Emigdio Salgado Ramos
Expediente 1279/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Emigdio Salgado Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, toda vez que es a ella a quien le causa perjuicio. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Sin que obste para la anterior determinación el que no haya transcurrido el plazo para las autoridades responsables, por el que se les hizo del conocimiento la determinación de mérito, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí que las partes sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio, el mismo no afecta a las referidas autoridades y por tanto, no están legitimadas para interponer recurso contra la citada resolución. Sirve como apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII junio de 1998, página 706, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1 Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa ofreció como prueba de su parte la inspección judicial; por tanto, a efecto de determinar lo relativo a su admisión, se provee lo siguiente: El artículo 119 de la Ley de Amparo y el numeral 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas con excepción de la de posiciones y las que atenten contra la moral y el derecho y que, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, por lo que el juzgador no está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión éstas deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. El primero de tales principios impone como limitación al juzgador, al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; y el segundo, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia, por lo que el juzgador está facultado a no dar trámite a las pruebas que sean inconducentes, y que no guarden relación con la litis constitucional. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J.41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Del estudio de las cuestiones contenidas en el ocurso de mérito, no se estima necesario el desahogo de la inspección ocular intentada por la parte quejosa, ya que el peticionario de amparo pretende acreditar que en su lugar de trabajo no hay medidas de prevención, contención, recursos materiales y humanos a efecto de prevenir el contagio del virus COVID-19. Sin embargo, para que se consideren idóneas las pruebas deben dirigirse a demostrar la afectación que dice se ha cometido en su contra, pero no su existencia y demás características, ya que tal hecho es demostrable con las pruebas documentales relacionadas con el acto reclamado. En ese tenor, las pruebas ofrecidas por las partes deben cumplir, entre otros, los requisitos de idoneidad y pertinencia de la prueba, de manera que estén relacionados con los hechos que se pretenden probar, y que además sean los idóneos para crear convicción en el juzgador. La prueba de inspección ocular ofrecida en este asunto no resulta idónea para el fin propuesto, ya que los actos reclamados son de carácter omisivo, por lo que, a diferencia de los actos positivos, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable. Esto es, cuando la naturaleza del acto reclamado es una omisión corresponde a las autoridades responsables probar que no incurrieron en la omisión que la parte quejosa les atribuye, en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Además, como se mencionó la parte quejosa reclama en síntesis la omisión de emitir un ordenamiento para trabajadores y público en general, con el objeto de garantizar protección respecto al contagio de SARS-COV-2, CORONAVIRUS "COVID19"; por lo que, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para determinar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que refiere el quejoso, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Consecuentemente, al no advertirse la idoneidad y pertinencia de la prueba ofrecida por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desecha por falta de idoneidad la inspección ocular referida. Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir de oficio la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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