razón respectiva, a fin de que acuerde lo procedente. NOTIFÍQUESE.

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