Emiliano Salgado Sánchez

Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
23/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Emiliano Salgado Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de ocho de enero de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 08 DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 23/2019-III; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***. Tercero interesado. *** Autoridades responsables. Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, Juez y Diligenciario adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. Actos reclamados. El auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio *** del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, así como el diverso dictado el cinco de diciembre del año en cita, dentro del exhorto *** del índice del Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva de que el acto reclamado consistente en el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 535/2017 del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, y su ejecución mediante exhorto 8731/2018 del Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, son actos emitidos durante la etapa de ejecución de sentencia que no constituyen la última resolución de esa etapa, por lo que de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: 1) Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); 2) Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de derechos sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Así, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar los antecedentes más relevantes que motivaron el acto reclamado, los cuales se desprenden de los antecedentes que narró el quejoso en su demanda de amparo, y que son del tenor siguiente: a) Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, *** promovió juicio civil de otorgamiento y firma de escritura pública en contra del hoy quejoso, el que se radicó con el número de expediente *** del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. b) Seguido el juicio en sus etapas procesales, el tres de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva que condenó al quejoso al otorgamiento de la escritura pública y a la desocupación del inmueble materia de la controversia. c) Inconforme con la anterior determinación interpuso recurso de apelación, que se radicó ante la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla con el número ***, y resuelto el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada. d) Contra la anterior determinación, el quejoso interpuso juicio de amparo directo, que por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, donde se radicó con el número ***, y en sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho se determinó negar el amparo solicitado. e) Atento a lo anterior, por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, el juez responsable ordenó la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen y ordenó poner en posesión del inmueble materia de la litis ubicado en ***, al tercero interesado, para lo cual giró exhorto al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana Puebla, quien por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho ordenó requerir al quejoso que dentro del término de ocho días entregara el inmueble con el apercibimiento que de no hacerlo se haría el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. De los antecedentes narrados, se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva se inició mediante acuerdo del doce de noviembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez Civil responsable ordenó requerir al demandado el cumplimiento de la sentencia, entre otras cosas, la desocupación del bien inmueble, lo que encomendó al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla; por tanto, tales actos son tendentes a lograr la ejecución de la sentencia que, entre otras cosas, condenó a la desocupación del citado inmueble, sin que actualicen la hipótesis relativa a la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, el acto reclamado se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituyen la última determinación pronunciada en esa fase, ni se ubican en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la ejecución de una orden de desposesión pudiera considerarse como aquellas que afectan el derecho de propiedad o posesión respecto de un inmueble, lo cierto es que en el caso tal desposesión deriva de la cosa juzgada, pues como ha quedado precisado, en la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se condenó a la desocupación del inmueble materia del juicio; por ende, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. Para corroborar aún más lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones torales que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 en la sesión del treinta y uno de enero de dos mil uno, que se transcriben a continuación: "Pues bien, del cúmulo de razonamientos sustentados por el Tribunal Pleno de este Máximo Órgano Colegiado del país, que anteceden, se logra obtener también las bases para la debida solución de la contradicción de criterios a que este asunto se contrae en lo específico. Sobre el particular, es pertinente retrotraer la atención al hecho relativo a que la contienda entre los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito gira en torno a que el Segundo se pronunció en el sentido de que esa "última resolución" es la que concede al inquilino un término de treinta días para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario; mientras que el tercero lo hizo concluyendo que es aquella emitida posterior al incumplimiento y que ordena la ejecución material. Así las cosas, a criterio de esta Primera Sala a ninguno de los tribunales en conflicto asiste la razón y, por lo tanto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis que sostiene esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se asentará en ulteriores líneas. Para arribar a la conclusión que antecede es necesario precisar que en los recursos de revisión civiles números 2332/95, por un lado y 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91, por el otro, dentro de los cuales los órganos colegiados de mérito sostuvieron sus criterios discrepantes, los hicieron al conocer de juicios de amparo indirecto promovidos en contra de sendos autos dictados por Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en etapa de ejecución de sentencia definitiva pronunciada en juicios de ese orden. Es decir, la mencionada fase ejecutiva obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. Empero, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Por tal motivo, deviene inobjetable colegir que la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto previsto por el párrafo segundo, fracción III, del artículo 114 de la ley de la materia. De esta manera no únicamente se impide la promoción de demandas de garantías en contra de cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo." De las consideraciones transcrita, emanó la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." (Tesis: 1a./J. 19/2001, Novena Época, Registro: 189344, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001. Página: 34) Así, por las consideraciones expuestas, se concluye la improcedencia del juicio de amparo promovido, por consistir un acto emanado en la etapa de ejecución de sentencia, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. No se soslaya que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, introdujo una nueva hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclame el auto que ordena requerir la entrega de los bienes rematados , el cual pudiera considerarse equiparable a la orden de lanzamiento y su ejecución que se reclama en el presente juicio; sin embargo, no puede ser aplicable en el presente caso, pues dicha hipótesis es muy específica para los actos dictados dentro de un procedimiento de remate, los que no necesariamente derivan de una sentencia de desocupación, sino de pago. En efecto, en las sentencia en las cuales se condena a parte demandada al pago de una cantidad, es factible que ante su renuencia se proceda al embargo de bienes y su posterior remate; por tanto, su naturaleza es diversa a la condena de desocupación que se impone en un juicio -como del que emanan los actos reclamados-, de ahí que, como se adelantó, no pueda ser aplicable en el presente caso la hipótesis prevista en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***. Autorizados. Registrada que sea la cédula profesional en el sistema antes mencionado a favor de ***, se le tendrá por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras tanto, únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles: Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización: Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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