Emiliano Nemesio Ramos Zapata
Expediente 1559/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Emiliano Nemesio Ramos Zapata
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega escrito Visto lo de cuenta, glósese a los autos el escrito signado por el quejoso Aldebarán Cabrera Elizalde, por medio del cual solicita que este juzgado realice una aclaración respecto a la sentencia emitida el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, atento a ello, se provee: Dígasele que deberá de estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, en el que se realizó la aclaración respectiva. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Ténganse por recibido los oficios signados por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al que acompañan copia de la demanda promovida por Emiliano Nemesio Ramos Zapata, contra actos de la Junta Especial Federal 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Luís Potosí. Registro de expediente Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1559/2023-V. Incompetencia Del análisis de la demanda remitida por el órgano jurisdiccional oficiante, se advierte que por auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se declaró incompetente por cuestión de territorio, para conocer del juicio de amparo, pues consideró que los actos reclamados si bien son de carácter omisivo, tendrían una ejecución material en el territorio en el que esta juzgadora ejerce su jurisdicción, por lo que se ordenó la remisión del aludido juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a efecto de que se pronunciara respecto de la incompetencia que planteó la juzgadora. Es necesario precisar, que la demanda de amparo se promovió por Emiliano Nemesio Ramos Zapata, contra la omisión de acordar el escrito que presentó el quince de agosto del año en curso ante la Junta Especial Federal 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Luís Potosí (autoridad responsable en el juicio de amparo), en la que le peticionó que se certificara la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar y se declarara abierto el término para que las partes formularan alegatos, sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya acordado lo conducente. Al respecto, y en atención a lo referente en líneas anteriores, este juzgado considera que no es competente para conocer de la demanda de amparo. En principio, como lo señala la oficiante, las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, mismas que se contienen en el artículo 37 de la ley de la materia, que previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación literal del precepto anterior, permite determinar que la competencia de los jueces de Distrito se surte en razón de la ejecución del acto reclamado, de manera que será competente el Juez con jurisdicción: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siendo que en el presente caso, la omisión reclamada se encuentra en el último de los supuestos para establecer la competencia de los jueces, pues contrario a lo señalado por la oficiante, el acto que se reclama no requiere ejecución material. Pues la abstención que se reclama, no trasciende al mundo fáctico, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, al no tener una ejecución material, sino, solamente en el ámbito formal. Por tanto, la petición del quejoso va encaminada a la prosecución del trámite del juicio laboral de origen, sin que eso conlleve a una ejecución material, pues la junta responsable tendría que analizar si es o no procedente su petición y en todo caso dictar lo conducente, por lo que se insiste, no hay ejecución material en la omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES DE DISTRITO. LAS OMISIONES O ABSTENCIONES EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL NO CONLLEVAN UNA EJECUCIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE SU FIJACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de los contendientes la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el otro, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Primer Circuito establece que los actos o abstenciones de las autoridades responsables dentro de los procedimientos laborales no conllevan una ejecución material para efectos de definir la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias objeto de contradicción se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, con la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (como fijar la fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado."1 Bajo ese panorama, se estima que la competencia para conocer del juicio de amparo se surte en favor del juez ante quien se presentó la demanda, es decir, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al actualizarse la hipótesis prevista en el último párrafo del transcrito artículo 37 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 500, registro digital 2006529, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Sin que se pase por alto, que el juzgado oficiante, basa su determinación en la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPAROINDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN."2 Lo anterior, pues de la ejecutoria de ese asunto se dilucidó, la competencia por territorio de los juzgados Registro digital: 2026910. contendientes, cuando el acto reclamado era la omisión de dictar el laudo, siendo que la argumentación dada por la citada sala, va encaminada a resaltar que el laudo sí tiene una ejecución material, pues es dicha resolución la que pone fin al procedimiento laboral, con lo que se protege el acceso a la justicia pronta y expedita. Empero, en el presente caso, no se encuentra en dicha etapa procesal, pues como se mencionó el acto reclamado es la omisión de acordar una promoción, dentro del procedimiento del juicio. Situación que no puede equipararse a la omisión del dictado del laudo, a la que hace mención la jurisprudencia citada, pues, contrario a lo señalado por la oficiante, esta juzgadora no considera que el acto reclamado tenga una ejecución material, por lo que la competencia se surte al juzgado que previno de la demanda. Decisión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no acepta la competencia planteada. Asimismo, acorde al procedimiento establecido en el numeral 48, párrafo segundo, de la ley en cita, remítase en la misma vía en que fueron remitidos los autos, esto es, en la vía electrónica, el oficio que derive del presente proveído, para que esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitándole tenga a bien acusar recibo. Domicilio y autorizados. En virtud de no aceptar la competencia planteada, este juzgado considera innecesario proveer sobre el domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior, hasta en tanto el órgano declinante determine lo conducente. Sin perjuicio de ello, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, toda vez que el presente asunto versa sobre materia laboral y el quejoso es parte trabajadora en el juicio de origen. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese.
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