Emilia Santiago Cervantes
Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Emilia Santiago Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días para que las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 8675/2023 y 8676/2023, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio a la Titular de la Secretaria del Bienestar, con sede en Ciudad de México; y Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz de la Secretaria del Bienestar, con sede en Xalapa, Veracruz, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseido el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Asimismo, como lo dispone el primer párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Otras consideraciones. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.
- Incidental
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el juicio de amparo principal en proveído de esta misma fecha, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo de este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del citado acuerdo, se clasifica como destruible el cuaderno original del incidente de suspensión al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados y con base en lo dispuesto en el diverso numeral 19, fracción II, inciso a), se clasifica como destruible el duplicado del incidente de suspensión. Asimismo, como lo dispone el primer párrafo de cada uno de los numerales en cita, una vez que transcurran seis meses, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión y pasados tres años, del cuaderno original, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a cada uno de los expedientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula de cada uno de los expedientes mencionados.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en relación a su contenido, toda vez que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente en este juicio, ordenándose en esa misma data su notificación de manera personal.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés.********************V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Titular de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 4° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, ****************************************R E S U L T A N D O QUE:****************************************PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, remitido a este Juzgado por razón de turno, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que se precisaran más adelante.****************************************SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual fue registrada como juicio de amparo indirecto ********************; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.********************Una vez exhibidos en autos los informes justificados, seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y,****************************************C O N S I D E R A N D O Q U E :****************************************PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.****************************************SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice:****************************************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.****************************************Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, a saber:**************************************** La omisión de incorporarla al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.****************************************Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:****************************************DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.****************************************Una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los mismos.****************************************Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente.****************************************TERCERO. Análisis respecto a la certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, por los motivos siguientes:****************************************Del contenido de los informes justificados que presentaron las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente:****************************************La certeza de los actos reclamados atribuidos al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz y Directora Regional Número Quince, dependiente de la Secretaria de Bienestar de la Administración Pública Federal, con sede en esta ciudad, se tiene por acredita al tenor del contenido de su informe justificado, en el que si bien señalan que la quejosa no acredita que incurrieron en omisiones para incluirla en el padrón de beneficiarios del "Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adulto Mayores", del resto de su contenido se desprende que sí fue localizado el trámite que inició la solicitante de amparo para ser afiliada al aludido programa, lo que denota que los actos reclamados resultan ciertos.********************Ilustra lo antes dicho, las tesis siguientes:****************************************ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe****************************************También son ciertos los actos reclamados al Titular de la Secretaria de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, pues no obstante que su informe de ley niega su existencia, de los informes rendidos por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz y Directora Regional Número Quince, dependiente de la Secretaria de Bienestar de la Administración Pública Federal, con sede en esta ciudad, se advierte que dichas autoridades señalan que conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la mencionada Secretaria dar seguimiento a los programas de inclusión social que tiene a su cargo, lo que se acredita de la propia lectura del contenido de la fracción IX.****************************************Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexaron a su informe con justificación las responsables, consistentes en las copias certificadas de diversas actuaciones relacionadas con el acto reclamado, mismas que esta juzgadora les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública.****************************************Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice:****************************************DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.****************************************En vista de lo anterior, deben tenerse plenamente demostrados los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.****************************************CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65, de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada.****************************************Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice:****************************************IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.****************************************Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada.****************************************Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice:****************************************IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes.****************************************Asimismo, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:****************************************IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.****************************************Ahora bien, esta Juzgadora considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice:****************************************[A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.****************************************Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán ****************************************I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y****************************************II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.************************************************************De la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional.****************************************De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.****************************************En ese sentido, se considera que cesan los efectos del acto reclamado cuando:****************************************a) El acto sea de carácter positivo, el agraviado haya sido restituido en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y****************************************b) Si el acto reclamado es de carácter negativo, la autoridad responsable obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir con lo que tal garantía exija.****************************************Lo anterior, ya que la razón que justifica la improcedencia a través de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no produce efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal.****************************************Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 siguiente:****************************************CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.****************************************Ahora bien, de las constancias que remitieron las responsables se acredita que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la aquí quejosa realizó el llenado del Formato Único de Bienestar ********************, para el trámite de incorporación; sin embargo, dicho trámite no fue reportado como "NO PROCEDENTE", de acuerdo a su orden de prelación en su bimestre de captura, por lo que, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se realizó el trámite de recaptura en el Sistema Informático del Formato Único de Bienestar [SIFUB], lo que generó el ID de captura ********************. ****************************************Además, que el quince de febrero de dos mil veintitrés, se realizó la entrega a la solicitante de amparo de la tarjeta del Banco de Bienestar, en virtud de encontrarse ya incorporada al padrón de beneficiarios del "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores". **************************************** Por tanto, si la parte quejosa reclamaba a las responsables la omisión de incorporarla el aludido Programa de Pensión, y si en el caso, se observa que ya se encuentra afiliado a dicho Programa pues incluso le fue entregada la tarjeta del Banco de Bienestar para la recepción del beneficio económico que deriva de su incorporación.********************.********************En esa virtud, se concluye en el sentido que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que ya se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que la responsable subsanó la omisión que se le reclamaba; por lo que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, que a la letra dice:****************************************ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.************************************************************En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, la Ley de Amparo, así como al haberse demostrado la cesación de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. ****************************************Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial cuyo sumario textualmente indica:****************************************SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.****************************************Asimismo, no pasan inadvertidos para esta juzgadora los alegatos formulados por la parte quejosa en las que refiere que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado en virtud de que considera debe obligarse a las responsables a realizar el pago retroactivo de las mensualidades que debió entregar desde octubre de dos mil veintiuno, en que realizó el llenado del Formato Único de Bienestar, pues su omisión de incorporación en esa data resulta atribuible a las autoridades responsables; sin embargo, no le asiste razón a la solicitante de amparo por las razones que enseguida se exponen.****************************************De acuerdo a las reglas establecidas en el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021", el derecho al pago de la pensión se genera a partir de que la responsable genera el registro correspondiente y se otorga la partida presupuestal respectiva. ****************************************Ello pues las reglas de operación establecen:****************************************[2]. Objetivos ********************2.1 Objetivo General ********************Mejorar la situación de protección social de la población adulta mayor indígena o afromexicana de 65 años o más y población adulta mayor de 68 años o más, a través de apoyos económicos. ********************2.2 Objetivos Específicos********************Otorgar apoyos económicos a la población adulta mayor indígena o afromexicana de 65 años o más de edad, y a la población adulta mayor de 68 años o más de edad mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.. ********************3. Lineamientos ********************3.1 Cobertura ********************El programa atenderá a personas adultas mayores mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana, por lo cual, no se entregarán pensiones a personas que residan en el extranjero, o con nacionalidad extranjera y será un derecho para todas las Personas Adultas Mayores mexicanas que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso del numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación.********************3.2 Población Objetivo******************** Personas adultas mayores indígenas o afromexicanas de 65 años o más de edad, mexicanas que residan en la República Mexicana y en los municipios o localidades catalogados como indígenas, o aquellos en donde su población es afrodescendiente.********************Personas adultas mayores de 68 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana. ********************Personas adultas mayores de 65 a 67 años de edad, incorporadas en el Padrón de Personas Derechohabientes del Programa Pensión para Adultos Mayores, activos a diciembre del ejercicio fiscal 2020. ********************3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso****************************************Personas adultas mayores indígenas o afromexicanas de 65 años o más de edad, mexicanas que residan en la República Mexicana y en los municipios o localidades Catalogados como indígenas o afromexicanos.********************1. Tener 65 años o más de edad.********************2. Residir en la República Mexicana.********************3. Domicilio en los municipios o localidades catalogados como indígenas o afromexicanos.****************************************Personas adultas mayores de 68 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.********************1. Tener 68 años o más de edad.********************2. Residir en la República Mexicana.****************************************Las personas adultas mayores de 65 a 67 años de edad, inscritas en el Padrón de Personas Derechohabientes del Programa Pensión para Adultos Mayores.******************** ****************************************Para las Personas Adultas Mayores Indígenas de 65 años o más de edad, el domicilio deberá pertenecer a los Municipios o Localidades A y B, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), disponibles en la liga electrónica: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/personas-adultas-mayores********************Para las Personas Adultas Mayores Afromexicanas de 65 años o más de edad, el domicilio deberá pertenecer a los Municipios o Localidades en donde su población es afrodescendiente, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), disponibles en la liga electrónica: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/personas-adultas-mayores********************Se considerará como persona adulta mayor indígena o afromexicana, a las personas cuyo lugar de nacimiento sea alguno de los municipios o localidades antes señalados.********************NOTA ACLARATORIA: Para efectos de la Pensión, la edad se considerará cumplida dentro del bimestre de incorporación.****************************************3.3.1 Requisitos de Acceso********************Cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar copia y original para cotejo los siguientes documentos comprobatorios:************************************************************Personas Adultas Mayores Indígenas o Afromexicanas de 65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.********************Requisitos:********************1. Que habiten, o que hayan nacido en uno de los municipios o localidades catalogados como indígenas o afromexicanos. (Fuente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).********************2. Documento de Identificación vigente:********************-Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.********************3. Clave Única de Registro de Población (CURP).********************4. Exhibir comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.********************5. Acta de Nacimiento.********************6. Llenado del Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).********************Personas Adultas Mayores de 68 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicanao.********************Requisitos:********************1. Documento de Identificación vigente:********************-Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.********************2. Clave Única de Registro de Población (CURP).********************3. Exhibir comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.********************4. Llenado del Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).********************Personas Adultas Mayores de 65 a 67 años de edad, inscritas en el Padrón de Personas Derechohabientes del Programa Pensión para Adultos Mayores, activos a diciembre del ejercicio fiscal 2020.****************************************Para las personas adultas mayores permanente que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no cuenten con alguno de los documentos, deberá señalar por escrito cual es el documento faltante y el motivo por el que no se cuenta con éste, incluyendo en el escrito los datos personales que deberían aparecer en el documento que no se entrega, mismo que deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y ante dos testigos, quienes deberán indicar su domicilio particular y de contar con ella, una copia de su identificación oficial.********************Excepcionalmente y en caso de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emita la declaratoria de emergencia para aquellos municipios o localidades que se vean afectados por fenómenos sociales o naturales, se podrá cumplir con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso con constancias o resoluciones de la autoridad correspondiente.********************3.4 Criterios de Priorización********************Se dará atención prioritaria a las personas que habitan en municipios y localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana o con alto o muy alto grado de marginación.********************El orden de incorporación de las personas adultas mayores se realizará conforme a la fecha de registro y a la disponibilidad presupuestal del programa.******************** 3.5 Tipos y Montos de Apoyo********************El monto de la Pensión será de $1,350.00 (Mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales pagaderos bimestralmente de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, el cual, se actualizará a partir del año 2022, para aquellas personas incorporadas en el Padrón de Personas Derechohabientes y que no se encuentren en algún supuesto de retención, suspensión o baja de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación.****************************************De las reglas antes transcritas se desprende que la administración federal creó la pensión universal no contributiva denominada "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", mediante la cual se entregará a los beneficiarios un monto en forma bimestral; siendo el objetivo de esa pensión el contribuir al bienestar social e igualdad de la población adulta mayor, a través del otorgamiento mensual de una pensión no contributiva. ****************************************Los destinatarios del beneficio son, entre otras, las personas adultas mayores que tengan sesenta y ocho años o más de edad, mexicanas que residan en la República Mexicana. ****************************************Para obtener el beneficio, los interesados deberán exhibir ante la autoridad competente los siguientes documentos: identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio con antigüedad menor a seis meses a la fecha del trámite (a falta de documento, protesta de decir verdad ante dos testigos).****************************************Cabe precisar que el orden de incorporación al programa se realizará conforme a la fecha de registro y a la disponibilidad presupuestal del programa. ****************************************Asimismo, las personas beneficiarias de la pensión tienen derecho a recibir los apoyos económicos directos que les corresponden a partir de la fecha de incorporación al Padrón Activo Emitible de Beneficiarios de la Pensión, ya sea personalmente o a través de su representante. ****************************************La instancia ejecutora y responsable de la pensión es la Secretaría de Bienestar, a través de, entre otras, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) y las Delegaciones de los Programas para el Desarrollo, así como las oficinas que se establezcan para tal efecto.****************************************Las Delegaciones de los Programas para el Desarrollo son las responsables de realizar la incorporación de nuevos beneficiarios al padrón; registro de la actualización de la información de las personas beneficiarias y validación de la incorporación de las personas beneficiarias, entre otros procesos. ****************************************El acceso a la pensión se realizará de conformidad con lo siguiente: ****************************************a) Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo serán las responsables de llevar a cabo el registro estatal de las personas solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso establecidos en dichas reglas de operación; y, ****************************************b) El mecanismo de entrega se realizará por medio de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en coordinación con la unidad responsable, mediante tarjeta bancaria. La Secretaría de Bienestar realizará la integración del padrón con información de las dependencias y entidades responsables, información de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e inscripción por los medios específicos que para tal efecto designe la Secretaría.****************************************En esa medida, o resulta factible considerar que las responsables deben realizar el pago retroactivo de la pensión porque no está demostrado que la quejosa se encontrara incorporada en el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores.****************************************Lo anterior, es así de acuerdo al contenido de la regla 3.4., cuya redacción para el ejercicio fiscal 2021, transcrito se advierte que la autoridad ejecutiva, estableció como criterio de priorización para la incorporación al apoyo efectuarlo conforme a la fecha de registro y a la disponibilidad presupuestal del programa. ****************************************Asimismo, de la regla 4.2, se advierte que el trámite para el acceso a la pensión inicia con la identificación de las Personas Adultas Mayores que residen en los Municipios y Localidades de las entidades federativas y en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, quienes presentaran su solicitud a las servidoras públicas a través de los Módulos de Atención serán las responsables de llevar a cabo el registro estatal de las personas solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso establecidos en el numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación. ****************************************El registro se realizara una vez que previa autorización y supervisión por la Instancia Ejecutora, se recabe la información de las personas solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso a través del Formato Único de Bienestar, respuesta que se informará a la persona solicitante o a su adulto auxiliar, el resultado de su solicitud de incorporación al Programa, en un plazo máximo de dos meses en los Módulos de Atención a partir de su solicitud o través de la Línea de Bienestar establecida en el numeral 14.2 denominado Solicitudes de Información de las presentes Reglas de Operación.****************************************De la misma forma, la regla establece que una vez que la autoridad valide el registro, se iniciará el proceso de entrega del medio de pago. El mecanismo de entrega se realizará por medio de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en coordinación con la UR, preferentemente por tarjeta bancaria. A las personas derechohabientes que no cuenten con este medio de cobro o en los municipios que no cuenten con infraestructura bancaria, la entrega del apoyo económico se realizará de manera directa y sin intermediarios.**************************************** Por tanto, dado que en el caso, la autoridad responsable al rendir el informe justificado estableció que registró a la quejosa en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a partir de febrero de dos mil veintitrés, se advierte que no es factible ordenar el pago retroactivo, pues se reitera, no está demostrado que la quejosa se encontrara incorporada en el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores, que dé lugar a su otorgamiento, sino que únicamente inició dicho trámite con la presentación de su solicitud ante las servidoras públicas autorizadas para ello, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4.2 de la mencionada Regla. ****************************************Lo que se encontraba sujeto a la validación de registro y disponibilidad presupuestaria, en términos de lo dispuesto con el numeral 3.4 de las Reglas de Operación.****************************************QUINTO. Decisión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, fracciones I, II, III, IV, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,****************************************S E R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Titular de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución.****************************************Notifíquese personalmente.
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