Emigdio Casarrubias Nava
Expediente 568/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Emigdio Casarrubias Nava
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó a los autos copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo así tal documento serán destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por Emigdio Casarrubias Nava, por propio derecho y en calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Guerrero, personalidad que acredita en términos de la constancia que anexa, contra actos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 568/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C, encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Así, del análisis integro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Del análisis integral de la demanda de garantías, permite establecer que el acto reclamado consiste en: Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los normativos transcritos se obtiene que en el caso de actos derivados del procedimiento de ejecución, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en éste, por la cual debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante el procedimiento. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una excepción a la regla general consistente en que el amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, a los actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, cuyo análisis inmediato procede en el juicio de amparo indirecto, esto es, sin que sea necesario esperar al dictado de la última resolución. Al caso, es aplicable la jurisprudencia siguiente, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, número P./J. 108/2010, registro 163152, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Cabe precisar que los criterios transcritos en el desarrollo del presente estudio que citan preceptos de la Ley de Amparo abrogada continúan vigentes, por no contravenir disposiciones de ese ordenamiento jurídico en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en términos de su artículo sexto transitorio. En el caso, de la lectura integral de la demanda y su aclaración, se desprende, en lo conducente, que la quejosa es demandada en el juicio laboral ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; expediente que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia; dado que manifiesta que el acto reclamado es el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el incidente innominado de cumplimiento del laudo, dictado en el juicio de origen; determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Derivado de lo antes expuesto, se aprecia que en relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto impugnado fue dictado en el procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, sin que constituya la última resolución emitida en aquél, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, ni declara la imposibilidad material o jurídica para ejecutarla. En efecto, el acto reclamado no tiene el carácter de última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia ni impide la continuación de ese procedimiento, dado que no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, como tampoco se ordena el archivo definitivo del expediente. De igual forma, no se trata de un acto que sea de excepción a la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, acorde con la regla general contenida en el artículo 107 de la Ley de Amparo, la quejosa podrá promover el juicio de amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el cual estarán en posibilidad de impugnar todas aquellas determinaciones dictadas dentro de la fase de ejecución. Sobre el tema, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, registro 164639, de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De conformidad con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas por así manifestarlo. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos a los autorizados, a fin de que lleven a cabo la obtención de imágenes digitalizadas de los autos que integran el presente asunto, en el entendido que el uso indebido de dichas fotografías es exclusivamente su responsabilidad. Notifíquese personalmente.
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