Emigdio Aaron Marentes Báez

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Emigdio Aaron Marentes Báez
  • Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio en que se actúa, un legajo de constancias y copia certificada de la resolución dictada en el toca de Inconformidad.- 10/2022, en la que declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el citado cuaderno de amparo; en consecuencia, acúsese recibo. Desglósese del cuaderno de antecedentes respectivo las constancias que no obran en original, e intégrense al presente expediente. Notifíquese por oficio al tribunal oficiante, a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso, se le tiene interponiendo recurso de inconformidad, en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 202 y 203 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes la interposición del citado recurso y remítase el cuaderno original del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno para su substanciación, enviándole por separado el original del escrito de expresión de agravios y copia simple para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, quedando a disposición de las partes la copia correspondiente en esta Secretaría. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que el recurso mencionado en líneas que anteceden, debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, remítase el medio de impugnación por conducto del buzón judicial para que se le asigne número y se turne al Tribunal Federal que en razón de turno le corresponda conocer, lo anterior conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial, de la que se advierten los motivos por los cuales, la Fedataria judicial de la adscripción no pudo llevar a cabo la notificación del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, al quejoso **********. En esas condiciones, túrnese de nueva cuenta el citatorio correspondiente con los insertos necesarios al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio señalado en autos, y practique su notificación, inclusive en días y horas inhábiles debiendo cerciorarse si ahí puede ser localizado el quejoso en cita, ya sea preguntando a los vecinos o llamando directamente a la puerta de dicho inmueble. Notifíquese personalmente al quejoso, y por lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo al quejoso XXXXXXXXX. Dicha sentencia causó ejecutoria el veinte de enero de dos mil veintidós, por lo que se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento en los siguientes términos: "(.) Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo al quejoso XXXXXXXXX, a efecto de que la Sala responsable: I. Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en los autos del toca XXXXXXXXX. II. Dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda, atento a las consideraciones expresadas en la presente sentencia. (.)" En respuesta de ello, mediante oficios recibidos el veintiséis de enero y cuatro de febrero de dos mil veintidós, la Sala responsable informó el cumplimiento que dieron a la ejecutoria de amparo, de los que se advierte lo siguiente:  Dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca XXXXXXXXX.  Con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que, con base en lo determinado en la ejecutoria de amparo, valoró las pruebas ofrecidas en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el ahora quejoso, así como analizó los artículos 94, 281 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y los diversos 303 y 320 del Código Civil aplicable a esta Ciudad; por lo que, determinó que no era procedente tal incidencia atento a que la acreedora alimentaria, había acreditado que se encontraba estudiando y que tales estudios eran acordes a su edad. Con a lo anterior, en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con los oficios remitidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En desahogo de lo anterior, la parte quejosa presentó escritos, registrado con los números de folio 3151 y 6365, en los que expuso grosso modo que la Sala responsable no valoró la totalidad de las pruebas ofrecidas en el incidente de origen, así como que no fue correcto que dicha autoridad haya señalado que el ahora quejoso debía haber impugnado u objetado los informes de la Universidad en la que se encontraba inscrita su contraria, ya que en la ejecutoria de amparo se estableció que se debían estudiar todos los medios de convicción ofrecidos en el procedimiento de origen; asimismo, refiere que tampoco se señalaron las expresiones por las que es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que la Sala responsable dejó sin efectos la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, asimismo, con base en los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y con plenitud de jurisdicción, realizó la valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de origen, lo que realizó de la siguiente forma: De los informes de la Universidad en la que se encontraban estudiando la aquí tercera interesada, se demostró que, al momento de contestar la demanda incidental, la tercera interesada se encontraba inscrita en tal institución. Además, precisó que la Licenciatura en Derecho que cursaba la acreedora alimentaria, ordinariamente, inicia entre los dieciocho y diecinueve años, para ser concluida entre los veintidós y veintitrés años de edad; por lo que si la tercera interesada inició sus estudios profesionales a los dieciocho años, los estudios del trimestre del nueve de septiembre a noviembre de dos mil diecinueve, eran acordes a su edad, lo que aconteció de igual forma respecto del trimestre correspondiente al dieciséis de diciembre al veinte de marzo de dos mil veinte. Que no había tenido desinterés en sus estudios, ya que los trimestres en que se encontraba estudiando eran acordes a su edad, además que, de las asignaturas que había reprobado, las acreditó con posterioridad. Que para demostrar que no había sido diligente en sus estudios, debía acreditarse una disparidad entre la edad y el grado escolar, lo que en la especie no aconteció. Asimismo, señaló que el quejoso fue omiso en impugnar cualquier determinación judicial, con relación a la dilación del procedimiento, por lo que no podía ser motivo de análisis en el recurso de apelación de mérito. Por otra parte, el criterio que alude el quejoso, lo citó en apoyo a las consideraciones relacionadas, respecto a la demostración que debe realizar el acreedor alimentario cuando tiene la mayoría de edad respecto del grado académico que curse, para que sea procedente que se le siga otorgando una pensión alimenticia. De lo transcrito, resulta que la Sala responsable atendió a la ejecutoria de amparo, ya que realizó un análisis de los documentos exhibidos por las partes, así como a las particularidades del caso concreto, con relación a la edad de la acreedora alimentaria y el grado de estudios en que se encontraba inscrita, por lo que, con plenitud de jurisdicción, determinó que no era procedente la cancelación de la pensión alimenticia a cargo del quejoso. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que el Juez responsable:  Dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca XXXXXXXXX.  Con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que, con base en lo determinado en la ejecutoria de amparo, valoró las pruebas ofrecidas en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el ahora quejoso, así como analizó los artículos 94, 281 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y los diversos 303 y 320 del Código Civil aplicable a esta Ciudad; por lo que, determinó que no era procedente tal incidencia atento a que la acreedora alimentaria, había acreditado que se encontraba estudiando y que tales estudios eran acordes a su edad. No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en la remesa correspondiente al doce de abril de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; notifíquese personalmente el presente proveído, asimismo hágasele de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tales documentos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, será destruido por el Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, personalmente a la quejosa y por lista a las demás partes.

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