Emilia Ramírez Montes

Expediente 525/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
525/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Emilia Ramírez Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de once de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE SOBRESEE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 525/2020 promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Tramitación del juicio. El dos de octubre de dos mil veinte la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitió por razón de turno a este órgano jurisdiccional, la demanda de amparo interpuesta, por Emilia Ramírez Montes, por propio derecho, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y respecto de las autoridades que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Subsecretario de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 4 4 Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "Al Subsecretario de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclamo: La negativa del pago de seguro de vida a la suscrita, como beneficiaria del extinto trabajador Cosme Santana Meza. Al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclamo: La negativa de pago a la suscrita conforme a derecho del finiquito por el tiempo de servicios prestados del extinto trabajador Cosme Santana Meza. Al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclamo: La negativa del pago de una pensión de viudez, en términos de la Ley 912 del Estado de Guerrero, así como la negativa de otorgamiento de una plaza o nombramiento en favor de los descendientes directos del extinto trabajador Cosme Santana Meza. A la Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; en su calidad de superior jerárquico, reclamo: La negativa del pago de seguro de vida a la suscrita, como beneficiaria del extinto trabajador Cosme Santana Meza; La negativa de pago a la suscrita, conforme a derecho, del finiquito por el tiempo de servicios prestados del extinto trabajador Cosme Santana Meza; La negativa del pago de una una pensión de viudez, en términos de la Ley 912 del Estado de Guerrero, así como la negativa de otorgamiento de una plaza o nombramiento en favor de los descendientes directos del extinto trabajador Cosme Santana Meza " SEGUNDO. Trámite del Juicio. Mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 525/2021; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 5 a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado, tiene ejecución dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 6 6 Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del análisis al escrito de demanda, se advierte que se reclama: La omisión y retraso, en pagar y conceder por partes de las responsables en el ámbito de sus atribuciones las prestaciones consistentes en finiquito laboral, seguro de vida, pensión de viudez, y otorgamiento de una plaza a los descendientes RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 7 directos del trabajador fallecido Cosme Santana Meza, quien se desempeñaba como policía auxiliar preventivo. CUARTO. Certeza de actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 8 8 En ese contexto, tenemos que las responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron el acto reclamado; no obstante, de los mismos se advierte que realizan manifestaciones que evidencian su certeza. Por tal razón, se desvirtúa la negativa que manifiesta, y se tiene por cierto el acto que se le reclama. Al respecto, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA"2. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser 2 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 9 de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 1995, tomo VI, página 553) En ese contexto, tal como lo establece la responsable, este juzgador considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, cuyo estudio se aborda de acuerdo a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, establece: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso 1º del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 10 10 Finalmente, el normativo 5º, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación literal, armónica y sistemática de estos numerales se deduce que el juicio de garantías tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad contraventores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de las garantías individuales, teniendo que la autoridad responsable es la que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. En el mismo sentido, debe decirse que en términos de la fracción II, del artículo 5º, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 11 situaciones en forma unilateral y obligatoria; o aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría la situación jurídica del quejoso; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Respecto del concepto de autoridad responsable a que se refiere el numeral citado en el párrafo que antecede, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 12 12 publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 13 fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Dicho lo anterior, en el caso concreto tenemos que la quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades de otorgarle y pagarle diversas prestaciones, entre las que se encuentran un seguro de vida, finiquito laboral, como consecuencia del fallecimiento del extinto trabajador Cosme Santana Meza. Por su parte, la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe manifestó que mediante oficio DRH/2764/2020 de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se exhortó a la ahora quejosa a acudir a sus instalaciones para continuar con el trámite y gestiones de las prestaciones pendientes de pago del citado trabajador; así mismo, de las constancias que adjuntó se desprende que el finado Cosme Santana Meza, se desempeñaba como Policía auxiliar preventivo y se encuentran en proceso de pago diversas prestaciones, como el seguro de vida, y el finiquito respectivo. De lo anterior se advierte que los actos RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 14 14 reclamados encuadran en el plano de coordinación entre trabajador y patrón, en virtud que versan sobre prestaciones derivadas de una relación laboral, por lo que se regula por el derecho laboral, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, explica que la posición del quejoso frente a la autoridad surge de la relación laboral que existió, por lo que la relación no es de supra a subordinación. Ilustra al respecto la jurisprudencia que puede consultarse en la página 478, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Laboral, de la Décima Época, señala lo siguiente. "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 15 son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Así mismo, resulta aplicable al respecto la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Laboral, página 1956, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo vigente, resulta imperativo decretar el sobreseimiento del juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y fundado en los artículos 35, 61, 63, 217, y demás relativos de la Ley d Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, en virtud de los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de mayo de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio firmado por el Subsecretario de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Téngasele señalando domicilio oficial para oír y recibir notificaciones, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como delegados a las personas que designa para tales efectos; así también, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico, a fin de que se pueda establecer el contacto respectivo en el presente asunto. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 54/2000, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." (Localizable: Registro: 191995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página: 5). Notifíquese por lista a todas las partes, incluidas las restantes responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.1".

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Téngasele señalando domicilio oficial para oír y recibir notificaciones, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como delegados a las personas que designa para tales efectos; así también, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico, a fin de que se pueda establecer el contacto respectivo en el presente asunto. Notifíquese.

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