Emiliano Cabrera Ramírez

Expediente 291/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Emiliano Cabrera Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Visto el estado procesal, se advierte que por auto de dieciocho de julio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el presente juicio; asimismo, respecto de la valoración del cuaderno del juicio principal, se determinó que era susceptible de destrucción. Sin embargo, tomando en consideración que mediante el fallo emitido dentro del presente juicio, por una parte decretó el sobreseimiento en el juicio y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, se determina que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior con apoyo en el capítulo 7, en particular en el apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 marzo de 2020, aplicado por analogía. En mérito de lo anterior, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el sistema de seguimiento de expedientes. Cúmplase.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que por una parte decretó el sobreseimiento en el juicio y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 291/2020, promovido por Emiliano Cabrera Ramírez, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el doce de agosto de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma data al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Emiliano Cabrera Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "1. Presidente Constitucional de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio, en la plaza de la Constitución, sin número, en el centro histórico de la ciudad de México. (autoridad federal). 2. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio oficial en Palacio de Gobierno 1er. Patio Planta Alta, ubicado en la Avenida Madero Poniente número 63, centro, C.P. 59800, de Morelia, Michoacán. (Autoridad Estatal). 3. Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con domicilio en Avenida Progreso, número 3, Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán, en la ciudad de México (Autoridad Federal). 4. Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Michoacán, con domicilio en calle Escarcha, número 272, Fraccionamiento Prados del Campestre, Morelia, Michoacán. (Autoridad Estatal). 5. Procurador en el Estado de Michoacán de Protección al Ambiente, con domicilio en 8 de Septiembre número 183, colonia Chapultepec Sur, Morelia, Michoacán (Autoridad Estatal). 6. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, con domicilio en calle Madero Sur, número 2, en Jacona, Michoacán (Autoridad Municipal). 7. H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, con domicilio en calle Madero sur, número 2, en Jacona, Michoacán (Autoridad Municipal). 8. Comisariado del Ejido de El Nopalito, con domicilio en calle Privada Madero número 5-A, colonia San Pedro, municipio de Jacona, Michoacán. 9. Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con domicilio en Carretera Picacho Ajusco, número 200, Jardines en la Montaña, ciudad de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS a).- Ser omiso en el cumplimiento de su mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanan, de proteger la garantía al medio ambiente de los gobernados, ya que los funcionarios dependientes del mismo, no cumplen con su obligación de vigilar y prevenir la contaminación al medio ambiente. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN a).- Ser omiso en el cumplimiento de su mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Michoacán y de las leyes que de ambas emanan, de proteger la garantía al medio ambiente de los gobernados. DEL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (AUTORIDAD FEDERAL) a).- La omisión de vigilar, corregir y en su caso sancionar por conducto de los funcionarios públicos dependientes del mismo; los actos y hechos emanados del Presidente Municipal de Jacona Michoacán, autoridad señalada como responsable, al construir una fosa y/o relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que en arrendamiento adquirió del señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. b) La omisión de vigilar el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y su proyecto de modificación, al permitir construir a la autoridad señalada como responsable, Presidente Municipal de Jacona, Michoacán, una fosa y/o un relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, arrendado al señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL (AUTORIDAD ESTATAL) a).- La omisión de aplicar y vigilar el cumplimiento del marco normativo estatal y federal en materia de medio ambiente y/o en su caso sancionar por conducto de los funcionarios públicos dependientes del mismo; los actos y hechos emanados del Presidente Municipal de Jacona Michoacán, autoridad señalada como responsable, al construir una fosa y/o relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que en arrendamiento adquirió del señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. b) La omisión de vigilar el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y su proyecto de modificación, al permitir construir en un sitio incorrecto a la autoridad señalada como responsable, Presidente Municipal de Jacona, Michoacán, una fosa y/o un relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de "El Nopalito"; del municipio de Jacona, Michoacán, arrendado al señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. c) Así mismo, la omisión de poner en conocimiento del titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, del Estado de Michoacán, las omisiones e irregularidades cometidas por la responsable Presidente Municipal de Jacona, Michoacán, para que en su caso se estuviera en aptitud de emitir las medidas correctivas o aplicación de sanciones correspondientes. DEL PROCURADOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN, DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. a). La omisión de vigilar el cumplimiento de la Ley Ambiental Estatal y/o en su caso, sancionar los actos y hechos emanados del Presidente Municipal de Jacona Michoacán, autoridad señalada como responsable, al construir una fosa y/o relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que en arrendamiento adquirió del señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. b). La omisión de ordenar las medidas urgentes para evitar que se viertan desechos y/o basura en la fosa y/o relleno sanitario que a cielo abierto y para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos y que construyó el Presidente Municipal de Jacona, Michoacán, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que en arrendamiento adquirió del señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACONA, MICHOACÁN. a).- La omisión de cumplir con los requisitos impuestos por la Norma Oficial MexiCana NOM-083-SEMARNAT-2003 y con su proyecto de modificación, al construir una fosa y/o un relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, el cual está utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que le arrendó al señor GONZALO HERRERA BARAJAS y que contaminarán el suelo, agua y aire. b) El indebido y falta de precaución en el manejo de los Residuos de Manejo Especial que se producen en el municipio a su cargo y que están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos en la fosa y/o un relleno sanitario que cielo abierto construyó en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que le arrendó al señor GONZALO HERRERA BARAJAS y que contaminarán el suelo, agua y aire. c). La omisión y falta de precaución y/o debido cuidado para evitar la contaminación del suelo y el de los predios vecinales, entre ellos, uno del suscrito que colinda por el viento noroeste, así como la propagación al aire libre de malos olores y la proliferación de plagas indeseables como insectos, moscas, etc. en el predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que le arrendó al señor GONZALO HERRERA BARAJAS en el cual construyó una fosa y/o relleno sanitario y que están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, sin cumplir con los requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y con su proyecto de modificación. d). El indebido manejo en general de los Residuos Sólidos Urbanos, que están utilizando vertiendo desechos de cascara de mango (residuos de manejo especial) y otros residuos dentro del relleno sanitario y/o fosa que construyó a cielo abierto en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, predio que le arrendó al señor GONZALO HERRERA BARAJAS, mismo que no tiene ni cumple con los requisitos técnicos y permisos correspondientes dados por las autoridades competentes y que contaminarán el suelo, agua y aire, así como el predio que poseo y que se ubica por el viento noroeste. e). La omisión de ordenar las acciones y aplicar las medidas preventivas y necesarias para impedir que se viertan residuos de manejo especial y otros en la fosa y/o el relleno sanitario que construyó a cielo abierto en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que le arrendó al señor GONZALO HERRERA BARAJAS. f). La omisión de construir una fosa y/o relleno sanitario para el manejo de residuos especiales en el sitio inadecuado en los términos que dispone la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y con su proyecto de modificación, y que lo es en el predio arrendado al señor GONZALO HERRERA BARAJAS ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán y que está utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos. g). El Haber construido una fosa y/o relleno sanitario para el manejo de residuos especiales y otros en el predio arrendado al señor GONZALO HERRERA BARAJAS ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, sin haber realizado previamente un estudio de suelo para detectar corrientes subterráneas que Se pudieran ser afectadas por la producción de los lixiviados y la topografía totalmente invasiva. h). La construcción de una fosa y/o relleno sanitario para el manejo de residuos especiales y otros, en el predio arrendado al señor GONZALO HERRERA BARAJAS ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, sin haber realizado un estudio técnico para la selección del sitio correcto y menos invasivo para el medio ambiente. DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACONA, MICHOACÁN a) La omisión de vigilar el uso de suelo en el municipio al haber permitido construir en un sitio inadecuado al Presidente Municipal de Jacona, Michoacán, una fosa y/o un relleno sanitario a. cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y que está utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que arrendó al señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. DEL COMISARIADO DEL EJIDO DE EL NOPALITO a) La omisión de vigilar que se respeten los derechos de los ejidatários al consentir que en el ejido que representa, El Presidente y Ayuntamiento Municipal de Jacona Michoacán, construya una fosa y/o un relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, cambiando su uso específico, en un predio asignado al ejidatario GONZALO HERRERA BARAJAS que le fue arrendado por quienes lo construyen, que contaminarán el suelo, agua, aire y predios vecinales del ejido. DEL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), a). La omisión de vigilar el cumplimiento de la Ley Ambiental Federal y/o en su caso, sancionar los actos y hechos emanados del Presidente Municipal de Jacona Michoacán, al construir una fosa y/o relleno sanitario a cielo abierto para la disposición final de residuos de manejo especial y que está utilizando vertiendo desechos de cascara de mango y otros residuos, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que en arrendamiento adquirió del señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. b). La omisión de ordenar las medidas urgentes para evitar que se viertan desechos y/o basura en la fosa y/o relleno sanitario que a cielo abierto y para la disposición final de residuos de manejo especial y otros, construyó el Presidente Municipal de Jacona, Michoacán, en un predio ubicado en el ejido de El Nopalito, del municipio de Jacona, Michoacán, que en arrendamiento adquirió del señor GONZALO HERRERA BARAJAS, que contaminarán el suelo, agua y aire. A todas las autoridades señaladas como responsables, Estatales y Municipal, se les reclama la OMISIÓN DE ATENDER EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE RESPETAR EL DERECHO HUMANO QUE TIENE TODA PERSONA A TENER UN AMBIENTE SANO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR". El promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 4º y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda de garantías con el número 291/2020, se previno al quejoso a fin de que manifestara: Qué preceptos legales incumplieron u omitieron observar, en el ámbito sus facultades, de acuerdo a la ley que rige el acto reclamado, así como a la Norma Oficial Mexicana que aduce transgredida, de la que derive expresamente la obligación de realizar un actuar en concreto de éstas, o bien, a través de qué actuaciones se materializaron sus reclamos, ya sea en forma verbal o escrita, toda vez que los señalamientos que realiza en primer término refieren las omisiones, y enseguida señala actos positivos, lo que resulta ambiguo y confuso para fijar la litis constitucional. El oficio, acuerdo o determinación que emitieron las responsables, ya sea en forma escrita o verbal, que incluso pudiera traducirse en la autorización para la construcción del relleno sanitario que refiere, debiendo precisar, en su caso, su contenido y fecha de emisión. Si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Síndico adscrita a dicho Ayuntamiento; y en caso afirmativo precise qué acto en particular le atribuye. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención de referencia, se desechó la demanda respecto del Comisariado del Ejido de "El Nopalito", con residencia en Jacona, Michoacán de Ocampo; se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, por lo que ve a la Sindica Municipal de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo; se admitió a trámite la demanda de amparo, por el resto de las autoridades, se solicitaron los respectivos informe de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la que se emitió sentencia, decretándose el sobreseimiento en el juicio al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo de este Décimo Primer Circuito, mismo que en resolución de siete de abril de dos mil veintidós, determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento. En acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la ejecutoria de siete de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio de amparo en revisión 102/2020, y en acatamiento a la misma, se previno al quejoso a fin de que dentro del término de quince días, manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al Delegado en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y como actos reclamados: "La omisión de supervisar el acatamiento del marco jurídico en materia ambiental con motivo de la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto en el predio ubicado en el ejido "El Nopalito", del Municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo, y en su caso, la omisión de sancionar los actos y hechos emanados del Presidente Municipal de Jacona, Michoacán. La omisión de ordenar las medidas urgentes para evitar que se viertan desechos y/o basura en la fosa y/o relleno sanitario que a cielo abierto y para la disposición final de residuos de manejo especial y otros construyera el Presidente Municipal. La omisión de atender el principio de protección al medio ambiente, así como la omisión de respetar el derecho humano que tiene toda persona a tener un ambiente sano para el desarrollo y bienestar". Sin que el quejoso haya expresado nada al respecto, no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto desde el cuatro de mayo de dos mil veintidós, por lo que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por precluido su derecho a señalar como autoridad responsable al Delegado en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Asimismo, en cumplimiento a la referida ejecutoria derivada del recurso de revisión aludida, se requirió a la Presidenta Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán de Ocampo, por conducto de la Síndico, a fin de que remitieran la totalidad de las constancias del proceso seguido para la apertura y cierre de la aludida fosa o relleno sanitario, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, así como cualquier otra que se considere necesaria para resolver el asunto y hecho que sea. Se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los tramites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama una omisión a una autoridad, con residencia dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADAS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 3. Del Procurador Federal de Protección al Ambiente, con residencia en la Ciudad de México; 4. Del Gobernador del Estado de Michoacán, 5. Del Secretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado; 6. Del Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán (PROAM), residente en Morelia; y, 7. De la Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Tangamandapio, Michoacán: La omisión de vigilar la protección al medio ambiente y del cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083- SEMARNAT-2003 y su proyecto de modificación, así como las diversas disposiciones en materia ambiental, al permitir y autorizar la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, la cual es utilizada como destino final de residuos agroindustriales. 1. Del Presidente Municipal; y, 2. Del Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán de Ocampo: La construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, la cual es utilizada como destino final de residuos agroindustriales. La omisión de reparar el daño al medio ambiente, con motivo a la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo. TERCERO. ACTOS CUYA EXISTENCIA NO QUEDÓ ACREDITADA. Las autoridades responsables Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con residencia en la Ciudad de México, Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado, y Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán (PROAM), residentes en Morelia, Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. La fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, como se ve las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les reclama, lo que se hizo del conocimiento del quejoso; sin que éste haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar la negativa de las autoridades, para de esa forma demostrar su existencia, no obstante que tuvo la oportunidad de hacerlo durante la substanciación del juicio y hasta la celebración de la audiencia constitucional; entonces, debe sobreseerse en el juicio al no existir el acto reclamado a las autoridades mencionadas. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. Ilustra, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". No es óbice a lo anterior que la parte quejosa, exhibiera copia certificada pasada ante fedatario público del certificado parcelario de veintiocho de mayo de dos mil catorce, la cesión de derechos en favor de Emilio Cabrera Ramírez, respecto del inmueble con una superficie de seis hectáreas cincuenta y dos áreas sesenta y nueve punto trescientos veinte centiáreas, perteneciente al Municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, copia certificada del plano de ubicación del relleno sanitario y de los predios colindantes y diversas fotografías del lugar; dado que dichas documentales no desvirtúan la negativa de los actos reclamados por las mencionadas autoridades responsables, pues lo único que se acredita es que el quejoso es propietario y poseedor del aludido inmueble, así como colindante del predio en el que se encuentra la fosa o relleno sanitario a cielo abierto en referencia. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto de dichas autoridades responsables, y respecto a los actos reclamados como: La omisión de vigilar la protección al medio ambiente y del cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083- SEMARNAT-2003 y su proyecto de modificación, así como las diversas disposiciones en materia ambiental, al permitir y autorizar la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, la cual es utilizada como destino final de residuos agroindustriales. CUARTO. CERTEZA DE LOS DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Presidente Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán de Ocampo, pues no obstante hayan negado la existencia de los actos reclamados, del contenido de su respectivo informe justificado aducen diversas manifestaciones de las que se advierte la certeza de los actos que se les atribuyen. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran agregadas en el presente juicio de garantías; con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su correspondiente informe justificado, a pesar de estar debidamente requerido para ello, según se advierte de la constancia de notificación que obra en el expediente electrónico. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados que se le atribuye. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Este órgano de control constitucional, de oficio, estima que única y exclusivamente respecto a las autoridades señaladas como responsables: Presidente Municipal; y, Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán de Ocampo, y en relación al acto reclamado como: La construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, la cual es utilizada como destino final de residuos agroindustriales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos humanos que le hayan sido vulnerados, en ese sentido, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita en líneas que anteceden, en la que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque el derecho humano que se vio afectado por el acto de autoridad se encontraba incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba el referido derecho se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Así, la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional5. En el caso, el quejoso reclama que la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, la cual es utilizada como destino final de residuos agroindustriales, ello, sin el cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y su proyecto de modificación, así como las diversas disposiciones en materia ambiental, así como la omisión de vigilar el cumplimiento a dicha norma oficial. 5 Apoya a lo anterior la jurisprudencia 131 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De las manifestaciones vertidas por el Presidente Municipal y Síndico Municipal en representación del Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán, y de las constancias que adjuntaron a su informe justificado, se conoce que el acto reclamado consistente en la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, se encuentra ya cerrado, ello es así, pues tales responsables expresaron: ".Ahora bien el presente juicio debe sobreseerse pues como se manifiesta el relleno sanitario se abrió única y exclusivamente para el depósito de los residuos derivados del proceso agroindustrial del mango, temporada que comprende del mes de abril al mes de agosto, por lo que a pesar de haber dado cumplimiento a la suspensión decretada el relleno sanitario este ya se encuentra cerrado definitivamente, toda vez que ya se cumplió la finalidad para la que estaba destinado dicho relleno..."[El énfasis es propio de este Juzgado]. Circunstancia que corroboraron con las placas fotográficas que fueron exhibidas al informe de que se trata. Máxime que dichas manifestaciones no fueron desvirtuadas por la parte quejosa. Entonces, si bien, suponiendo, sin conceder, que el relleno sanitario se haya hecho sin el cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y su proyecto de modificación, así como las diversas disposiciones en materia ambiental, lo que tornaría inconstitucional el acto reclamado; también lo es que, jurídicamente se torna imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado, dado que el relleno sanitario ya fue cerrado definitivamente, al haber cumplido la finalidad para la que estaba destinado, en el periodo de abril a agosto; por lo que, jurídicamente se torna imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Por tanto, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable al quejoso, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano vulnerado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que no se lograría por el transcurso del tiempo al momento en que, de ser el caso sea exigible el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, al quedar acreditado de manera fehaciente la imposibilidad de restituir al quejoso en el derecho vulnerado, lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, única y exclusivamente por lo que al acto reclamado se refiere en este considerando. Y, conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO"6, existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formuló la quejosa al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. Al no advertir diversa causal de improcedencia de estudio oficioso o que las partes aleguen, procede al estudio y determinación del diverso acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir causa de improcedencia del juicio que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del diverso acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por el impetrante de garantías, sin que sea necesario transcribirlos, en atención, que ello no resulta una obligación para el Juez de amparo, tomando en consideración que no existe precepto legal que así lo establezca. Es aplicable, la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En relación al acto reclamado a las autoridades responsables: Presidente Municipal; y, Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán de Ocampo, consistente en: La omisión de reparar el daño al medio ambiente, con motivo a la construcción de una fosa o relleno sanitario a cielo abierto, ubicada en la parcela propiedad de Gonzalo Herrera Barajas del ejido "El Nopalito", en el municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo. La parte quejosa en esencia a modo de conceptos de violación aduce que el relleno sanitario se construyó sin cumplir con las medidas y parámetros técnicos que regulan la materia; que había sido construido únicamente para verter los desechos del proceso agroindistrial del mango, el cual el municipio responsable había ordenado su construcción por necesidad de crear durante la temporada de esa fruta, correspondiente al mes de abril al de agosto de dos mil veinte, sin cumplir con los requisitos señalados en la norma oficial mexicana NOMB_83-SEMARNAT-2003, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que ocasionó un daño al medio ambiente; que incluso, es factible de reparar. Los motivos de inconformidad son por una parte esencialmente fundados, y por otra, infundados por insuficientes. Veamos: El quejoso en esta instancia constitucional, comparece defendiendo un interés legítimo o colectivo, para determnar si le asiste la razón jurídica sobre ese tópico es indispensable dejar establecido que el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De la interpretación literal de dichos numerales, se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, pues, de lo contrario, será improcedente el citado medio de control constitucional, al no existir afectación al interés jurídico o legítimo de aquél. En la inteligencia que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, interés jurídico. El juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es decir, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al quejoso, ocasionándole un agravio en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal, para que pueda prosperar la acción constitucional y los tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, correspondiendo a los particulares acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. En consecuencia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o La posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Asimismo, indicó que dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Definió que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad; esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Sostuvo, que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, Décima Época, registro 2007921, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Y, en específico sobre el tema materia del presente juicio de amparo, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, sostuvo que quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. Por lo que, señaló que, el interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por tanto, la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. Así como que, a fin de determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado. Es aplicable, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 335, Décima Época, con número de registro 2018693, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado". La propia Primera Sala del Alto Tribunal ha señalado que el derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. De igual modo sostuvo, que tal derecho humano se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades, incluso que, en este contexto, la idea de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. Es ilustrativa, la tesis emitida por la referida Primera Sala, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 309, Décima Época, con número de registro 2018636, que dice: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL. El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. En este sentido, este derecho humano se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. El paradigma ambiental se basa en una idea de interacción compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana2. Así, respecto a la afectación al interés legítimo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció los elementos constitutivos del mismo, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los cuales consisten en los siguientes: La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes. Es aplicable, la jurisprudencia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, Décima Época, con número de registro 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Precisado lo anterior, el quejoso, acude al juicio de amparo, en defensa de la afectación a su interés legítimo, ya que refiere se transgrede el derecho fundamental de ambiente sano, el cual se encuentra reconocido en la Constitución, por lo que acredita el primero elemento destacado con el inciso a). El requisito precisado en el b); esto es, que los actos reclamados, transgredan ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva, también se actualiza. Es así, ya que el quejoso dice resentir los actos directamente en su esfera jurídica, toda vez que la construcción de una fosa y/o relleno sanitario para el manejo de residuos especiales y otros en el predio arrendado por Gonzalo Herrera Barajas, ubicado en el Ejido "El Nopalito" del municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo, sin haber realizado previamente un estudio de suelo para detectar corrientes subterráneas que pudieran ser afectadas por la producción de los lixiviados y la topografía totalmente invasiva, afecta sus derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo personal, ya que es vecino del señor Gonzalo Herrera Barajas, propietario del inmueble donde la autoridad responsable construyó una fosa y/o relleno sanitario para el manejo de residuos especiales. Lo que acreditó con copia certificada pasada ante fedatario público del certificado parcelario de veintiocho de mayo de dos mil catorce, la cesión de derechos en favor de Emilio Cabrera Ramírez, respecto del inmueble con una superficie de seis hectáreas cincuenta y dos áreas sesenta y nueve punto trescientos veinte centiáreas, perteneciente al Municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán de Ocampo, copia certificada del plano de ubicación del relleno sanitario y de los predios colindantes y diversas fotografías del lugar. Por lo que hace a la copia certificada pasada ante fedatario público del certificado parcelario, adquiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y, en relación a las diversas probanzas consistentes en copia certificada del plano de ubicación del relleno sanitario y de los predios colindantes y diversas fotografías del lugar; lo que también las responsables en sus informes con justificación anexaron (fotografías); adquieren valor jurídico de indicio en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo. Esto es, está acreditado sin lugar a dudas la afectación al interés legítimo de la parte quejosa, virtud a que las responsables autorizaron la construcción de un el relleno sanitario sin cumplir con las medidas y parámetros técnicos que regulan la materia; que había sido construido únicamente para verter los desechos del proceso agroindistrial del mango, el cual el municipio responsable había ordenado su construcción por necesidad de crear durante la temporada de esa fruta, correspondiente al mes de abril al de agosto de dos mil veinte, sin cumplir con los requisitos señalados en la norma oficial mexicana NOMB_83-SEMARNAT-2003, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, que en fechas posteriores; del mismo informe con justificación de las responsables, se desprende, fue cancelado o cerrado. De ahí lo fundado del concepto de violación sintetizado al principio de este considerando. Empero, no basta acreditar la existencia de la construcción y a la postre cancelación o clausura del referido relleno sanitario; realizado sin cumplir con las medidas y parámetros técnicos que regulan la materia, es necesario acreditar que se ocasionó un daño al medio ambiente; que incluso, es factible de reparar. Es decir, que con dicha construcción se afecta el medio ambiente y de manera directa a su entorno, por lo que no se les permite disfrutar de un medio ambiente sano, para su desarrollo, salud y bienestar, para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. En otras palabras, que el promovente pertenezca a esa colectividad (lo que está plenamente acreditado); y, demostrar que con su pertenencia al grupo (su entorno), con ello sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo; esto es, a un medio ambiente sano a que constitucionalmente tiene derecho. Elemento constitutivo de la afectación a su interés legítimo, que en la especie, no acreditó, ya que ofertó los medios de prueba suficientes e idóneos que evidencien que sufre un daño cualificado, actual y real respecto los actos que reclama. Efectivamente, no es suficiente que aduzca tener un interés legítimo consistente en que es vecino de la persona que arrendó su predio para la construcción de la fosa o relleno sanitario, a efecto de que por ese simple hecho se acredite la afectación a sus derechos de salud y ambientales, pues ello se debe acreditar de manera plena. Para ello, era indispensable, el acreditamiento de la afectación cualificada, actual y real que dice sufrir por los actos que pretende reclamar. Por lo que, no obstante que en el presente juicio exhibió, el peritaje sobre levantamiento de la propiedad (medio de convicción que aún otorgándole valor jurídico en términos del numeral 119, de la Ley de Amparo), en el que se aprecian las distancias entre las propiedades (la de la construcción del relleno sanitario y la del inmueble propiedad del quejoso), del mismo, no se pone en evidencia la situación particular frente a dicho relleno sanitario y los elementos contaminantes de éste, además de que el perito, no expresó cómo o con qué pruebas corroboraba lo asentado en dicho peritaje; y, tampoco, se ajustó a los requisitos de la pericial a que se refiere el precepto 120, de la Ley de Amparo. Lo mismo ocurre, respecto de las diversas pruebas, consistentes en la cesión de derechos en favor de Emilio Cabrera Ramírez, respecto del inmueble con una superficie de seis hectáreas cincuenta y dos áreas sesenta y nueve punto trescientos veinte centiáreas, perteneciente al Municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, copia certificada del plano de ubicación del relleno sanitario y de los predios colindantes y diversas fotografías del lugar; dado que dichas documentales en forma alguna acreditan la transgresión al derecho a un ambiente sano, del que se duele el quejoso, pues lo único que se acredita es que el quejoso es propietario y poseedor del aludido inmueble, así como colindante del predio en el que se encuentra la fosa o relleno sanitario a cielo abierto en referencia. En suma, como se dijo, las probanzas reseñadas resultan ineficaces para acreditar la afectación o daño al medio ambiente que dicen sufrir el quejoso con motivo de los actos reclamados; incluso, si ese daño pudiera o no ser susceptible de reparación, porque para determinar tal circunstancia, era necesario ofreciera pruebas idóneas. Pues ello no se puede determinar con meras suposiciones, sino, como ya se dijo, con la opinión técnica emitida mediante dictámenes periciales. Es ilustrativa, por contener el principio jurídico anotado, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 387, del tomo XIV, diciembre de 1994, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209749, del siguiente tenor: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área." Consecuentemente, se estima que el quejoso no demostró la existencia de la afectación a su interés legítimo; esto es, un daño al medio ambiente factible de reparar. Por ende, resulta infundado en ese aspecto su concepto de violación. Por ende, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, por lo que hace a las autoridades y acto reclamado precisado en este considerando. Negativa del amparo que se hace extensiva al acto u omisión reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Aplica a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/12 visible en la página 41 del tomo 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 291/2020, promovido por Emiliano Cabrera Ramírez, contra actos del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión, no ampara ni protege al quejoso Emiliano Cabrera Ramírez, contra actos del Presidente Municipal de Jacona, Michoacán de Ocampo; y, otras autoridades, en términos del considerando séptimo de esta sentencia constitucional. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: SE RECIBE OFICIO Visto lo de cuenta, téngase al delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Jacona, Michoacán de Ocampo, la segunda de las responsables por conducto de la Síndico Municipal, desahogando el requerimiento formulado con data ocho de junio de dos mil veintidós; asimismo, exhibiendo las documentales consistentes en información proveniente de dependencias municipales; de lo anterior, se toma el debido conocimiento, para el efecto legal conducente y se ordena dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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