Emiliano Huerta Bravo

Expediente 529/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
529/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Emiliano Huerta Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 5598, signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja ********************, de su índice, en la que declaró infundado el medio de impugnación aludido, promovido por la parte quejosa contra el proveído de catorce de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes; asimismo, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad y realícense las anotaciones pertinentes en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por lo tanto, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese tenor, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 24, fracción I, del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que ese tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de catorce de junio del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, radicado bajo el toca ********************, de su índice; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y estese a la espera de que la superioridad resuelva lo que en derecho corresponda en relación al referido medio de impugnación. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de catorce de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En tal virtud, remítase atento oficio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para que por su conducto turne el medio de impugnación referido al tribunal que corresponda para la substanciación del recurso de queja citado. Aunado a lo anterior, a fin de que la superioridad tenga un acceso total a este expediente, con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el artículo 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante diverso Acuerdo General del citado Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, únicamente se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que habilite esa función. Finalmente, infórmese a la superioridad que, en caso de resultarle necesaria la consulta del expediente físico para la resolución del recurso de queja promovido en el juicio de amparo en que se actúa, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sea remitido. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ********************, en atención a su contenido, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, de la demanda de amparo presentada contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 529/2023-4-B. Al respecto, se acuerda: Análisis integral de la demanda ... Analizada íntegramente la demanda de amparo, con su anexo, y escrito aclaratorio la suscrita advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: a. La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de proveer el escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés dentro del juicio laboral ********************, de su índice. Determinación sobre la demanda de amparo Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que la persona juzgadora de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Interpretación de la causa de improcedencia En el caso, este Juzgado Federal considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción I y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, que impone desechar la demanda de amparo porque la omisión reclamada, no produce un daño de imposible reparación al peticionario de derechos fundamentales, al no hacerse patente una abierta dilación en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen ********************, como se verá a continuación. Los preceptos en cita, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]" De la correlación de los invocados numerales, se colige que contra los actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos constitucionales o convencionales de las personas, procede el juicio de amparo indirecto, asimismo, que es procedente la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Sobre el tema en estudio, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, dilucidó "si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía directa". La Segunda Sala llegó a la conclusión que, por regla general, resultaba notoriamente improcedente el amparo indirecto interpuesto contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afectaba derechos sustantivos. Sin embargo, hizo una excepción, concretamente para aquellos casos en que el operador jurídico advirtiera la existencia de "una abierta dilación del procedimiento o su paralización total", ya que en esos supuestos el juicio sería procedente. Con ello, quedó a la interpretación de los órganos de amparo el analizar en cada caso si existía o no una abierta dilación procesal -o su paralización total para efectos de la procedencia del amparo indirecto interpuesto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. T... Ahora, ante la necesidad de establecer un parámetro mínimo objetivo que ofreciera seguridad jurídica a las personas y permitiera determinar cuándo existe o no una abierta dilación procesal de actos en juicio, como caso de excepción, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó, básicamente, que contra las dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, procedía el juicio de amparo "cuando trascurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos"... Lo expuesto permite determinar que este último criterio no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral contra aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, ya que como se puede observar, a través de dicha jurisprudencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial el analizar en cada caso si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación. Para lo cual, estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional contra las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo -como se adelantó, supletoria de la Ley Estatal del Servicio Civil-, para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia. Sin embargo, lo anterior evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en virtud de tener procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa. Además, nótese que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que se insiste en que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) no resulta aplicable para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral contra aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Se arriba a lo anterior, porque la referida jurisprudencia hace alusión a aquellas dilaciones presuntamente excesivas en la "realización de cualquier otra diligencia"; sin embargo, ello no debe ser interpretado para hacer extensivo dicho criterio a una etapa distinta a la del juicio. Lo anterior, porque en esa jurisprudencia se analizó únicamente la procedencia del amparo indirecto prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación; no así, la procedencia del amparo respecto de actos emitidos en una etapa distinta. Así las cosas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 192/2021, estableció las bases mínimas que permitan determinar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto. En dicha contradicción de tesis, estableció que la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente contra la última resolución emitida en la etapa ejecutiva, según se advierte de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Que dicho requisito guarda coherencia con el derecho a la tutela judicial efectiva conforme a los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la lógica que los actos procesales realizados en la etapa de ejecución de sentencia tienen como base la existencia de una sentencia judicial que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente a la ejecución, está proscrito obstaculizar la ejecución, máxime que es un criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial, además que la fase de ejecución de sentencia cuenta en gran medida para determinar la duración del plazo razonable del recurso efectivo. Como complemento de lo anterior, la Segunda Sala indicó que esa problemática, desde otra perspectiva, provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, en la medida que en los tribunales del trabajo incurran en una abierta dilación, o bien, en la paralización total de la fase correspondiente, ya que con ello también se obstaculiza la ejecución de una sentencia judicial por parte de la propia autoridad encargada de impartir justicia. De ahí la necesidad de que estableciera las bases mínimas que permitan determinar cuándo se está en esos supuestos para efectos de la procedencia del amparo indirecto, a fin de brindar seguridad jurídica. Así, en primer término, debe considerarse el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, previsto en el artículo 8.1 de la Convención sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable, ya que la demora prolongada o la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de garantías judiciales. Para determinar la razonabilidad del plazo que se desarrolla en un proceso deben considerarse cuatro elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. Asimismo, la Corte Interamericana también ha señalado que el plazo razonable en relación con la etapa de ejecución de sentencias "... debe ser más breve debido a la existencia de una decisión firme en relación con una materia concreta". Lo anterior, debido a que según refiere: "... es inadmisible que un procedimiento de ejecución de sentencia distorsione temporalmente lo resuelto en sentencia definitiva o de cualquier otro modo lo desvirtúe o vuelva inoficioso, prolongando exagerada o indefinidamente la situación litigiosa ya resuelta". Lo cual implica, que en la etapa de ejecución de sentencia el plazo razonable también tiene un papel muy importante, en la medida en que garantiza que una decisión firme se torne ilusoria, ya sea por la actividad procesal que adopten las partes, o bien, por la conducta asumida por la autoridad judicial. A partir de lo antes expuesto, cabe señalar que no es posible determinar un plazo genérico que permita determinar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto. De ahí que la Segunda Sala señaló que corresponde a las personas juzgadoras, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Para lo cual, deberá considerar además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales. Fuera de dicho parámetro se puede actualizar una abierta dilación, o bien, la paralización total de la fase correspondiente. ... Como se observa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las personas juzgadoras, en cada caso, ponderarán cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución del laudo, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, puesto que no es posible determinar un plazo genérico que permita determinar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución. Sin embargo, estableció que la metodología para determinar si existe o no una dilación abierta es analizar: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades; y, d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. Bajo esa tesitura, para determinar si la omisión aquí reclamada le es o no reprochable a la autoridad responsable, se procede a realizar el siguiente estudio. a) Complejidad del asunto Se considera que en el presente caso, el procedimiento de ejecución del laudo, esencialmente, consiste en que a instancia de parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje requerirá el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, a cuyo fin, dictará las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. El auto que ordena cumplir con el laudo, tratándose de cumplimiento voluntario, debe cumplirse dentro de los quince días siguientes al día que surta efectos la notificación. Trascurrido este plazo sin que la autoridad demandada haya dado cumplimiento al laudo, el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Bienes y el Código Hacendario Municipal, ambos ordenamientos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como se advierte, el desarrollo del procedimiento en cuestión, permite establecer que éste, debe considerarse como de complejidad media. b) Actividad procesal del interesado Es necesario examinar si la parte aquí quejosa realizó intervención en el proceso que resultara razonablemente exigible, y, en el caso, se tiene que el procedimiento de ejecución de laudo, se inicia a petición de parte interesada. En el particular, la parte quejosa colmó este requisito, puesto que presentó su escrito ante el tribunal responsable el seis de junio de dos mil veintitrés, en el que solicitó que se emitieran las medidas necesarias para la ejecución del laudo. c) La conducta de la autoridad En el caso en estudio, la parte quejosa presentó su escrito a las once horas del seis de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************, esto es, la misma fecha en la que promovió el presente juicio de amparo -a las trece horas-. Conforme lo anterior, es evidente que la autoridad responsable no contaba con el tiempo suficiente para emitir el acuerdo correspondiente, menos aún para notificárselo, puesto que únicamente existen cuatro horas de diferencia entre ambas. De esta manera queda demostrado que la dilación reclamada no es reprochable a la autoridad responsable, debido a que no contaba con el tiempo suficiente para emitir un pronunciamiento sobre su petición. d) La afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo Es dable considerar que no existe una abierta dilación en el procedimiento laboral por parte de la autoridad responsable que le pudiera causar un perjuicio a la aquí quejosa, debido a que únicamente habrían transcurrido un par de horas previo en que presentó su petición ante la responsable, para luego presentar su demanda de amparo en la que alega violación a su derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de tutela judicial efectiva. Desechamiento En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por consiguiente, de acuerdo con lo que disponen los artículos 113, en relación con los diversos 61, en su fracción XXIII, 1°, fracción I, 5°, fracción I y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Razón actuarial Agréguese a los presentes autos la razón de cuenta, en la cual la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ******************** el proveído de ocho de junio del presente año, por el motivo ahí expuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado el acuerdo el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale otro domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista de acuerdos. Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ... contra actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 529/2023-4-B. Al respecto, se acuerda: PREVENCIÓN Ahora bien, este órgano federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112, 114, fracción II...SENTIDO DE LA PREVENCIÓN QUE SE FORMULA En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112, 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba un escrito de aclaración al que deberá acompañar copias del mismo, para correr traslado a las partes -esta exigencia no será necesaria en caso de que se presente en forma electrónica, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo-, en el cual, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar lo siguiente: ÚNICO. Indique con toda precisión cuál o cuáles son los actos que por esa vía reclama, esto es, si lo que combate es la dilación en la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral ***/2011-I, o bien, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior resulta indispensable para la suscrita, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la demanda de amparo intentada, por lo que deberá aclarar tal circunstancia. ...APERCIBIMIENTO Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda

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