Emilia Rodríguez Villegas

Expediente 266/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
266/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Emilia Rodríguez Villegas
  • Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: 1. La omisión de respuesta a su solicitud de pensión. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En las relatadas condiciones, a fin de restituir al agraviado en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de pensión de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, con número de folio 3, 325- 42114; y remita copia certificada de dicha respuesta a este Juzgado de Distrito". Posterior a ello, el diez de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, el dieciocho de septiembre del año pasado, se tuvo por recibido el oficio sin número, remitido por la representante legal del Director General y de la Presidenta del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número 5845, en el que remitió copia debidamente constatada del Dictamen de Pensión CP/61841/2020 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, suscrito por la Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como la cedula de notificación personal del mismo a la quejosa. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, se pronunció en el ámbito de su competencia respecto a la solicitud de pensión con número de folio 3, 325-42114 de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecinueve, hecha por la impetrante de amparo Emilia Rodríguez Villegas. A la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra constancia de notificación personal de la vista concedida a la quejosa **** en fecha dieciocho de septiembre del año en curso, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; en ese sentido, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la quejosa de manera personal, el proveído de fecha dieciocho de septiembre del año en curso, así como, la presente determinación.

  3. Principal

    MESA VII.- SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EMILIA RODRÍGUEZ VILLEGAS, EL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN ATENCIÓN A QUE NO COMPARECIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DICHA DETERMINACIÓN, DENTRO DEL PLAZO QUE INDICA LA LEY DE AMPARO, CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra constancia de notificación personal de la vista concedida a la quejosa **** en fecha dieciocho de septiembre del año en curso, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; en ese sentido, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la quejosa de manera personal, el proveído de fecha dieciocho de septiembre del año en curso, así como, la presente determinación.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Emilia Rodríguez Villegas, contra actos de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio y otra; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 266/2019-VII. En ese tenor, previo admitirse o desecharse la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. En ese sentido, debe señalarse que el quejoso, en el "Capítulo IV OMISIÓN RECLAMADA".- del escrito de su demanda de amparo, refiere: "se reclama la omisión de actos en materia administrativa de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por incumplimiento de sus atribuciones conferidas en el artículo 21, fracción II de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, toda vez que asume la representación jurídica del Instituto en comento, de las unidades administrativas, comités, comisiones y servidores públicos que lo integran, así como los litigios en que sea parte, en ejercicio de sus funciones; lo que implica, que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México, no cumpla con el objetivo previsto en la fracción I del artículo 14 de la Ley anteriormente citada, [.] establece dos tipos de prestaciones, obligatorias y potestativas; dentro de las obligatorias se encuentra la pensión por jubilación; en consecuencia es clara la omisión de respuesta de esa autoridad, al no dar oportunamente y dentro del plazo establecido respuesta a su solicitud de pensión". Sin embargo, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: la omisión de respuesta a su solicitud de pensión; tan es así que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes, como en los argumentos que establece en los conceptos de violación, van encaminados a reclamar el acto antes descrito. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa contra la omisión de respuesta a su solicitud de pensión; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otro lado, se tiene como domicilio de la quejosa el que cita en su demanda, para los efectos que refiere, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Leobardo Varela Vázquez, y en términos del artículo 24 de la legislación citada, a las demás personas que señala en su demanda de amparo, es decir, únicamente por tener acceso al expediente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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