Emiliano Castro Mejia

Expediente 356/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
356/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Emiliano Castro Mejia
  • Denisse González Ornelas
  • Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Amparo en revisión

    II.Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por I. C. J., en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales E. C. M. y S. C. M., en contra de los actos y autoridades precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 512/2022-IV, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por las razones expuestas en este fallo."

  2. Amparo en revisión

    PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por I. C. J., en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales E. C. M. y S. C. M., en contra de los actos y autoridades precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 512/2022-IV, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por las razones expuestas en este fallo.

  3. Amparo en revisión

    II.Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "ÚNICO. Es procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal, interpuesto por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada, Subdelegación de Administración del Estado de México, del citado instituto, en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en Toluca, Estado de México; el veintinueve de junio de dos mil veintidós dictada en el juicio de nulidad 1069/21-29-01-3."

  4. Amparo en revisión

    I. Recepción del dictamen. Agréguese a los autos, para los efectos legales conducentes, el dictamen hecho por la secretaria de tribunal adscrita a este órgano jurisdiccional; en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este órgano en sesión ordinaria virtual de doce de enero de dos mil veintitrés. II. Vista a la quejosa. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con el dictamen de referencia, para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho corresponda. Finalmente, una vez que se dé cumplimiento a lo anterior y fenezca el plazo de la vista, dese nueva cuenta para ordenar la devolución de los autos a la ponencia respectiva. Elizabeth Vázquez Pineda, secretaria de tribunal adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. CERTIFICA: Que en sesión de doce de enero de dos mil veintitrés, el Pleno de este órgano colegiado, determinó en el amparo en revisión 356/2022, remitir los autos a la secretaría de acuerdos a fin de dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con el proyecto de sentencia en el que se prevé la actualización de una causa de improcedencia, respecto del amparo que promovió de conformidad con las consideraciones medulares siguientes: (.) SEXTO. Sobreseimiento en el juicio Resulta innecesario hacerse cargo del estudio de la sentencia recurrida, así como de los agravios formulados para combatirla, en razón de que este tribunal advierte que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia, que debe ser analizada de oficio y de manera preferente a cualquiera otra cuestión planteada, sin importar que las partes lo aleguen, o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable, por las razones que le dan sustento, la jurisprudencia 2a./J. 76/2004 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento. Si bien el juez de origen determinó conceder la protección a los menores quejosos, al momento de resolver el presente asunto se advierte la existencia de un motivo de sobreseimiento derivado de una causa de improcedencia. En efecto, toda vez que los actos reclamados en el presente asunto se hacen consistir en la omisión de vacunar con el esquema completo a los menores contra el virus SARS-CoV2 y todos los efectos y consecuencias derivadas de esa omisión, sin embargo, de la revisión del expediente electrónico de origen, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto. Así, debe tenerse en cuenta el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V del artículo 63 y relacionarlo con la fracción XXI del diverso numeral 61, todos de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado en diversas tesis la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, concluyendo que, para aplicar tal causa, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, cuando las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De lo anterior podemos señalar que esta causa se actualiza cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y han desaparecido del mundo jurídico y material todos sus efectos. El Máximo Tribunal ha señalado que, para determinar que se actualiza la causal de improcedencia referida, se deben de cumplir con los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto reclamado; y, b) Que un acto de autoridad sobrevenga y deje insubsistente, de forma permanente, el acto reclamado; o, c) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto reclamado, de modo que se vuelva al estado anterior a la violación del derecho humano; o, d) Una situación de hecho sobrevenga durante la tramitación de un juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora. Este órgano colegiado estima indispensable realizar el análisis respecto de los requisitos referidos, en contraste con el caso concreto que nos ocupa para así estar en posición de determinar si efectivamente se actualiza la causa de improcedencia. Por tanto, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: ? Admisión de la demanda. En auto de siete de abril de dos mil veintidós, el juez federal admitió la demanda de amparo, requirió los informes justificados a las autoridades responsables, negó la suspensión de plano, ordenó abrir el incidente de suspensión, dio intervención al Ministerio Público (Fiscal Federal) y señaló fecha y hora de audiencia constitucional, entre otras cuestiones. ? Informes justificados. Mediante acuerdos de doce, veintinueve de abril, once de mayo, todos de dos mil veintidós, el juez de Distrito tuvo por rendidos diversos informes justificados. ? Audiencia constitucional y sentencia. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional y el juez federal dictó sentencia en la que, por un lado, sobreseyó en el juicio de amparo, ante la inexistencia de los actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de México y, por el otro concedió la protección constitucional a los menores quejosos. Dentro de los efectos de la ejecutoria de amparo, se precisaron los siguientes: (.) EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En las apuntadas condiciones, y en acatamiento a las ejecutorias emitidas en los recursos de queja 33/2022, 44/2022, 45/2022, 209/2022 y 216/2022, derivados de los diversos juicios de amparo 44/2022, 45/2022, 106/2022, 209/2022 y 216/2022, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables: a) Lleven al cabo las acciones necesarias para que se aplique a favor de los menores quejosos de iniciales E.C.M. Y S.C.M.; la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, y de ser factible y apto, atendiendo a su edad, estado de salud e historial clínico, se les apliquen las dosis correspondientes de la vacuna "Pfizer/BioNTech", en seguimiento a los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso. b) En la inteligencia de que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades lo concerniente a la valoración médica de los menores de edad, en el sentido de determinar si físicamente, de acuerdo con su estado de salud y demás situaciones que sean valoradas para ello, son candidatos aptos para la aplicación de la vacuna "Pfizer/BioNTech" en contra de la enfermedad COVID-19, así como las dosis y periodicidad que correspondan, considerando, al respecto, la opinión que, en su caso, esté vigente por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Lo anterior implica que dichas autoridades, antes de aplicar la vacuna, deberán entregar los formularios de contraindicaciones para que los menores, por conducto de su representante legal, manifieste si se ubican en alguno de los supuestos en los que no es recomendable la aplicación de la vacuna "Pfizer/BioNTech" contra el virus SARS-CoV2, siguiendo los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso. En el entendido de que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, recabar los formularios a fin de cerciorarse de que los menores quejosos no se encuentren en algún supuesto en el que esté contraindicada la aplicación de la vacuna "Pfizer/BioNTech" contra la enfermedad COVID-19. c) De no ser idóneo que los menores quejosos sean vacunados, por correr algún riesgo irreparable o mortal, deberán manifestarlo así ante el Juzgado de Distrito, acreditando su dicho con las constancias correspondientes. d) Además, considerando que el juicio de amparo indirecto se promovió a favor de los menores de edad, por parte de su progenitor, lo que, per se, implicaría que se encuentra de acuerdo con lo solicitado, no obstante, habrá de manifestar expresamente y, por escrito, su voluntad y correlativa responsabilidad en que los menores sean vacunados, una vez corroborada la idoneidad para que reciban el biológico que corresponda, lo que deberá ser precedido de una explicación fehaciente y comprensible al progenitor y a los menores, de las posibles complicaciones o efectos secundarios o adversos que de ello pudiera derivar, así como los cuidados previos y posteriores para el bienestar de los peticionarios del amparo. ? Aplicación de la primera dosis. Por escrito recibido el tres de mayo de dos mil veintidós, el padre de los menores quejosos informó en el incidente de suspensión, que a éstos ya se les había aplicado la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, tal como se advierte de la digitalización siguiente: En virtud de lo anterior, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de suspensión el juez federal tuvo al padre de los menores informando respecto de la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 respecto de cada uno de los menores. No escapa la atención que esa constancia fue exhibida por el padre de los menores quejosos en el incidente de suspensión, sin embargo, si puede valorarse para resolver el presente recurso, al constituir un hecho notorio por obrar en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ? Recurso de revisión. Mediante oficio presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Secretario de Salud y otros interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós. De ahí que por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, el juez de Distrito tuvo por interpuesto el presente recurso de revisión. ? Aplicación de la segunda dosis. Por escrito recibido el treinta de junio de dos mil veintidós, el padre de los menores quejosos informó al juzgador federal, que a éstos ya se le había aplicado la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, tal como se advierte de la digitalización siguiente: En virtud de lo anterior, en acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, juez de Distrito tuvo al padre de los menores informando respecto de la aplicación de la segunda dosis de la de la vacuna a los menores. Precisado lo anterior, debe señalarse que se cumple con el primero de los requisitos, esto es, a la fecha de la presentación de la demanda, existía una omisión atribuible a las autoridades responsables, relativa a la falta de vacunación con el esquema completo a los menores contra el virus SARS-CoV2. Asimismo, se cumple con el segundo requisito, ya que si bien durante la substanciación del juicio de amparo, los menores solicitantes del amparo recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, en virtud de que las autoridades responsables estaban dando cumplimiento a la suspensión otorgada por el juez federal, lo cierto es, que con posterioridad, también se aplicó a los menores la segunda dosis de la vacuna referida. En efecto, con los informes presentados por el padre de los menores quejosos, se advierte que éstos fueron inoculados con la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, cumpliendo con el esquema completo de vacunación, tal como se ve del contenido de los informes antes digitalizados; esto es, con el único inmunógeno autorizado para menores de 17 años en la Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, cuya versión más reciente es la 10.0, visible en la página web https://coronavirus.gob.mx/. No pasa inadvertido que en el expediente no obran los certificados de vacunación de los menores quejosos, pues basta que aquel que ejerce su representación legal -en este caso el padre- exponga tal situación, pues es quien promovió la demanda en nombre de los citados menores y, por tratarse de una causa de improcedencia, en términos de los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, las partes pueden hacerlas de conocimiento al órgano jurisdiccional, como en el caso concreto. Precisado lo anterior, se destaca que con posterioridad a la presentación de la demanda, y antes de que quedara firme la sentencia dictada en el juicio de amparo, se aplicó a los menores quejosos el esquema completo de la vacuna Pfizer-BioNTech, por lo que la omisión atribuida a las autoridades responsables ha sido subsanada y, con ello, quedó insubsistente el acto reclamado, por lo que desaparecieron del mundo jurídico y material todos sus efectos. De ahí que, en el caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo que establece la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 (9a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (.)". Para efectos de dar cumplimiento a lo antes señalado, remítanse los autos a la Secretaría de Acuerdos. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de amparo. Doy fe.

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