Emiliano Torres Mendoza

Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
380/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Emiliano Torres Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte QUEJOSO el proveído de VEINTIOCHO DE JULIO del año en curso, que en lo conducente dice: " Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido mediante auto de seis de los actuales al quejoso ... en representación de su menor hijo de iniciales ..., para que aclarara su ocurso aclaratorio de demanda y manifestara en forma precisa si era su deseo incorporar a la litis constitucional nuevos actos reclamados, sin que lo hubiera hecho, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se provee solamente respecto de los actos señalados inicialmente en la demanda; de igual forma se levanta la reserva ordenada en los autos de ocho, nueve y trece de los corrientes. Ahora, el promovente del amparo señaló como actos reclamados la ilegal retención, ataques a la libertad personal, posible tortura psicológica e incomunicación, así como la prohibición del derecho a la familia de su menor hijo de iniciales ..., que atribuyó a ... y Espacio ... Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, porque como se anticipó el promovente del amparo reclama la ilegal retención, ataques a la libertad personal, posible tortura psicológica e incomunicación, así como la prohibición del derecho a la familia de su menor hijo de iniciales ..., que atribuye a ... y Espacio ... De donde se advierte que no señala a alguna autoridad que pueda tener precisamente el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido objeto de una constante evolución interpretativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, a propósito de lo que disponía el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, de lo cual, dan cuenta múltiples precedentes emitidos en los asuntos de su conocimiento, en donde a pesar de mantenerse una base común o general sobre la noción de dicha figura, ésta se ha ido complementando o modulando caso por caso. Así, la doctrina judicial construida por ese Alto Tribunal ha dejado ver, que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes del país y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad). Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo señala que la autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, nuestra más Alto Tribunal ha reiterado en diversos criterios que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, permite concluir que el concepto de autoridad, requiere determinar para tal efecto, si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Así lo informa la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público; esto es, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro. Ahora, en el particular, el promovente señala como autoridades responsables a ... y Espacio ..., sin embargo, la relación que se plantea entre estos y la parte quejosa, no es de las que son objeto de estudio del juicio de amparo, dado que se trata de un particular y un ente que no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación, sobre todo si tomamos en cuenta lo expuesto por la asociación en comento, quien señaló que el catorce de mayo del año en curso, ... egresó del espacio de resguardo de dicho lugar en compañía de su menor hijo de iniciales ..., tras una estancia voluntaria, donde se encontraba debido a su situación de vulnerabilidad por violencia familiar extrema y por así haberlo solicitado el Consulado General de Colombia en México en apoyo a sus connacionales. Sin que pase inadvertido que el propio precepto señalado establece en su último párrafo que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, empero, ello se actualiza cuando aquéllos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pero no cuando actúen en un plano de igualdad. En esas condiciones, de lo anterior se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, por lo que debe desecharse por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por tanto, al resultar notoriamente improcedente por motivo manifiesto e indudable, se desecha la demanda de prerrogativas fundamentales promovida por ..., lo anterior con fundamento en el precitado 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, primer párrafo, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido mediante auto de seis de los actuales al quejoso ... en representación de su menor hijo de iniciales ..., para que aclarara su ocurso aclaratorio de demanda y manifestara en forma precisa si era su deseo incorporar a la litis constitucional nuevos actos reclamados, sin que lo hubiera hecho, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se provee solamente respecto de los actos señalados inicialmente en la demanda; de igual forma se levanta la reserva ordenada en los autos de ocho, nueve y trece de los corrientes. Ahora, el promovente del amparo señaló como actos reclamados la ilegal retención, ataques a la libertad personal, posible tortura psicológica e incomunicación, así como la prohibición del derecho a la familia de su menor hijo de iniciales ..., que atribuyó a ... y Espacio ... Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, porque como se anticipó el promovente del amparo reclama la ilegal retención, ataques a la libertad personal, posible tortura psicológica e incomunicación, así como la prohibición del derecho a la familia de su menor hijo de iniciales ..., que atribuye a ... y Espacio ... De donde se advierte que no señala a alguna autoridad que pueda tener precisamente el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido objeto de una constante evolución interpretativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, a propósito de lo que disponía el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, de lo cual, dan cuenta múltiples precedentes emitidos en los asuntos de su conocimiento, en donde a pesar de mantenerse una base común o general sobre la noción de dicha figura, ésta se ha ido complementando o modulando caso por caso. Así, la doctrina judicial construida por ese Alto Tribunal ha dejado ver, que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes del país y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad). Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo señala que la autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, nuestra más Alto Tribunal ha reiterado en diversos criterios que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, permite concluir que el concepto de autoridad, requiere determinar para tal efecto, si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Así lo informa la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público; esto es, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro. Ahora, en el particular, el promovente señala como autoridades responsables a ... y Espacio ..., sin embargo, la relación que se plantea entre estos y la parte quejosa, no es de las que son objeto de estudio del juicio de amparo, dado que se trata de un particular y un ente que no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación, sobre todo si tomamos en cuenta lo expuesto por la asociación en comento, quien señaló que el catorce de mayo del año en curso, ... egresó del espacio de resguardo de dicho lugar en compañía de su menor hijo de iniciales ..., tras una estancia voluntaria, donde se encontraba debido a su situación de vulnerabilidad por violencia familiar extrema y por así haberlo solicitado el Consulado General de Colombia en México en apoyo a sus connacionales. Sin que pase inadvertido que el propio precepto señalado establece en su último párrafo que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, empero, ello se actualiza cuando aquéllos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pero no cuando actúen en un plano de igualdad. En esas condiciones, de lo anterior se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, por lo que debe desecharse por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por tanto, al resultar notoriamente improcedente por motivo manifiesto e indudable, se desecha la demanda de prerrogativas fundamentales promovida por ..., lo anterior con fundamento en el precitado 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, primer párrafo, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Intégrense a los autos los oficios suscritos por los Fiscales de Investigación del Delito de Violencia Familiar y de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, por el que da cumplimiento al requerimiento de seis de los corrientes; en atención a su contenido se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se cumpla en su totalidad con lo solicitado en dicho proveído. Notifíquese.

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