Emiliano Dionicio Cruz

Expediente 244/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
244/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Emiliano Dionicio Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI A ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el quince de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; quince de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Emiliano Dionicio Cruz Síndico Municipal de Ayuntamiento Municipal Constitucional de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad División Sureste, Zona Distribución, Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 244/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Como el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la debe desechar de plano, la suscrita procede al respecto. Así entonces, se considera que con relación al acto que se reclama en la demanda de amparo, consistente en la orden de corte definitivo del suministro de energía eléctrica y la sanción económica; se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, a contrario sensu, todos ellos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. En primer término, debe destacarse que de la lectura y análisis de la demanda de amparo, se desprende que la promovente reclama, en esencia, de la dependencia que señala como responsable, el corte del servicio de suministro de energía eléctrica en el municipio de San José el Progreso Ocotlán, Oaxaca y una sanción económica. Ahora bien, cabe puntualizar que el juicio de amparo no procede respecto de todos los actos que emitan las autoridades, sino únicamente en contra de aquellos que se dicten o ejecuten en los términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, visible en la página 39, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS: Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del Estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. En la especie, - como ya se precisó- la parte quejosa señaló como acto reclamado el corte del servicio de suministro de energía eléctrica contratado en el municipio de San José el Progreso Ocotlán, Oaxaca; así como la imposición de una sanción económica. Al respecto, es importante destacar que en el caso particular, si bien la Comisión Federal de Electricidad, puede tener el carácter de autoridad, desde el punto de vista formal y material, al gozar de las facultades para modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral que afectan al gobernado; sin embargo, también dentro del ámbito de sus atribuciones, puede establecer relaciones de coordinación, con motivo de la celebración del contrato de servicio de energía eléctrica, supuesto en el que no tiene tal carácter cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica comercial con particulares, y por ende, no afectan de modo alguno la situación con éstos, pues finalmente convergen en un mismo plano con aquéllos, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de convenciones comerciales entre particulares, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre ellos, deben ser resueltos por los tribunales competentes. Se estima lo anterior, pues las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse mediante la promoción de un juicio de naturaleza mercantil, en tanto que en ese supuesto, solo se ven afectados intereses de particulares. Por tal situación la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en el sentido de que si bien la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado de la administración pública federal y que presta un servicio que en principio corresponde en forma exclusiva al Estado; la relación existente entre ella y los usuarios del servicio de energía eléctrica, no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino que es de coordinación al derivar de un contrato de suministro que es un acuerdo de voluntades entre particulares, que aunque es de adhesión se debe entender como un acuerdo para comercialización del fluido eléctrico. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 890, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013): El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste." Asimismo, la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1183, del tenor literal siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." De lo que se concluye, que al no tener la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la emisión de los actos reclamados, el carácter de autoridad para efectos del presente asunto, entendiéndose como tales aquéllas que disponen de la fuerza pública, en razón de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo están en la posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada. De lo anteriormente expuesto, se advierte que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo, al derivar de una relación comercial entre el usuario promovente y la prestadora del servicio, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción II, párrafo primero, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque la Comisión Federal de Electricidad, al proceder al corte del servicio de suministro de energía eléctrica, contratado en el domicilio referido anteriormente, actúa como particular frente a los gobernados, en razón del contrato que tiene suscrito ambas partes, es decir, en un plano de igualdad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, 5º, fracción II, párrafo primero, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda presentada por Emiliano Dionicio Cruz Síndico Municipal de Ayuntamiento Municipal Constitucional de San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tal efecto a las personas que menciona. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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