Emiliano Tomas García

Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
529/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Emiliano Tomas García
  • Pedro Manuel Andres
  • Vidal Chajon

Actuaciones

  1. Principal

    EJECUTORIA

  2. Principal

    CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. V I S T O, para resolver, el juicio de amparo 529/2020, promovido por Pedro Manuel Andrés, Emiliano Tomás García, Osvin Roberto Ramos López, Sonia Magaly Sales López, Roger Alexander Cano Rodríguez, Benito Miguel Pascual, Luis Pedro Tomas, Velmar Otoniel Funes Tomas, Vidal Chajon, Andrés Mateo Antonio y Justo Refino López Tomas, contra actos del Instituto Nacional de Migración, Coordinador General de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, Coordinador General de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, todos residentes en la ciudad de México, Coronel José Javier Porras Olson, Representante Local de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad, que considera violatorio del derecho fundamental establecido en el artículo 1, 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El veintiséis de marzo de dos mil veinte, Pedro Manuel Andrés, Emiliano Tomás García, Osvin Roberto Ramos López, Sonia Magaly Sales López, Roger Alexander Cano Rodríguez, Benito Miguel Pascual, Luis Pedro Tomas, Velmar Otoniel Funes Tomas, Vidal Chajon, Andrés Mateo Antonio y Justo Refino López Tomas, presentaron demanda ante el Secretario de guardia de este Juzgado, contra actos de las autoridades señaladas como responsables en el proemio que antecede, y contra los actos que a continuación se precisan: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Los quejosos nos interponemos como acto reclamado respecto de las autoridades la privación ilegal, arbitraria e Inconstitucional de la libertad personal de los quejosos en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Chihuahua. Respecto a la última de las autoridades mencionadas, Reclamamos en contra de esta la omisión de expedirnos una constancia que acredite que hemos iniciado nuestro trámite para que se nos reconozca la calidad de Refugiados." SEGUNDO. El veintiséis de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, registrada con el número estadístico 529/2020, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual inicio al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37, último párrafo, y 107, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, toda vez que el acto impugnado en la presente vía, si bien no tiene ejecución material, se trata de una conducta omisiva atribuida a autoridades residentes en esta ciudad, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del examen integral de la demanda y de las constancias remitidas por las responsables, se obtiene que la parte quejosa reclama: La privación ilegal, arbitraria e Inconstitucional de la libertad personal. La omisión de expedirles constancia que acredite que han iniciado el trámite para que se les reconozca la calidad de refugiados. Al caso concreto, es aplicable el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Las autoridades responsables Instituto Nacional de Migración, Coordinador General de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, Coordinador General de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, todos residentes en la ciudad de México, Coronel José Javier Porras Olson, Representante Local de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte la existencia del mismo, por tal motivo se presume cierto el acto atribuido. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las constancias que ha dicho informe anexó la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta, consistentes en copias certificadas de los expedientes de procedimientos administrativos correspondientes formados a los ahora quejosos. Con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como documentales públicas a virtud que se trata de actuaciones pronunciadas por funcionarios públicos en ejercicio o con motivo de sus atribuciones, donde se observa además, la existencia de sellos, rúbricas, membretes y firmas que para el caso exige la ley. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Por otra parte, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es oficioso y preferente de acuerdo con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, este Juzgado considera que asiste razón a la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el sentido que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese contexto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Se afirma lo anterior, toda vez que las autoridades responsables, el veintiséis de marzo del presente año, pusieron en libertad a los ahora quejosos, así mismo en la misma fecha les expidieron las constancias que acreditan que han iniciado el trámite para que se les reconozca la calidad de refugiados, misma que les fue notificada el veintisiete de marzo del presente año. Por tanto, los actos reclamados han cesado en sus efectos, de conformidad con el numeral y fracción antes transcritos; actuar positivo de las responsables que justifican con copias certificadas de los expedientes de procedimientos administrativos correspondientes formados a los ahora quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, Volumen 60 Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS 238592, que dice. "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Luego, como a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiséis de marzo de dos mil veinte - subsistía la omisión, pero la autoridad la reparó con posterioridad (veintiséis de marzo de dos mil veinte ), después de haber recibido el oficio donde se decretaba la suspensión de oficio y de plano, es decir, pusieron en libertad a los ahora quejosos, así mismo les expidieron las constancias que acreditan que han iniciado el trámite para que se les reconozca la calidad de refugiados, misma que les fue notificada el veintisiete de marzo del presente año. Realizando la conducta cuya abstención motivó el ejercicio de la acción, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, los actos examinados dejaron de surtir sus efectos. Por consiguiente, si durante la tramitación del juicio de garantías, ha sobrevenido una causa de improcedencia, procede sobreseer en el mismo, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En otro contexto, las autoridades responsables, hacen valer diversas causales de improcedencia, sin embargo, como en este juicio se ha sobreseído, resulta innecesario su estudio, pues de realizarlo no cambiaría el sentido de esta sentencia. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En este contexto, dado que en el presente asunto se actualizó la invocada causa de improcedencia y se decretó el sobreseimiento, no es posible analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues ello constituye el problema de fondo y aquella es de estudio preferente. Como sustento legal a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a página cincuenta y siete, del Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Manuel Andrés, Emiliano Tomás García, Osvin Roberto Ramos López, Sonia Magaly Sales López, Roger Alexander Cano Rodríguez, Benito Miguel Pascual, Luis Pedro Tomas, Velmar Otoniel Funes Tomas, Vidal Chajon, Andrés Mateo Antonio y Justo Refino López Tomas, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, la licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de José Everardo Carrillo Carrillo, Secretario que autoriza y da fe de sus actos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias, entre las que se encuentra la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Instituto Nacional de Migración, Coordinador General de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, Coordinador General de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, todos residentes en la ciudad de México, Coronel José Javier Porras Olson, Representante Local de la oficina de Representación del Instituto Nacional de migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, donde se da cuenta a la Juez con las pruebas documentales que anexaron los quejosos a la demanda de amparo y las que acompañaron las autoridades responsables a los informes justificados. En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Con fundamento en el numeral 117 de la mencionada ley reglamentaria, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Respecto de las pruebas documentales referidas, se tienen desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, para todos los efectos legales conducentes. Con lo anterior, se da por concluida la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Luego, se pasa a la etapa de alegatos, donde se certifica que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo y la agente del Ministerio Público Federal adscrita no presentó pedimento en este juicio; por tanto, se tiene por 22/03/21 13:50:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.d9 JOSE EVERARDO CARRILLO CARRILLO celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; firmando la presente mediante firmas electrónicas (FIREL). La Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua Lic. María Guadalupe Contreras Jurado El Secretario Lic. José Everardo Carrillo Carrillo SIGNADO MEDIANTE FIRMAS ELECTRÓNICAS (FIREL)

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