Emigdio Lugo Couret

Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
417/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Emigdio Lugo Couret

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo señala que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que alude la citada Ley Reglamentaria. Atento a lo anterior, no obstante que la autoridad Director de Recaudación del Servicio de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, no fungió como responsable en esta instancia constitucional, por tanto se encuentra vinculada para dar cumplimiento con la sentencia de amparo; en consecuencia, con los insertos necesarios como son demanda, sentencia y ejecutoria, con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad Director de Recaudación del Servicio de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 144 del Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, Registro digital 172605, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Y, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el oficio número SATES-DR-DDC-2562/2023, signado por la Jefe del Departamento de Devoluciones y Compensaciones, en suplencia por ausencia del Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, con el cual comunica los trámites que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, la autoridad vinculada Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, no obstante que en oficio recibido el dieciocho de octubre informó las trámites realizados; por tanto, con apoyo en el artículo 197 de la Ley, se requiere a la nombrada autoridad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es para que: "a). Se deje sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenida en el recibo de pago de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa a nombre de la parte quejosa, con número de folio 0000519615, y no aplique en el futuro, a Emigdio Lugo Couret, la porción normativa declarada inconstitucional. b) Por otra parte, tomando en consideración que lo dispuesto en el artículo 50 fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuestos en considerandos precedentes, lo que conlleva que no se afecta el mecanismo impositivo esencial, el efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de los actos de aplicación que también resultaron viciados, es para que la parte quejosa, únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (diez veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización), esto es, sin considerar el monto de la operación para determinar dicha contribución; por tanto, se devuelva la cantidad actualizada y que fuera erogada por la parte quejosa a la cual se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad. c) Igualmente, se debe devolver a la parte quejosa la cantidad que cubrió por el concepto de: "10% Pro- Educ", actualizada, dado que dicho cobro fue determinado como consecuencia directa e inmediata de la aplicación del mencionado numeral 50, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, norma que, como ya se dijo, es contraria al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad vinculada Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a la autoridad responsable, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de la citada autoridad responsable, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. No se omite señalar a la autoridad vinculada Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, que en caso de incumplimiento de lo ordenado, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, a sus integrantes se le aplicará una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, esto es $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, asimismo procedería separarlo de su cargo y consignarlo al Juez de Distrito que corresponda.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos sin mayor proveído el escrito de cuenta, signado por el licenciado Ricardo Daniel Ceballos Rocha, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, con el cual hace diversas manifestaciones respecto a la vista que se le dio en acuerdo de treinta de octubre del año en curso; en atención a lo que manifiesta estese a la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.

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