Emil Adalhy Ramos Olguín

Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Emil Adalhy Ramos Olguín

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de control de juicios de amparos con el número 1059/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano judicial debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, que en sus artículos 112 y 114 establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior impone a quien resuelve la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren deficiencias, irregularidades u omisiones en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas. En ese sentido, resulta necesario atender lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que impone la obligación a todo solicitante de la protección de la Justicia Federal de manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho dispositivo es del tenor literal siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." En la especie, se estima que la parte quejosa no colma dicho requisito, en virtud de que en el capítulo de autoridades responsables y actos reclamados señala: "AUTORIDAD RESPONSABLE: A.- Fiscalía General del Estado de Guerrero, B.- Coordinación General de la Policía Ministerial, C.- Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, d.- Dirección de Nóminas; y, E.- Coordinación de Zona Especializada en Justicia para Adolescentes, en Acapulco. ACTO RECLAMADO: Reclamo la orden y ejecución material y forzosa de la desposesión, la retención, la suspensión de mi salario de la primera y segunda quincena del mes de septiembre de dos mil veintitrés, que venía percibiendo como responsable de la Coordinación de Zona Especializada en Justicia para Adolescentes Acapulco, de la Coordinación General de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en perjuicio de la suscrita." Por otra parte, al narrar los antecedentes del acto reclamado, dice: "Desde el uno de marzo de dos mil veintiuno, soy servidora pública como responsable de la Coordinación de Zona Especializada en Justicia para Adolescentes, de la Coordinación General de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con adscripción en Acapulco. [...] que, de manera cotidiana sigo desempeñando mis funciones y cumpliendo con mi jornada acumulada y demás condiciones de trabajo, tal como lo demuestro con la constancia respectiva. [.]." Lo antes transcrito, evidencia que el quejoso señala como autoridad responsable a la Coordinación de Zona Especializada en Justicia para Adolescentes Acapulco; sin embargo, en los antecedentes refiere que actualmente se encuentra desempeñando el cargo de responsable de dicha dependencia. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al impetrante para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquél al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes, y tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, cumpla con lo siguiente: ÚNICO: EN VÍA DE ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJERCIENDO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ACAPULCO, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, O RESPONSABLE DE LA MISMA, O BIEN, SI DICHO CARGO LO DESEMPEÑA UNA PERSONA DIVERSA. Sirve de apoyo, lo sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 211, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, correspondiente al Apéndice de 1995). Debe precisarse que la prevención que antecede, únicamente la podrá desahogar el impetrante, no así los autorizados dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Agosto de 2014, Tomo I, página 210). En consecuencia, se apercibe al quejoso que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención señalada, en la vía, forma y términos establecidos, se procederá conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Meléndez Linares, Temis Meléndez Salmerón e Irvin Mauricio Lemus Arredondo, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se exhorta a las partes para que las promociones que se presenten en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, deberán estar escaneadas de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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