Emiliano Fabricio Flores de Santiago

Expediente 1081/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1081/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Emiliano Fabricio Flores de Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ha causado ejecutoria el presente asunto, por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de 90 días comparezca a este órgano de control constitucional, a recuperar los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020 (durante su vigencia).

  2. Principal

    Previo aviso de notificación, toda vez que la parte quejosa o promovente no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo, a fin de que se le notificara el contenido del auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, se le notifica por lista dicho proveído, en el cual se determina medularmente: 1. Causa estado. Vista la certificación que precede, de la que se advierte no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de revisión contra el auto de doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 78 a 84), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. 5. Del requerimiento a las partes. Se requiere a la (s) parte (s) quejosa para que en un plazo de noventa días siguientes al en que tenga conocimiento de este proveído, comparezca a este órgano de control constitucional, a recuperar los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020 (durante su vigencia).

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Previo citatorio de notificación, toda vez que la parte quejosa o promovente no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, a fin de que se le notificara el contenido del auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se le notifica por lista dicho proveído, en el cual se determina medularmente: Vistos los presentes autos, y en atención a la documental (foja 32) que remitieron las responsables, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Así es, en el caso, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: ? La emisión de las cédulas de notificación de infracción con folios 298230011, 299504204 y 299592855. Puesto que de la mencionadas documental se advierte que a la fecha de la rendición del informe justificado respectivo, las cédulas de fotoinfracción de que se trata cuentan con un estatus de "no activas", lo que equivale a una cancelación definitiva de su emisión, así como de sus consecuencias (fojas 29 a 32). Por tanto, este juzgador estima que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados y entonces, jurídicamente no es factible examinar su constitucionalidad, habida cuenta que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, toda vez que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" y que en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que en el caso no se dé vista a las partes con la recepción del informe de cuenta, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que las partes no hayan conocido del informe justificado durante el plazo de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado de este acuerdo y, ante ese panorama, de otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente determinación. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta. Época: Novena Época Registro: 164217 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Página: 312 "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo o en este caso, del acuerdo de sobreseimiento, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en el caso en particular, aunque se otorgue a las partes los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que ningún beneficio obtendrían con ello, puesto que aun concediéndolo, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios a fin de demostrar que, contra las que ya obran agregadas en autos y que tienen valor probatorio pleno, el acto reclamado subsiste. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que el acto dilatorio reclamado subsiste. Por ende, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso en particular, de ordenar la vista con el informe de cuenta, esa actuación lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto. Por otro lado, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento, por lo que en este momento se levanta dicha reserva y de conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, debido a la naturaleza del acto reclamado. Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior.

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