Emilia Berwick Robinson
Expediente 1275/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/03/2022
Partes del expediente
- Emilia Berwick Robinson
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. De conformidad al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que ve al duplicado del cuaderno incidental derivado de este juicio, déjese por separado y en el momento procesal oportuno procédase a su destrucción; en tanto que el cuaderno original de dicho incidente, es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que resultan innecesarias las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit (tomo I de pruebas), devuélvasele, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS. NOTIF.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por JUAN CARLOS SIMÓN HERNÁNDEZ, en su carácter de delegado del Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual remite copia del oficio dirigido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, en el que informa a dicha responsable, el acuerdo de Cabildo de nueve de noviembre del año en curso, respecto al planteamiento de iniciativa para la solicitud de préstamo financiero al Congreso del Estado de Nayarit, con la finalidad de obtener recursos extraordinarios inmediatos para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente sumario. Con independencia de lo anterior, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente expediente; esto es, el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit ha sido omiso en pagarle a los quejosos la cantidad que les adeuda con motivo del laudo dictado en el juicio laboral de origen, lo que implica que la ejecutoria de amparo se vea incumplida. En ese sentido, la conducta contumaz de dicha autoridad contraviene lo establecido en el artículo 192 de la Ley de amparo, el cual dispone: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. De la disposición normativa transcrita se advierte que su espíritu es el de velar por el debido cumplimiento?????????? de las ejecutorias de amparo, las cuales deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. En ese tenor, corresponde a los Juzgadores de Distrito dictar las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el numeral de mérito, esto es, que los fallos protectores dictados en los órganos jurisdiccionales a su cargo sean debidamente cumplimentados sin demora. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la justicia de la unión a los quejosos MARÍA PETRA MENDOZA GUZMÁN, GERARDO FLORES GARCÍA, ANGÉLICA YOLANDA IÑIGUEZ ORTIZ, ANTONIA PUGA CARMONA, MARÍA OLGA RÍOS MONTOYA y MARTHA EDA MENDIOLA JACOBO, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las citadas consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, respeten el derecho humano violado, esto es: a) Sin incurrir en oposiciones, ni en la formulación de manifestaciones que generen el retraso del procedimiento de ejecución, ordene las medidas necesarias para cumplir inmediatamente con los requerimientos de pago de las prestaciones liquidadas dentro del juicio laboral de origen; y, b) Remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, a la autoridad encargada de proveer sobre el cumplimiento del laudo, es decir, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit." Luego, en el caso, no obstante los requerimientos que se le han realizado a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Rio, Nayarit, por conducto de quien legalmente lo represente, dicha autoridad ha sido omisa en pagar a la parte quejosa la cantidad que le adeuda con motivo del laudo dictado en el juicio laboral de origen. En ese sentido, es evidente la necesidad que existe para que éste juzgador se haga valer de nuevos métodos, que se traduzcan en herramientas efectivas a efecto de hacer cumplir el citado fallo protector. En razón a lo anterior, resulta oportuno traer a contexto lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en específico, su artículo 202, el cual a la letra señala: "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata?????????? suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado." El numeral en cita, establece como regla general que en la administración municipal, ningún gasto público podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice, es decir, como regla general únicamente se podrá destinar el gasto público del Ayuntamiento, siempre y cuando ese gasto se encuentre autorizado en alguna partida del Presupuesto de Egresos Municipal. No obstante lo anterior, la regla antes citada tiene una excepción y esta se encuentra contenida en la segunda parte del primer párrafo del artículo transcrito, en la cual se establece que cuando el Ayuntamiento tenga que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, se puede hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen se dictó un laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional a pagar en favor de los quejosos diversas prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita, sin que hasta el momento haya cumplido con la misma. En ese sentido, a efecto de cumplir con la obligación de mérito dicho Ayuntamiento puede destinar parte de su presupuesto a fin de pagar a los aquí quejosos las prestaciones a que fue condenado en el citado juicio laboral y con ello, cumplir con la ejecutoria de amparo dicta en autos, sin que exista la obligación de que dicho gasto se encuentre destinado en alguna partida presupuestal, pues se trata de una obligación que surge con motivo de una resolución de naturaleza jurisdiccional. Ahora, el ayuntamiento promovente en su ocurso de cuenta señala que en acuerdo de Cabildo de nueve de noviembre del año en curso, se realizó planteamiento de iniciativa para la solicitud de préstamo financiero al Congreso del Estado de Nayarit, con la finalidad de obtener recursos extraordinarios inmediatos para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente sumario. No obstante dicha acción, en atención a la ejecutoria dictada en autos, se ordena al Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, requiera al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio Nayarit, por conducto de quien legalmente lo represente, a efecto de que realicen lo siguiente: - Para que en la sesión de cabildo relativa a la aprobación del presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2022, incluyan o aprueben indefectiblemente una partida presupuestal para el cumplimiento de obligaciones generadas por resoluciones de carácter jurisdiccional, la cual deberá ser basta????????? y suficiente a efecto de que con el monto que sea aprobado en dicha partida, se cumpla con todas las obligaciones económica surgidas con la emisión del laudo dictado en el expediente laboral 95/2008. - Lo anterior implica, que el monto aprobado deberá cubrir de forma total, tanto la cantidad destinada al pago de las prestaciones a que fue condenado dicho Ayuntamiento. Luego, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se requiere a las autoridades que conforman al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por conducto de las autoridades que lo integran -Presidente Municipal, Sindico y Tesorero-, para que una vez que sean notificadas de la determinación que emita el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit -relativa a la sesión de cabildo para el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 95/2008- cumplan con dicho requerimiento, asimismo, deberán informar las gestiones que se encuentren realizado a efecto de cumplir con el requerimiento de mérito, debiendo acreditar dichas gestiones con constancias debidamente certificadas. Se apercibe al Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje y a las autoridades municipales de referencia que de no cumplir con el requerimiento de mérito sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de datos, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 162469 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 5/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que??????????? implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Por último, cabe precisar que el requerimiento de mérito no implica que la autoridad laboral tenga que actualizar -a la fecha en que se dicta el presente proveído- las cantidades a las que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el juicio laboral de origen, sino que únicamente se deberá tomar en consideración la cantidad o cantidades que se encontraban determinadas, liquidadas o actualizadas al momento de emitirse el fallo protector dictado en autos. Lo anterior, toda vez que los efectos de la ejecutoria de amparo dictada en autos se constriñen en función del acto reclamado, al momento de emitirse la sentencia respectiva, sin tener el alcance de atender cuestiones futuras, que no prevalecían al momento de la emisión de dicha ejecutoria de amparo, pues actuar de forma distinta implicaría incorporar elementos novedosos para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones que no fueron motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2771, del Libro III, Tomo 4, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de dos mil once, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución????????????? forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". De igual forma, es aplicable por las razones que la informan la tesis 2a. XCVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 646, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS, DEBEN CONSIDERARSE ACATADOS LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO AUNQUE NO SE HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SI EL DICTADO DE ÉSTA NO FUE UNO DE SUS EFECTOS. Cuando los efectos de la concesión del amparo no vinculan a la autoridad responsable a dictar una resolución que ponga fin al procedimiento, sino que se limitan a la reparación de la violación cometida en la etapa específica en la que se cometió, es innecesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia concesoria del amparo. En este tenor, si la sentencia de amparo es clara en determinar que el alcance de la protección federal se limita a la etapa específica donde se cometió la violación procesal, las nuevas violaciones que llegaran a producirse, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso". NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerias, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual informa que acató la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en el momento de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector. En inteligencia, que se está a la espera de que el Jefe Registrador de la Oficina Distrital del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, proceda a dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos, como se le ordenó en proveído de nueve de noviembre del año en curso. NOTIFÍQUESE.
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