Emigdio Epifanio Capistran Velazquez
Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Emigdio Epifanio Capistran Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la consulta electrónica del expediente ****** En ese sentido, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, autorícese al juzgado oficiante la consulta del expediente electrónico de este asunto para que obtenga el acceso a la información que requiere. Por tanto, infórmesele que desde este momento el expediente electrónico del juicio de amparo 240/2023-I se encuentra disponible para su consulta, previa vinculación que realice en su respectivo expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.eaa
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veintisiete de febrero del año en curso, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse notificada, como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 431/2022-II, promovido por********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada en el buzón judicial el ocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el once de abril del mismo año a este órgano jurisdiccional,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Jueza Menor Mixta de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Una vez subsanada la prevención por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El tres de octubre de la anualidad pasada, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de las autoridades y acto reclamado. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, la autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós emitida en el juicio ejecutivo mercantil ********************, mediante la cual la Jueza Menor Mixta de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, donde aprueba el convenio celebrado en dicha audiencia y lo eleva a categoría de cosa juzgada, respecto de la cláusula primera en lo referente a dejar en dación de pago todos y cada uno de los bienes embargados en la diligencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, y El acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós emitido en la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Menor Mixto de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado la notificación realizada por medio de boletín judicial respecto del acuerdo impugnado, ello, pues aun cuando están incluidos en el apartado respectivo, lo cierto es que materialmente son conceptos de violación y no un acto combatido. Máxime que se estimó oportunamente combatido el acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Jueza Menor Mixta de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y actuario de su adscripción, pues así lo informaron al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las constancias que el Tribunal responsable anexó a su informe justificado, consistente en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** y la tercería excluyente de dominio que derivo de dicho juicio en las cuales obran. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia propuesta. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. Resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Por otra parte, atendiendo a las particularidades del caso, destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los cuales se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, a saber: a) Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b) Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c) Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/98, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." Ahora bien, con el fin de analizar la causa de improcedencia es necesario realizar una relatoría a manera de antecedentes, las cuales se desprenden de la copia certificada del juicio de origen remitido por la autoridad responsable con el informe justificado: 1. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno ********************en calidad de endosatario en propiedad en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa demando diversas prestaciones a la aquí quejosa ********************(fojas 2 a 9 anexo I). 2. Una vez subsanada la prevención por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza responsable admitió a trámite la demanda, ordenó la diligencia de emplazamiento y embargo a la quejosa (fojas 15 y 16 anexo I). 3. El emplazamiento y la diligencia de embargo se llevaron a cabo el siete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 23 a 27 anexo I). 4. Seguida la secuela procesal, en diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Jueza responsable, aprobó el convenio celebrado en dicha audiencia y lo elevó a categoría de cosa juzgada, del mencionado convenio en cláusula primera se estableció, entre otras cosas, que se deja en dación de pago todos y cada uno de los bienes embargados en diligencia de embargo de siete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 62 y 63 anexo I). Precisado lo anterior, se concluye que en el presente asunto el solicitante de amparo carece de interés jurídico para reclamar la diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós emitida en el juicio ejecutivo mercantil ********************, mediante la cual la Jueza Menor Mixta de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, donde aprueba el convenio celebrado en dicha audiencia y lo eleva a categoría de cosa juzgada, respecto de la cláusula primera en lo referente a que se deja en dación de pago todos y cada uno de los bienes embargados en la diligencia de embargo de siete de diciembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene que los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho en otros términos, parte es todo aquél que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, para manifestar sus excepciones, así como de impugnar todos los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano correspondiente, demandando el cese de esa violación. Al respecto, cabe recordar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés tutelado, cuenta con legitimación procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. La legitimación, en general, se entiende como el estado en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, a quien la ley le otorga ese derecho, es decir, la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas. Al respecto, debe decirse que existen dos tipos de legitimación, que son: una de carácter procesal, determinante y básica para la procedencia del juicio, que se denomina ad procesum, y la segunda, determinante para obtener una sentencia favorable, que se llama ad causam. Orienta lo anterior la jurisprudencia 75/97, e de rubro y texto: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En esa tesitura, el primer presupuesto para la procedencia del juicio de amparo está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo. Así, de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de derechos fundamentales, más no así, por quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover el juicio de amparo es personal. Ahora bien, como se anticipó el quejoso********************, impugna la diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós emitida en el juicio ejecutivo mercantil de origen, mediante el cual aprueba el convenio celebrado en dicha audiencia y lo eleva a categoría de cosa juzgada respecto de la cláusula primera donde se deja en dación de pago todos y cada uno de los bienes embargados en la diligencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, debe señalarse que dicho acto no puede impugnarlo a través del juicio de amparo, en tanto no es parte en dicho controvertido y, por ende, tales actuaciones procesales, per sé, no le generan agravio. Ello, pues la litis en dicho juicio se circunscribió e integró entre ********************en su calidad de endosatario en procuración en propiedad, contra ********************, de quien demandó el pago de una cantidad por concepto de suerte principal y diversas prestaciones, de ahí, no tiene legitimación para reclamar una actuación emitida en el juicio de origen, sino en su caso únicamente respecto de los bienes y estos fueron materia de la tercería excluyente de dominio promovida. Entonces, no tiene legitimación en dicho juicio para combatir la diligencia de diligencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós emitida en el juicio ejecutivo mercantil ********************, mediante la cual la Jueza Menor Mixta de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, aprueba el convenio celebrado y lo eleva a categoría de cosa juzgada, respecto de la cláusula primera en lo referente a que se deja en dación de pago todos y cada uno de los bienes embargados en la diligencia de embargo de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis XXI.2o.C.T.12 C (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR IMPROCEDENTE, LA INSTADA POR EL TERCERO OPOSITOR QUE CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS MEDIOS ORDINARIOS A SU ALCANCE." En lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con los numerales 61, fracción XII, y 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora bien en lo concerniente al acto reclamado en el inciso b) consistente en acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós emitido en la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Menor Mixta de Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Como puede advertirse, la citada causal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un medio de impugnación extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que se reclama, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso, si el quejoso se duele del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, emitido por la responsable, mediante el cual determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado por auto de diez de febrero del mismo año y desechó de plano su escrito de tercería excluyente de dominio por no haber subsanado la prevención. En ese tenor, la parte quejosa debió observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, esto es, interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 1336, 1338, 1339 párrafo sexto, 1339 Bis y 1341, del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes". "Artículo 1,338. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso". "Artículo. 1,339 (.) El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (.)". "Artículo 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables". "Artículo 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior, esto es, se trata de un medio de impugnación de tipo vertical que debe ser resuelto por un tribunal de alzada; que dicho recurso, en lo que aquí trasciende, puede ser de tramitación inmediata o conjunta con la sentencia definitiva; que son apelables los autos si lo fuere la sentencia definitiva, siempre que aquéllos causen un gravamen no reparable en esta última; y, finalmente, que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. En el caso, el acto reclamado fue dictado en una tercería excluyente de dominio en la que se pretendió el levantamiento del embargo decretado sobre un bien embargado en un juicio ejecutivo mercantil, esto es, dicha tercería es de naturaleza mercantil. En relación con este tipo de tercerías, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2013, en lo toral, estableció que éstas deben considerarse de cuantía indeterminada y, por ende, contra la resolución que les pone fin procede el recurso de apelación de conformidad con el artículo 1339 Bis del Código de Comercio; lo anterior, toda vez que -sostuvo- en la tercería excluyente de dominio el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería. Criterio que quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 94/2013, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". Luego, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales; esto es, el legislador previó un medio de defensa en la alzada, mediante el cual pudo obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En ese tenor, es inconcuso que el acto aquí reclamado, debió ser impugnado por el medio de defensa ordinario previsto en el numeral 1341 del Código de Comercio antes de promover el presente juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración por, por identidad jurídica, sirve de apoyo la tesis V.1o.2 C, de rubro y texto: "TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL AUTO QUE DENIEGA LA ADMISION DE LA DEMANDA ES APELABLE. De la lectura de los artículos 1367 a 1376 del Código de Comercio, se arriba a la conclusión de que el procedimiento relativo a las tercerías excluyentes de dominio son verdaderos juicios, autónomos del que derivan; de ello se sigue que contra el desechamiento de una tercería excluyente de dominio, deben aplicarse las mismas reglas en cuanto a la procedencia de recursos en tratándose de los acuerdos que desechan la demanda. De consiguiente el acuerdo que deniega la admisión de una demanda de una tercería excluyente de dominio, causa un gravamen, el cual es claro, que no puede repararse en la sentencia definitiva, dado que en la especie, ésta ya se dictó y, por otro lado, implica que tal gravamen resulta irreparable, por cuanto que las pretensiones de los promoventes ya no van a ser objeto de análisis y si la cuantía del negocio se encuentra satisfecha para la procedencia del recurso de apelación, se estima que el negocio jurídico reúne las características requeridas para que sea objeto del recurso de apelación y, por tanto debe estimarse que dicho auto es apelable." Además, si la parte quejosa es quien promovió la demanda de tercería excluyente de dominio dentro del juicio de origen, es inconcuso que se encontraba legitimada para interponer el recurso previsto en el numeral 1341 del Código de Comercio, por lo que no se ubican en la hipótesis de excepción a que se refiere el inciso c) de la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se traten de personas extrañas al procedimiento natural. De igual manera, en el caso resulta que el acto en estudio no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni de aquellos previstos en el precepto 22 Constitucional, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el segundo párrafo de la fracción y numeral invocados. Por ende, como en la especie, el aquí quejoso no se encuentran en un caso de excepción al principio de definitividad, estaba obligada a agotar el recurso correspondiente. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo es aplicable, la tesis XIX.2º.13K, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DEAMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procésales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la diversa fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Finalmente, fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee por las razones señaladas en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron, asistida de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Emigdio Aguilar Campos1334/2021
- Emigdio Aguilar Campos1534/2022
- Emigdio Aguilar Campos511/2021
- Emigdio Aguilar Campos1131/2021
- Emigdio Aguilar Campos493/2023
- Emigdio Epifanio Capistran Velazquez399/2023
- Emigdio Lugo Delgado1338/2018
- Emigdio Martínez García1966/2011
- Emilia Gamarra Díaz181/2016
- Emilia Rodríguez Contreras969/2017
- Emilia Rodriguez Contreras439/2017
- Emilia Rodríguez Contreras2046/2018