Emiliano Ramírez López Llerenas
Expediente 508/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Emiliano Ramírez López Llerenas
- Emiliano Ramírez López Llerenas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas, así como el disco compacto, que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Colima, Colima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 508/2018, promovido por Emiliano Ramírez López Llerenas, por su propio derecho, contra los actos de los Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con residencia en esta ciudad; y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este juzgado Segundo de Distrito, Emiliano Ramírez López Llerenas (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: Autoridades responsables Señalo como autoridades responsables en su calidad de ordenadoras a las siguientes: A los CC. Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con domicilio cierto y conocido ubicado en esta ciudad Judicial. Señalo como autoridades ejecutoras Al Director de la Policía Judicial de la ciudad de Colima, Colima: Al Subdirector de la Policía Judicial de esta ciudad; Al Director de Control de Procesos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Acto reclamado De las autoridades ordenadoras reclamo la orden dada a las autoridades ejecutoras, para que pretendan privarme de mi libertad personal fuera de procedimiento judicial, ignorando el fundamento o motivo de dicho acto. De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución de la orden que recibieron de la ordenadora para pretender privarme de mi libertad personal fuera de procedimiento judicial. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 508/2018; se solicitó el informe justificado a la[s)] autoridad[es] responsable[s]; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez emplazados los terceros interesados y exhibidos en autos el[los] informe[s] justificado[s], el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Segundo de Distrito en el estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º,33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXIII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse actos de una autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, misma que es aplicable por identidad jurídica sustancial, con rubro y texto que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La orden de aprehensión de cinco de junio de dos mil dieciocho, que dictó en la causa penal (NUC): I-2240/2008, por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Una vez precisado[s] el[los] acto[s] reclamado[s], lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos re clamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad ordenadora en el juicio constitucional se desprende lo siguiente. El Juez Penal de Control del Poder Judicial del Estado de Colima, aceptó la certeza del acto reclamado, consistente en haber dictado la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho [a fojas 27 y 28] En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación la referida autoridad responsable ordenadora, consistente en las copias certificadas de la carpeta administrativa de la causa penal NUC-I-2240/2018, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. La directora general de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, indicó: "no es cierto el acto reclamado por el quejoso Emiliano Ramírez López Llerenas, en contra de la suscrita". No obstante dicha negativa, se desvirtúa con el informe rendido por el Juez Penal de Control del Poder Judicial del Estado de Colima, del que se desprende que aceptó la existencia del acto reclamado. Ilustra lo antes dicho, las tesis siguientes: AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente. ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso derivada de la carpeta administrativa de la causa penal NUC-I-2240/2018; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65, de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado, cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Ahora bien, las partes no invocaron causa de improcedencia o sobreseimiento en el juicio, y este juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 ó 63 de la Ley de amparo, ya que el referido ordenamiento no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 268, que dice: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda, expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en los ordinales 73, 74, 75, 76 y 79, de la ley de la materia, pues ni de éstos ni de ninguno otro numeral se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son infundados, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que debe de suplirse la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y, la jurisprudencia 1438, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1003317, cuyo rubro y texto son los siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Lo anterior es así, en virtud de que el Juez Penal de Control responsable, para emitir la consabida orden de aprehensión, cumple cabalmente con los requisitos de forma y fondo que le exigen la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales para su emisión por las consideraciones siguientes: El artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa a los requisitos para dictar una orden de aprehensión dispone que: [N]o podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, los artículos 141, fracción III, 142, 143 y 145, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: [.] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. [.] Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial. El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos. La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad. El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata. La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso. La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido. De una interpretación literal y sistemática a la trascripción de esos numerales, se desprenden los requisitos de forma y fondo que debe contener una orden de aprehensión, mismos que el Juez responsable ha observado; pues de las constancias se acredita que el cuatro de junio de dos mil dieciocho, el fiscal presentó solicitud de orden de aprehensión a las catorce horas con cincuenta minutos, en relación con la NUC: I-2240/2018, del índice del Juez de Control en Turno del Primer Partido Judicial con residencia en Colima, Colima. Asimismo, el Juez de Control en términos de lo previsto por el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales en razón de que la solicitud de orden de aprehensión de cuatro de junio de dos mil dieciocho, y al estar obligado a resolver dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, es que dictó por escrito mandamiento de captura; es decir, dentro del plazo legal para resolver sobre dicha orden. De los requisitos constitucionales se desprende que el Juez responsable funda y motiva la competencia legal para conocer de la solicitud de la orden de aprehensión pues afirmó que la tiene en razón de la materia [común y penal], grado [primera instancia], territorio [Primer Partido Judicial] y en su calidad de Juez de Control; mismos que al analizar este juzgador, en suplencia de la queja, lo considera correcto, ya que sí es competente para emitir la resolución relativa a la solicitud de orden de aprehensión, pues el hecho ilícito se encuentra contemplado en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Colima, y se cometió en el municipio de Colima, Estado del mismo nombre, donde el Juez ejerce jurisdicción. Siguiendo con el estudio constitucional, este juzgador de amparo al realizar un análisis de los requisitos que deben colmarse para el dictado de una orden de aprehensión, conforme el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución; y, 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritos, se advierte que están satisfechos cada uno de ellos, los cuales son: [i] Sea emitida por una autoridad judicial; [ii] Sea solicitado por el Ministerio Público; quien deberá precisar la clasificación jurídica preliminar, mencionando para ello: [ii.a] tipo penal, [ii.b] grado de ejecución, [ii.c] forma de intervención, [ii.d] naturaleza de la conducta -dolosa o culposa-; [iii] Exista denuncia o querella de un hecho ilícito; [iv] El hecho ilícito tenga sanción privativa de libertad; [v] Existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, [vi] Se advierta necesidad de cautela, exista resistencia o evasión a una orden de comparecencia, exista declaración judicial de sustracción de la justicia, o se haya incumplido la medida cautelar en términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el juez de control lo estime necesario. Ciertamente, del estudio que este juzgador realiza a la orden de aprehensión de cinco de junio de dos mil dieciocho, aún en suplencia de la queja, considera que el Juez responsable ha cumplido con los requisitos que exige el mencionado artículo 16, tercer párrafo, constitucional, en ese contexto cabe destacar que el que resolvió es una autoridad judicial [i], de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cuyo numeral dispone que el ejercicio del Poder Judicial se deposita, entre otros, Juzgados de Control, además de que, como se dijo, el Juez responsable es legalmente competente, por razón de materia, grado y territorio, para resolver sobre la solicitud de dicho mandato de captura. También, afecto de estar en posibilidades de dictar la orden de aprehensión peticionada por la representación social [ii]; se destaca que se precisó en la clasificación jurídica preliminar del hecho ilícito, que el tipo penal [ii.a] es robo calificado con violencia; en grado de ejecución [ii.b] de consumación instantáneo, con una forma de intervención [ii.c] de coautor, y de naturaleza [ii.d] dolosa. De igual manera, se señaló que a la solicitud le precede denuncia formulada por la víctima Ana Lilia Palacios Beltrán [iii], en cuanto que hizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de hechos constitutivos de un posible delito, de los cuales fue víctima, y consideró que se actualizó un hecho que la ley considera como el ilícito de robo calificado con violencia, al estar tipificado en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Colima; misma que, además, prevé una sanción privativa de libertad [iv], mínima de cinco años y máxima de quince años de prisión. En ese orden y atendiendo la solicitud del ministerio público quien realizó la relatoría de los hechos ilícitos que se atribuyen al ahora quejoso Emiliano Ramírez López Llerenas, mismos que se desarrollan de manera sucinta en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se precisan por el Juez responsable en la orden de aprehensión de cinco de junio de dos mil dieciocho, en el considerando cuarto de esa determinación; los cuales son analizados por este juzgador de amparo, aun en suplencia de la queja, considera que el Juez responsable ha precisado como lo ordena la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho ilícito y la probabilidad de su comisión o participación por el imputado Emiliano Ramírez López Llerenas [v], toda vez que el Juez responsable en la orden de aprehensión señala el hecho ilícito y también analiza lo relativo a si existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido tal evento ilícito y la probabilidad de que el imputado de mérito lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, a fin de determinar si también se colman estos requisitos, se estima procedente destacar que de los hechos expuestos por el Juez responsable se determina que, al menos para efectos de la orden de aprehensión que libra a petición del Ministerio Público, sí existen datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de robo calificado con violencia, previsto y sancionado por el artículo 183, en relación con el 185, inciso b), fracciones I, párrafo primero y VIII, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Colima; y que existe la probabilidad de que Emiliano Ramírez López Llerenas, lo cometió o participó en su comisión. De acuerdo a las siguientes circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución que el quince de mayo de dos mil dieciocho, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos, Emiliano Ramírez López Llerenas junto con otro sujeto, arribaron, a bordo de una camioneta marca Chevrolet, Línea Equinox, modelo 2018, tipo vagoneta, color cuarzo metálico, sin placas, con número de serie 3GNAX93V1JS599355, a la gasolinera ubicada en Libramiento Ejército Mexicano, número 552, de la colonia Francisco Villa II, en esta ciudad de Colima, Colima, la cual está constituida como persona moral Comercial Libramiento, sociedad anónima de capital variable, colocándose, específicamente por el lado 8 de la isla 4 de las instalaciones; luego de esto, el conductor del vehículo Emiliano Ramírez López Llerenas le indicó, a través del cristal de la ventana, que se encontraba un poco abierta, a la víctima Ana Lilia Palacios Beltrán, que es empleada de la gasolinera y quien en ese momento estaba atendiendo dicha isla que llenara el tanque de gasolina de la verde, para después subir por completo el cristal, y una vez que la víctima realizó el procedimiento para llenar el tanque, se acercó otro vehículo por el espacio 7, por lo que la víctima le prestó la atención al otro usuario, y después de realizar el procedimiento de llenado, regresó, quedándose en medio de la isla. En tanto transcurría el tiempo de llenado del tanque, del lado del copiloto de la camioneta Chevrolet, Equinox, se bajó Ulises Rosales Alcaraz, quien se dirigió a la parte trasera de la camioneta y comenzó a pegarle a las llantas, como para revisar si le faltaba aire a las mismas, y después de haber hecho esto, se quedó parado a un lado de la camioneta, por la parte trasera, en dirección hacia la isla, y una vez que la pistola tronó indicando que el tanque casi estaba lleno, la víctima le preguntó a Ulises Rosales Alcaraz, que si seguía llenando el tanque, respondiendo éste que así estaba bien y repentinamente se le acercó a la víctima, la tomó por la cintura, y sacó una pistola que traía fajada a su cintura, la cual era tipo escuadra, de color negro, misma que le colocó a la víctima a la altura del estómago y le dijo que no dijera nada, que si no le iba a dar un balazo, que le diera todo lo que traía, por lo que la víctima atemorizada entregó el dinero de la venta del día. Misma que fue por la cantidad aproximada de más de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos moneda nacional) en efectivo, propiedad de la persona moral ofendida Comercial Libramiento, sociedad anónima de capital variable. Luego Ulises Rosales Alcaraz, soltó a la víctima y se subió a la camioneta por la puerta que se encuentra detrás de la del conductor, apuntando con el arma en todo momento a la víctima, quien una vez que observó que el imputado Ulises se encontraba arriba de la camioneta, sacó la pistola de la gasolina del tanque y cerró la tapa, arrancando la marcha del vehículo Emiliano, quien en ningún momento se bajó del mismo. Por tanto, es de concluirse que de acuerdo a esas circunstancias se ha demostrado, para los efectos y alcances de la orden de aprehensión, la existencia de un hecho que la ley considera como delito, a saber: robo calificado con violencia, previsto y sancionado por el artículo 183, en relación con el 185, inciso b), fracciones I, párrafo primero, y VIII, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Colima; así como la probabilidad de que Emiliano Ramírez López Llerenas, participó en el hecho que se le atribuye en calidad de coautor. Ya que esos hechos, de acuerdo a lo anunciado por el Juez responsable, se sustentan en los datos de prueba siguientes: I. Reporte de hechos sin detenido, de quince de mayo de dos mil dieciocho; II. Acta de inspección del lugar de los hechos, anexa al reporte citado precedentemente; III. Croquis simple del lugar de la inspección; IV. Acta de denuncia o querella verbal recabada el quince de mayo de dos mil dieciocho, a Ana Lilia Palacios Beltrán; V. Acta de denuncia o querella verbal recabada a Ana Lilia Palacios Beltrán, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; VI. Denuncia recabada a Juan Rafael Pinto Velasco, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; VII. Testimonio de escritura pública número 5971, relativa a la constitución de la sociedad anónima de capital variable denominada Comercial Libramiento; VIII. Arqueo de detalle de turno 2018051503, de Comercial Libramiento, sociedad anónima de capital variable, con el que se estableció el dinero faltante derivado del robo; IX. Informe de dieciocho de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de perito, en la que describe las características físicas que le proporcionó Ana Lilia Palacios Beltrán, para la elaboración de retrato hablado de las personas que intervinieron en el robo de que fue víctima; X. Acta de entrevista a testigo Ricardo Jair Hernández Moreno; XI. Informe Policial homologado, relacionado con la información que les proporcionó el director general de operaciones e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, para la identificación del vehículo marca Chevrolet, color gris, con quema cocos; XII. Oficio que contiene información proporcionada por el director general de operaciones e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima; XIII. Padrón y reporte vehicular, de los datos del vehículo Chevrolet, Equinox, 2018, cuarzo metálico, datos del propietario y domicilio; XIV. Copia certificada de la carpeta de investigación 553/2018, con número de causa 2266/2018, seguida contra Manuel Marín Cuevas y Ricardo Jair Hernández Moreno, por delito de resistencia de particulares, de la que se desprende el aseguramiento del vehículo Chevrolet, Equinox, color gris, modelo 2018; XV. Acuerdo de aseguramiento realizado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, respecto del vehículo marca Chevrolet, tipo vagoneta, línea Equinox, modelo 2018, sin placas de circulación; XVI. Acta de entrevista a testigo Adriana Magaña Campos; XVII. Resultados de evaluación psicológica de Ana Lilia Palacios Beltrán; XVIII. Comparecencia de Ana Lilia Palacios Beltrán, en la que reconoce e identifica el vehículo que le es puesto a la vista, marca Chevrolet, línea Equinox, como el que usaron los sujetos que arribaron a la gasolinera el quince de mayo de dos mil dieciocho, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos; XIX. Acta de entrevista a testigo Gabriela Elizabeth Sánchez Oseguera; XX. Acta de descripción del lugar y croquis simple del lugar de inspección -lugar de los hechos-; XXI. Acta de entrega-recepción de indicios o elementos probatorios, de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho; XXII. Acta de reconocimiento de persona, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en la que Ana Lilia Palacios Beltrán, reconoce a sujeto que aparece en fotografía, como el de nombre Ulises Rosales Alcaraz, y que coincide con el que el quince de mayo de dos mil dieciocho, arribó a la gasolinera donde trabaja, junto con otro sujeto, en la camioneta Chevrolet, Equinox, modelo reciente y que iba de copiloto, se le acercó, la tomó de la cintura, le colocó un arma de fuego que portaba a la altura del estómago, exigiéndole la entrega del dinero que trajera; XXIII. Acta de registro de inspección y aseguramiento, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, respecto de la inspección llevada a cabo de un disco compacto; XXIV. Remisión de fotografías a inmueble; XXV. Informe policial relacionado con la investigación llevada a cabo de Emiliano Ramírez López Llerenas; XXVI. Ficha técnica de la unidad de análisis. Ciertamente, este juzgador de amparo, aún en suplencia de la queja, advierte que los datos de prueba que fueron enlistados en la orden de aprehensión son idóneos, pertinentes y lícitos; de ahí que resulten inatendibles los argumentos que vierte la parte quejosa en cuanto a que se realice una valoración de fondo, ya que solo constituye un dato de prueba. En esas circunstancias de hecho, es que se demuestra la probabilidad de haber participado o cometido el hecho ilícito de robo calificado con violencia, previsto y sancionado en el artículo 183, en relación con el 185, inciso b), fracciones I, párrafo primero, y VIII, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Colima. Asimismo, se advierte que el Juez responsable en términos de lo previsto por el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hizo entrega al Ministerio Público de la orden de aprehensión decretada, para efectos de su ejecución; a quien se le hace de su conocimiento que en términos de lo previsto por el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto con el artículo 145 del código antes mencionado, pues informa que la autoridad que ejecute la orden judicial de aprehensión, debe poner a Emiliano Ramírez López Llerenas, a disposición del juez de control del primer partido judicial del Poder Judicial del Estado de Colima, en un lugar distinto al destinado para prisión preventiva. En consecuencia, al haberse satisfecho los requisitos para la orden de aprehensión, sin que exista dato que demuestre alguna causa del licitud eximente de responsabilidad, o causa que extinga el delito a favor de Emiliano Ramírez López Llerenas, por lo que resulta procedente negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la orden de aprehensión por el hecho ilícito que se le atribuye; toda vez que, se encuentra debidamente fundada y motivada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 264, página 178, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Finalmente, es de resaltar el hecho de que este juzgador contesta los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa de manera conjunta, pues con ello, no se le causa agravio alguno ya que el artículo 74, fracción II, de la ley de la materia, no impone la obligación al juzgador de amparo de seguir el orden propuesto por el quejoso, sino que la única condición que establece es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo que en la especie aconteció, y al respecto debe decirse que los referidos conceptos de violación, como ya se dijo, resultaron ser infundados. OCTAVO. Decisión. Por tal motivo, en las condiciones apuntadas, al haberse desestimado los conceptos de violación expresados en este juicio de amparo, es que el acto reclamado al Juez de Control del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, con residencia en la ciudad de Colima, consistente en la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho, se estime constitucional, pues reúne los requisitos del artículo 16 constitucional; y, toda vez que no se advierte deficiencia de la queja que suplir a la parte quejosa, conforme lo condena el numeral 79 de la Ley de Amparo, es que procede negarle la protección de la Justicia Federal que solicita. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a la autoridad denominada Director General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al no reclamarse, especialmente, por vicios propios en su cumplimentación y, sí en cambio, hallarse vinculado con el acto de la responsable ordenadora, que se estimó su constitucionalidad, idéntica apreciación procede hacer en cuanto a aquéllas y negar también por lo mismo el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso. Es aplicable, la jurisprudencia 91, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DEL AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 , de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Emiliano Ramírez López Llerenas, contra el acto que reclamó al Juez de Control del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, con residencia en la ciudad de Colima, consistente en la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal NUC: I-2240/2018, y su ejecución a la autoridad responsable Directora General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado; por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma el Juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, Vladimir Véjar Gómez, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el[la] licenciado[a] Rosa Lilia Vargas Valle, Secretari@ que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
ÚNICO: La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso.
- Principal
Visto; del estado de autos se advierte que conforme al numeral 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación ********************, de la que derivan los actos reclamados, de la cual conoce el Juez Penal de Control ********************, con sede en Colima Regularización del procedimiento respecto del emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable. En tal virtud, se ordena regularizar el procedimiento y se ordena el emplazamiento al Agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación ********************, de la que derivan los actos reclamados, en su carácter de tercero interesado, con copia de la demanda, del auto admisorio y del presente proveído, asentándose en autos dicha circunstancia. Dicha diligencia deberá efectuarse de conformidad con los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión ********************en sesión celebrada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior y el presente juicio se encuentre debidamente integrado, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha. Nueva fecha para que se verifique la audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para que se verifique la audiencia constitucional.
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