Emigdio Saúl Barrera Castro

Expediente 46/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
46/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Emigdio Saúl Barrera Castro
  • Juez de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: La orden de cancelar la pensión alimenticia definitiva decretada a favor del quejoso en el juicio de alimentos 169/1998, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, iniciado por Petra Castro Ramales, en representación de su entonces menor hijo Emigdio Saúl Barrera Castro, y continuado por éste, en contra de Emigdio Barrera Vergara, así como: El cumplimiento a la orden dictada por el juez responsable. Por resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO, contra los actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, así como del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Emigdio Saúl Barrera Castro, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla: 1. Provea lo que en derecho resulte procedente a fin de que en el juicio de alimentos 169/1998, iniciado por Petra Castro Ramales, en representación de su entonces menor hijo Emigdio Saúl Barrera Castro, y continuado por éste, en contra de Emigdio Barrera Vergara, se haga constar que surte plenos efectos, hasta ese momento procesal, la pensión alimenticia definitiva otorgada a favor del aquí impetrante. 2. Con plenitud de jurisdicción, dicte una determinación fundada y motivada, en la que provea lo conducente a fin de que se restituya al aquí quejoso Emigdio Saúl Barrera Castro -acreedor alimentario- en el derecho de su pensión alimenticia definitiva y demás prestaciones que se le hayan otorgado, por el tiempo en el que ilegalmente se canceló ese derecho. Concesión de amparo que es extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en términos de la jurisprudencia número 89, publicada en la página 71, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: ." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, así como al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Posteriormente, mediante oficio 215/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de abril del año en curso, el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, informó que dentro del expediente 169/1998, por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, determinó e hizo constar que el citado juicio de alimentos iniciado por Petra Castro Ramales, en representación de su entonces menor hijo EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO y continuado por éste, contra EMIGDIO BARRERA VERGARA, surte plenos efectos legales la pensión alimenticia definitiva otorgada a favor de EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO hoy en día por su propio derecho y que consiste en el equivalente al treinta por ciento del salario bases y demás prestaciones. Asimismo, giró oficio al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla, para que informara al juez responsable, a cuántos meses asciende y que se dejaron de pagar a EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO e incluso, si la prestación del aguinaldo le fue pagada o no, al año dos mil diecinueve, y en caso afirmativo debería informar y precisar la cantidad a pagar. Por su parte, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, mediante oficio SEP- 4.2.3.-DRH/4391/2021, recibido en este juzgado federal el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, informó el período en el que se dejó de pagar la pensión alimenticia fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, al quince de febrero de dos mil veinte y parte proporcional de aguinaldo de dos mil diecinueve, que el monto total cuantificado del período señalado es de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional). Asimismo, informó que realizó el cambio de beneficiario en la nómina de pago de pensión alimenticia de Petra Castro Ramales, por EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO (hijo) y en lo sucesivo operará el descuento por concepto de pensión alimenticia definitiva equivalente al 30% treinta por ciento del salario base y demás prestaciones del deudor alimentario y el pago en favor del acreedor alimentario EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO. Mediante oficio 430/2021 recibido en este juzgado federal el veintiocho de mayo del año en curso, el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, informó que dentro del expediente 169/1998, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, informando que el período por el que se suspendió el pago de 30% treinta por ciento, por concepto de pensión alimenticia, fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte, aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, lo que asciende a un monto total de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional), los cuales serán pagados en forma quincenal. Por lo anterior, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades responsables, el cual se notificó por lista a la parte quejosa el ocho de junio reciente y por lista a la parte tercera interesada el uno de junio de este año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, así como por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de artículo 16 Constitucional, por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que mediante oficio 215/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de abril del año en curso, el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, informó que dentro del expediente 169/1998, por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, determinó e hizo constar que el citado juicio de alimentos iniciado por Petra Castro Ramales, en representación de su entonces menor hijo EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO y continuado por éste, contra EMIGDIO BARRERA VERGARA, surte plenos efectos legales la pensión alimenticia definitiva otorgada a favor de EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO hoy en día por su propio derecho y que consiste en el equivalente al treinta por ciento del salario bases y demás prestaciones. Asimismo, giró oficio al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla, para que informara al juez responsable, a cuántos meses asciende y que se dejaron de pagar a EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO e incluso, si la prestación del aguinaldo le fue pagada o no, al año dos mil diecinueve, y en caso afirmativo debería informar y precisar la cantidad a pagar. Por su parte, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, mediante oficio SEP- 4.2.3.-DRH/4391/2021, recibido en este juzgado federal el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, informó el período en el que se dejó de pagar la pensión alimenticia fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, al quince de febrero de dos mil veinte y parte proporcional de aguinaldo de dos mil diecinueve, que el monto total cuantificado del período señalado es de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional). Asimismo, informó que realizó el cambio de beneficiario en la nómina de pago de pensión alimenticia de Petra Castro Ramales, por EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO (hijo) y en lo sucesivo operará el descuento por concepto de pensión alimenticia definitiva equivalente al 30% treinta por ciento del salario base y demás prestaciones del deudor alimentario y el pago en favor del acreedor alimentario EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO. Mediante oficio 430/2021 recibido en este juzgado federal el veintiocho de mayo del año en curso, el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, informó que dentro del expediente 169/1998, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, informando que el período por el que se suspendió el pago de 30% treinta por ciento, por concepto de pensión alimenticia, fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte, aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, lo que asciende a un monto total de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional), los cuales serán pagados en forma quincenal; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. DEPURACIÓN ORIGINAL INCIDENTE En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". DUPLICADO DE INCIDENTE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". En consecuencia, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrense al expediente los oficios signados por el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, vistos su contenidos, agréguense para que obren como legalmente correspondan, atento a lo acordado en el cuerpo del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, visto su contenido, no es el caso de realizar mayor proveído al respecto, atento a que mediante acuerdo de treinta y uno de mayo, se dio vista a las partes con el cumplimiento de ejecutoria por parte de la autoridad oficiante. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el oficio 430/2021 del Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, recibido en este juzgado federal el veintiocho de mayo del año en curso, mediante el cual dá cumplimiento dado al fallo protector, y para tal efecto informa que dentro del expediente 169/1998, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, informando que el período por el que se suspendió el pago de 30% treinta por ciento, por concepto de pensión alimenticia, fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte, aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, lo que asciende a un monto total de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional), los cuales serán pagados en forma quincenal, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que mediante oficio 215/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de abril del año en curso, el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, informó que dentro del expediente 169/1998, por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, determinó e hizo constar que el citado juicio de alimentos iniciado por Petra Castro Ramales, en representación de su entonces menor hijo EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO y continuado por éste, contra EMIGDIO BARRERA VERGARA, surte plenos efectos legales la pensión alimenticia definitiva otorgada a favor de EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO hoy en día por su propio derecho y que consiste en el equivalente al treinta por ciento del salario bases y demás prestaciones. Asimismo, giró oficio al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla, para que informara al juez responsable, a cuántos meses asciende y que se dejaron de pagar a EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO e incluso, si la prestación del aguinaldo le fue pagada o no, al año dos mil diecinueve, y en caso afirmativo debería informar y precisar la cantidad a pagar. Por su parte, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, mediante oficio SEP-4.2.3.-DRH/4391/2021, recibido en este juzgado federal el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, informó el período en el que se dejó de pagar la pensión alimenticia fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, al quince de febrero de dos mil veinte y parte proporcional de aguinaldo de dos mil diecinueve, que el monto total cuantificado del período señalado es de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional). Asimismo, informó que realizó el cambio de beneficiario en la nómina de pago de pensión alimenticia de Petra Castro Ramales, por EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO (hijo) y en lo sucesivo operará el descuento por concepto de pensión alimenticia definitiva equivalente al 30% treinta por ciento del salario base y demás prestaciones del deudor alimentario y el pago en favor del acreedor alimentario EMIGDIO SAÚL BARRERA CASTRO. Mediante oficio 430/2021 recibido en este juzgado federal el veintiocho de mayo del año en curso, el Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, informó que dentro del expediente 169/1998, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, informando que el período por el que se suspendió el pago de 30% treinta por ciento, por concepto de pensión alimenticia, fue del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte, aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, lo que asciende a un monto total de $31,038.20 (treinta y un mil, treinta y ocho pesos, con vente centavos, moneda nacional), los cuales serán pagados en forma quincenal. Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, visto su contenido, no ha lugar a tener por presentado dicho medio de comunicación; toda vez que, carece de firma autógrafa y de evidencia criptográfica, ya que dicha situación es insuficiente para tener por exteriorizada su voluntad de rendir dicho oficio. Por tanto, ante la falta de firma electrónica en los documentos digitalizados que se adjuntaron al correo electrónico no debe tenerse por presentado el oficio de referencia, pues su autentificación con la evidencia criptográfica es un requisito esencial que debe contener toda promoción y recurso que se presente vía electrónica, tal como se desprende del artículo 3° de la citada ley que establece: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) De lo anterior deriva que en los juicios de amparo, por regla general, toda promoción debe formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, que deberá contener el primero la firma autógrafa original del promovente y el segundo su firma electrónica, la que producirá los mismos efectos que la firma autógrafa original; reglas a las que también deben sujetarse las autoridades responsables. Por tanto, si la autoridad responsable optó por remitir su oficio al correo electrónico del Juzgado de Distrito, debió hacerlo mediante el uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación habilitado para ello utilizando su firma electrónica de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. Pues, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y mediante el uso de la firma electrónica certificada puede promoverse dentro de los juicios de amparo; además de que la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello, porque ante la contingencia sanitaria que acontece, es necesario que la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación se realice, en la medida de lo posible, sin la presencia física de las partes y los integrantes de los órganos judiciales; sin embargo, tales circunstancias no pueden servir de sustento para soslayar formalidades legales trascendentales establecidas en la normatividad aplicable como la vía electrónica (Portal de Servicios en Línea) y la firma (autógrafa o electrónica) en los escritos, acuerdos y determinaciones que, respectivamente, se presenten o se emitan, atento a que como se explicó con antelación sí existe la regulación y posibilidad de las partes para incorporar su firma electrónica. Por tanto, infórmese a la autoridad oficiante, que deberá presentar el oficio con firma autógrafa o electrónica; asimismo, se le reitera que subsiste el apercibimiento decretado en autos, para el caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.

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