Emiliano Galeana Arreola
Expediente 420/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Emiliano Galeana Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
Vistos; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 420/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el ocho de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Emiliano Galeana Arreola, por derecho propio, presentó demanda de amparo en contra de la autoridad y el acto que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Residente en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "A).- LA ABSTENCIÓN, OMISIÓN, INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN ADMINISTRAR JUSTICIA DE UNA MANERA PRONTA Y EXPEDITA, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 401-3/2010, RELATIVO AL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO, EN CONTRA DE BLANCA ESTELA CARRANZA BERNAL, Y EN ESPECIAL EL NO PROCURAR DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES EL DESAHOGO DE LAS ETAPAS PROCESALES DEL JUICIO, ESPECÍFICAMENTE EL OMITIR CERRAR LA ETAPA PROBATORIA Y PASAR AL PERIODO DE ALEGATOS, NO OBSTANTE DE NO EXISTIR PRUEBA ALGUNA PENDIENTE DE DESAHOGO Y DE HABÉRSELE SOLICITADO EN DOS OCASIONES, SIENDO LA PRIMERA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2018, COMO CONSTA CON LOS ACUSE QUE CORREN AGREGADOS COMO ANEXO 1 Y 2; TRANSCURRIENDO DE LA PRIMERA FECHA, A LA FECHA ACTUAL, MÁS DE TRES MESES OCHO DÍAS, SIN QUE SE PROVEA SOBRE LA APERTURA DEL PERIODO DE ALEGATOS, SIN QUE EXISTA IMPEDIMENTO ALGUNO PARA ELLO (.)". SEGUNDO. Precepto Constitucional vulnerado. El quejoso señaló como derecho violado el contenido en el artículo 17 Constitucional. TERCERO. Trámite de juicio de amparo. Por auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 420/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se notificó el inicio del presente juicio a la tercera interesada Blanca Estela Carranza Bernal; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de haber sido diferida, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Ampliación de demanda. Visto el informe rendido por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en proveído de siete de junio del presente año se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda y señalar como nueva autoridad responsable a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, sin que lo haya hecho así, por lo que en proveído de tres de julio actual se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se continuo el trámite del presente juicio con la autoridad señalada inicialmente en la demanda de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad de naturaleza jurisdiccional que radica en la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Emiliano Galeana Arreola como actor en el juicio de divorcio necesario 401-3/2010, reclama ante esta instancia constitucional lo siguiente: a).- La omisión de dar respuesta al escrito de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, presentado en esa misma fecha ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dirigido a la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, relativo al expediente 26/201-3-II. b).- La omisión de acordar el escrito de uno de marzo de dos mil dieciocho, presentado el dos del mismo mes y año ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dirigido a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, relativo al expediente 401-3/2010. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso a). La Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación negó el acto que se le atribuye, en razón de que manifiesta que no ha recibido ninguna promoción a través de la oficialía de partes común de fecha veintitrés de enero del año en curso, dado que la copia del escrito que exhibió en su demanda de amparo está dirigido al expediente 26/2013-II del índice del Juzgado Cuarto del mismo grado y materia. Negativa que se corrobora con la documental que exhibió la parte quejosa en su demanda de amparo como anexó uno, consistente en el acuse de recibo de su escrito de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, presentado en esa misma data ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dirigido a la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, relativo al expediente 26/2013-II, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. Ahora, del estudio que se hace del ocurso de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se advierte que fue dirigido a un órgano jurisdiccional diverso, y que como se precisó en el resultando cuarto el mismo no fue señalado como autoridad. En ese sentido si dicha promoción fue dirigida a la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar es inconcuso que la Juez Segundo de referencia no está obligada a acordarla; esto en razón de que dicha obligación constriñe únicamente a la autoridad ante la que se instó el proceso jurisdiccional sobre el que se reclama la omisión de mérito, en consecuencia al no estar dirigido dicho ocurso a esa autoridad, no se le puede exigir pronunciamiento alguno. En tal virtud y toda vez que la parte quejosa no demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto reclamado identificado con el inciso a), a la data de la celebración de la audiencia constitucional lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo al respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado precisado con el inciso b). La referida Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir informe con justificación negó el acto que se le reclama señalado con el inciso b), no obstante su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto, dado que ahí se tramita el juicio de divorcio necesario (sic) 401-3/2010 del cual deriva la omisión reclamada; lo que se robustece con la copia certificada de las constancias que remitió al rendir su informe justificado y que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado identificado en el inciso b), previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, por lo que hace a dicho acto, se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Acorde a lo previsto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, tratándose de un acto reclamado de carácter omisivo tiene como fin último, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad, esto es, la obligación de la autoridad de hacer. Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Luego, si el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de uno de marzo de dos mil dieciocho, presentado el dos del mismo mes y año ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, atribuida a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, relativo al expediente 401-3/2010, mediante el cual solicitó que se certificara que no existían pruebas pendientes por desahogar y se continuara a la siguiente etapa de alegatos y sentencia; y de las actuaciones que en copia certificada remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, valoradas en el considerando cuarto que antecede, se advierte que mediante auto de veintiuno de mayo del presente año (posterior a la presentación de la demanda) dictado dentro del citado sumario, dio contestación a dicha petición, en el cual certificó que no existen pruebas pendientes por desahogar ni recurso por resolver y citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándole dicho proveído mediante lista de acuerdos el cuatro de junio siguiente; por tanto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la parte quejosa quedó en una situación idéntica a la que habría existido, como si la omisión no hubiera ocurrido, lo que imposibilita su examen constitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión del acuerdo de mérito, lo que ya realizó espontáneamente. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado en el inciso b), acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el cuerpo del presente asunto, no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 420/2018, promovido por Emiliano Galeana Arreola, contra los actos y autoridad precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el tercero y último considerando de esta sentencia.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de siete de junio del presente año, para que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la nueva autoridad Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y al efecto continúese el trámite del presente juicio únicamente con la autoridad señalada inicialmente en su escrito de demanda.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Adilene Bollás Mendoza, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de siete de junio de este año, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días siguientes a la notificación de dicho acuerdo, manifeste si desea ampliar su demanda respecto de la nueva autoridad Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Blanca Estela Carranza Bernal; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase apersonándose al presente juicio; como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito que se provee, y por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Prometeo J. Hernández Zamora, José Domingo Guillen Gutiérrez, Diana Liz López Genchi y Ernesto Flores Montor, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Allan Eduardo Guillen Marcial, por así haberlo solicitado. Asimismo, se permite el uso de aparatos electrónicos, de conformidad en la circular número 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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