Emilia Blaisdell Amezcua

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Emilia Blaisdell Amezcua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el once de julio de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual informa el contenido del auto de veintisiete de junio pasado, dictado en los autos del recurso de queja 157/2019, en el que se informa la autorización del Consejo de la Judicatura Federal para que la licenciada Norma Cruz Toribio desempeñe las funciones de Magistrada de Circuito.

  3. Principal

    Vistas las constancias de autos y el estado procesal que guardan los mismos, de los que se advierte que para resolver el presente asunto, se requiere diversa información de la ya existente; ante tal situación, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, que al efecto establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, remita copia certificada del acuse de recibo del escrito presentado por la actora el dos de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente 821/2018/15-A de su índice. Apercibida que de no hacerlo así o de manifestar la imposibilidad legal que tengan para ello, se le impondrá la sanción prevista en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J17/97 , que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto" . En consecuencia, para dar lugar a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las trece horas del once de julio de dos mil diecinueve, para su verificativo.

  4. Principal

    , en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita que la sentencia dictada en el presente sumario constitucional cause ejecutoria; al respecto, dígasele que una vez que transcurra el término legal a la totalidad de las partes correspondiente, se proveerá lo conducente. Notifíquese.

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