Emilia Salazar Espinoza
Expediente 981/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Emilia Salazar Espinoza
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el auto referencia.... archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruible...
- Principal
... Notifíquese personalmente al promovente...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA EMILIA SALAZAR ESPINOZA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Emilia Salazar Espinoza, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los artículos 1º, 16, 17 y 23 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 981/2019/IV-B. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: 1. El oficio sin número, emitido en la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F6/271/2016, por el Fiscal Segundo de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mismo que dio origen a la apertura del proceso penal 83/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se analiza el escrito de cuenta origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Establecido lo anterior, la suscrita estima que el acto reclamado consistente en el oficio sin número, emitido en la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F6/271/2016, por el Fiscal Segundo de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mismo que dio origen a la apertura del proceso penal 83/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI , de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la determinación de la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F6/271/2016, que dio inicio al proceso penal 83/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, fue consumada de manera irreparable, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes, ya que la citada carpeta fue judicializada, pues ya se aperturó el proceso penal 83/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, con motivo de la citada carpeta de investigación. Por lo anterior, es evidente que si se transita de una fase de investigación no judicializada como lo es la integración de la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F6/271/2016, del índice de la Fiscalía Segunda de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, a una judicializada, como lo fue la apertura del proceso penal 83/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, opera un cambio de situación jurídica respecto del acto combatido por la parte quejosa, derivado de la carpeta de investigación, toda vez que la misma ya fue judicializada, por lo que los actos atribuidos a la autoridad ministerial, quedaron consumados de modo irreparable para los efectos del amparo. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI , de la Ley de Amparo. Es aplicable por sus consideraciones la Tesis Aislada II.2º.P.44 P (10a.), publicada en la página 1702, del Tomo II, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación diciembre de 2016, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL.- Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes". Asimismo, respecto de las consecuencias de la emisión del oficio sin número, emitido en la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F6/271/2016, por el Fiscal Segundo de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, como lo es la judicialización de la citada carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII , en relación con los diversos 5, fracción I y 107, fracción V , en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De los preceptos citados, se advierte que se encuentra inmerso el principio fundamental del amparo, esto es, la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, por lo que deberá derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. En ese orden de ideas, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos de la parte quejosa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica de la parte promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. De igual forma, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así, es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Ahora, como ya se dijo, en el caso respecto a las consecuencias de la emisión del oficio sin número, emitido en la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F6/271/2016, por el Fiscal Segundo de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, como lo es su judicialización ante el Juez de Control, en modo alguno constituye un acto de imposible reparación, pues no trastocan derechos sustantivos de la aquí quejosa, ya que tal actuar de la responsable como propiamente lo aduce la promovente sólo dan lugar al inicio al proceso penal 83/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en la cual, de ser procedente, se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, su admisión y desahogo, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos sustantivos de la quejosa que deba ser reparada en el juicio biinstancial, puesto que se trata de actos de carácter meramente procesal. De lo que se colige que los actos reclamados por la promovente en el juicio de amparo indirecto que se analiza, no cumplen con los presupuestos necesarios para que se actualice su procedencia, ya que no constituyen actos de imposible reparación que afecte sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales, suscritos por el Estado Mexicano, pues sus consecuencias no son graves que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, esto es, por el momento no genera en la esfera jurídica de la quejosa una afectación real y directa, como sería la privación de su libertad personal. Lo anterior, aunado a que debe resguardarse la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, dado que son de orden público. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación, consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica de los quejosos, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la carpeta de investigación, la que en su caso materializaría perjuicios a los impetrantes del amparo, y por tanto, la que puede ser susceptible de atacar a través del juicio biinstancial; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades constitucional y obligaciones conferidas al fiscal, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito , de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizado de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Hiram Baruch Osorio Mendoza, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que prevé el citado numeral a Brayan Alejandro Moreno Carreón y Juan Carlos Espindola Huerta, por no contar con dicho registro, lo que se corrobora con las constancias de registros correspondientes que se anexan para tal efecto, así como a Hebert García Parra, Lucía González Lozano y José Luis Ramírez Arriaga, por así solicitarlo de manera expresa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Por otra parte, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado las copias del escrito de demanda adjuntos a la misma, en el local de la Secretaría de este juzgado...
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