Emiliano Castillo Faustino
Expediente 636/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Emiliano Castillo Faustino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en acuerdo de dos de junio del presente año, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de reclamación; sin embargo, considerando que el veintisiete de mayo del presente año, se desechó la demanda interpuesta por el quejoso y a fin de no dejar en estado de indefensión a este último, se comisionó al Actuario a fin de que notificará dicho auto a la defensa de *** y le realizara entrega del escrito por el que este último presentó el aludido recurso. Luego, si bien de la razón de ocho de junio del año que transcurre, se advierte se realizó la notificación respectiva; sin embargo, dado que se omitió realizar la entrega del citado escrito que contiene el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa a su defensora pública, licenciada ********************, por ende, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que realice la entrega del mencionado ocurso y aquella dentro del término de tres días siguiente a su legal notificación este en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga respecto recurso de reclamación acordado en auto de dos de junio del año en curso. Notifíquese personalmente a la defensora pública, licenciada ********************.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por ********************, quejoso en el presente asunto, por el que interpone recurso de reclamación contra el auto que desechó su demanda de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que en veintisiete de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, y que asiste el carácter de defensora pública de aquel, a la licenciada ********************, por ende, a efecto de no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, se comisiona al Actuario adscrito a fin de que notifique a esta última dicho auto, acto en el que además deberá hacer entrega del escrito de cuenta. Una vez que obre en autos la citada notificación y transcurrido el término de ley, acuérdese lo que en derecho proceda. Notifíquese personalmente
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede de las que se advierte que el veinticuatro de mayo actual, el quejoso ratificó su escrito exhibido ante este órgano el dos de mayo actual, por el que pretende desahogar la prevención realizada en acuerdo de veinticuatro de abril del presente año, por ende, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar los escritos de que se trata, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, del estudio integral de la demanda y de los escritos presentados en este Juzgado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma ley, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen los términos para promover el juicio de amparo indirecto; donde se aprecia, que es improcedente cuándo este se promueve fuera del plazo de quince días siguientes al en que el quejoso tenga conocimiento del acto que le ocasiona perjuicio; al día siguiente al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o; al en que se hubiere ostentado sabedor del mismo. De lo expuesto, se advierte que la intención del legislador fue la de establecer en forma clara y precisa, que el término para la presentación de la demanda de amparo, empezará a computarse al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las citadas hipótesis. Tiene aplicación al respecto, al no contravenir lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J.30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y seis, del Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Así, en el caso, el quejoso reclama la ilegal detención de que fue objeto, así como la demora en la puesta a disposición. Asimismo en el escrito presentado el dos de mayo del año en curso, por la parte quejosa, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de julio de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, si desde el siete de julio de dos mil veintidós, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, surtiendo efectos dicha notificación el mismo día, en términos de lo previsto en los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que, resulta evidente que a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación inició el cómputo del plazo para ejercitar la acción de amparo, habida cuenta que las resoluciones pronunciadas en las audiencias judiciales se entienden notificadas a los intervinientes en ese mismo acto. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia PC.II.P. J/2 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, localizada con el registro digital 2023898, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1738 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO PARA SU PRESENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO DE DETERMINACIONES EMITIDAS EN LA PROPIA AUDIENCIA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a posicionamientos contrarios, al establecer qué hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo debe servir de base para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado es una determinación emitida en una audiencia bajo el sistema penal acusatorio en la que se encuentra presente el quejoso: la de la fecha en que tuvo conocimiento del acto, que es el día de la audiencia, o la relativa a la notificación del acto reclamado, que se computa a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Criterio jurídico: Las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir. Por tanto, es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las partes que intervienen en una audiencia del procedimiento acusatorio quedan, en ese acto, formalmente notificadas de las determinaciones emitidas en esa diligencia. En ese contexto, para determinar cuándo surte efectos ese acto procesal, no basta con que se practique la notificación en la audiencia, sino debe tomarse en cuenta si el propio ordenamiento adjetivo le otorga un carácter en particular. En ese sentido, de acuerdo con el análisis sistemático de los artículos 63, 82, fracción I, inciso a), y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir; por ende, surten efectos al día siguiente. Por tanto, para efectos de analizar el cómputo para la promoción del juicio de amparo indirecto, y por certeza jurídica, se debe tomar en cuenta que la comunicación de una determinación en audiencia es una notificación formal y personal, con independencia de que a través de la misma el quejoso tuvo conocimiento de manera inmediata del acto reclamado, de manera que es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación de la demanda de amparo, en el caso como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente hábil al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada, iniciando así dicho término el ocho de julio de dos mil veintidós, concluyendo el veintiocho de julio siguiente, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de ese mismo mes y año, al haber sido inhábiles, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, pues la misma se presentó hasta el catorce de abril de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, de acuerdo a la boleta de turno; de lo cual resulta evidente, que entre esta fecha y en la que tuvo conocimiento la parte quejosa del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el término de quince días indicado, quedado de manifiesto su extemporaneidad. Lo anterior se refleja en el siguiente cuadro: Notificación Surte efectos Corre término Días inhábiles Concluye Presentación 7 de julio 2022 8 julio 2022 8 al 28 de julio 2022 9,10,16,17,23 y 24 de julio 2022 24de julio 2022 14 abril 2023 Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido cardinal 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, en virtud de que la resolución reclamada se emite dentro de un procedimiento penal; ni existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sobre el particular, es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del citado ordenamiento. Es aplicable, en vía de orientación, la jurisprudencia VI.2o. J/21 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, del Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Asimismo, es aplicable en los mismos términos la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, del contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Siendo importante precisar que, primero se debe verificar las cuestiones de procedencia de dicho juicio, las cuales no puede soslayar el suscrito con el hecho de que en la demanda se aluda a cuestiones como la ilegal detención de que fue objeto, asi como la demora en la puesta a disposición que en caso concreto aproximadamente dieciocho horas después del aseguramiento por parte de los aprehensores, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en conjunto con los elementos de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Ello es así, porque si bien, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio hermenéutico de pro persona o pro homine, mismo que consiste por parte del Juzgador en interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a la luz del derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 del Pacto Federal; efectuando además un control de convencionalidad ex officio en el marco de las respectivas atribuciones, inaplicando las normas generales que se consideren violatorias de los derechos humanos contenidos en la normatividad precisada. Sin embargo, ello no implica, que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe el que no se cumplan con los requisitos previstos en los ordenamientos internos como condición para emprender tal análisis, pues el respeto a las normas procesales, es precisamente la vía a través de la cual se garantiza una resolución adecuada. Por tanto, la incorporación del referido principio de interpretación no implica el dejar de observar los principios constitucionales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo considerado, en la parte que interesa, la Tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es oportuno citar la Tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA . NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda presentada por ********************. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y en específico la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante proveído de veinte de agosto del presente año; por ende, con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto Vigésimo Primero fracción IV del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 y en el diverso 214 de la Ley de Amparo, procede archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Notifíquese
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