Emeterio Orozco Toral y Otros.
Expediente 191/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Emeterio Orozco Toral y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 103 a 110), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la demanda promovida por 1. EMETERIO OROZCO TORAL, 2. ENOC GONZÁLEZ OROZCO, 3. JOSELINO OROZCO GIRÓN, 4. FLORENTINO OLIVERA RAMÍREZ, 5. ALBERTÍN OSORIO TOLEDO, 6. ERNESTO VILLANUEVA LÓPEZ, 7. AQUILEO RAMÍREZ VÁSQUEZ, 8. GAMALIEL VILLANUEVA FLORES, 9. EDMUNDO LEÓN OLIVERA, 10. AGEO DE JESÚS OLIVERA, 11. CONSTANTINO OLIVERA ESCOBAR, 12. GERMÁN TORAL DE JESÚS, 13. CRISTINO MENDOZA VÁZQUEZ, 14. ENRIQUE RAMÍREZ TORAL, 15. HELIODORO TORAL TORAL, 16. ELISEO BETANZOS JIMÉNEZ, 17. ANTONIO OROZCO TORAL, 18. NEFTALI RIVERA SOLANA, 19. ERIC BETANZOS JIMÉNEZ, 20. EMANUEL OROZCO TORAL, 21. NATAN GONZÁLEZ OROZCO, 22. MIGUEL ÁNGEL MAQUEO TORAL, 23. LEVIS CASTILLO REYES, 24. DAVID GONZÁLEZ OROZCO, 25. BALTAZAR MENDOZA SOLANA, 26. LEONID FLORES VÁSQUEZ, 27. ANIVAL FLORES VÁSQUEZ, 28. ARMANDO MORAY GERÓNIMO, 29. DIONICIO SOLANA OROZCO, 30. ARCELIA RAMÍREZ BENICIO Y 31. ALFREDO REYES VILLANUEVA, contra actos del Delegado Federal de la Procuraduría Agraria con sede en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y de otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 191/2018. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si la demanda de amparo está afecta a alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: En el caso, de un estudio integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que debe desecharse la demanda de amparo de cuenta, en la cual los quejosos reclaman actos del Delegado Federal de la Procuraduría Agraria con sede en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y del Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria con sede en la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hacen consistir en:.. De las transcritas normas se colige que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. Además, ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos, acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel sujeto que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Luego, las citadas relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se imponga de manera unilateral, imperativa y coercitiva a través de un acto que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, atentando contra sus derechos fundamentales. En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como autoridad responsable e hizo valer como actos reclamados:... Ahora bien, cabe precisar que en términos de la Ley Agraria, los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título (artículo 9°.) ; asimismo, los ejidos operan de conformidad con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Luego, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Agraria, la Asamblea constituye el órgano supremo del ejido y en la que participan todos los ejidatarios; la cual se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Por su parte, en términos de los artículos 134 y 135 de la Ley Agraria, la Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria; la cual tiene funciones de servicio social, y encargada de la defensa y asesoramiento de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la ley y su reglamento, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de la propia normatividad. Sus atribuciones se circunscriben a lo establecido en el artículo 136 de la Ley Agraria, con base en las cuales si bien la emisión de las convocatorias es una facultad de la Procuraduría Agraria, lo cierto es que no puede perderse de vista que su actuación es como coadyuvante en el ejercicio de los derechos del núcleo ejidal, comunal en este caso, pues es precisamente éste quien le solicita haga la convocatoria, y quien realmente tiene un interés en su celebración y en la separación de los miembros de aquellos órganos del ejido o comunidad. Así es, la convocatoria únicamente es realizada por la Procuraduría Agraria a solicitud de los interesados (núcleo ejidal o comunal), a efectos de coadyuvar en la verificación de la citada asamblea, pero en modo alguno a través de aquélla, se genera una obligación que le sujete a actuar de una u otra forma, ni se resuelve un conflicto que repercuta en los intereses de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. Lo que permite afirmar que en su calidad de coadyuvante, únicamente hace el anuncio correspondiente para citar a las sujetos que integran el núcleo ejidal, y se pueda constituir la asamblea para los fines que el propio núcleo lo solicitó, como lo es la remoción de los miembros del comisariado ejidal y del comité de vigilancia, para ahí alcanzar la determinación por mayoría de votos a la que deberán sujetarse. Además, de que el único órgano facultado en exclusiva para conocer de la remoción de los integrantes del comisariado ejidal y del comité de vigilancia, es la asamblea en la que participan todos los ejidatarios, esto es, se trata de un ejercicio interno y que se desarrolla bajo las propias reglas que la ley establece y los instrumentos legales a que el propio ejido está facultado. En esas condiciones, la Procuraduría Agraria sólo actúa en ese caso concreto -se reitera- como un coadyuvante para su realización, pero de forma alguna exige o impone una conducta de hacer o no hacer a los miembros del ejido, y mucho menos resuelve conflictos que se presenten entre sus miembros, por lo cual no puede constituir una resolución, entendida de manera general desde el ámbito doctrinal como un acto procesal a partir del cual, un juez o tribunal atiende las necesidades de quienes acuden a él para ponerles fin. Aspecto que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis 67/2016, al referir que:... Por tanto, atendiendo a lo aquí analizado en relación con la naturaleza de los actos en la especie reclamados, es dable concluir que el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en el Estado de Oaxaca, y el Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, con residencia en la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional, ya que como se refirió, el único ente facultado para remover a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, lo es la asamblea, toda vez que a dicha procuraduría únicamente le toca emitir la convocatoria respectiva, a solicitud de los propios ejidatarios, lo que revela que las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo y el juicio en su contra es improcedente. Del dispositivo transcrito, se advierte que establece lo que la jurisprudencia ha denominado como "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. En ese orden, si los quejosos reclaman del Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en el Estado de Oaxaca, la convocatoria que emitió para la celebración de la asamblea de comuneros que se llevará a cabo el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la comunidad de Santiago Lachiguiri, municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca, para remover o ratificar el cargo a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de dicha comunidad; ello, según se advierte de la convocatoria referida que anexan los propios solicitantes del amparo. Sobre el particular, es menester precisar que al ordinal 27 de la Constitución General de la República, se le adicionó la fracción XIX, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, fracción en la que el Estado dispuso las medidas para la impartición de la justicia agraria con el propósito de garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, esta adición constituye en concepto del suscrito, la base de lo que con posterioridad dio el nacimiento a los Tribunales Agrarios. En posterior decreto publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, en el propio Diario, a la fracción citada se le agregaron dos párrafos, los cuales son del tenor siguiente:.... Lo transcrito permite afirmar, que con la mencionada inclusión en el precepto 27 constitucional, se crearon los Tribunales Agrarios, para resolver todas las controversias relacionadas con la tenencia de la tierra en los ejidos y comunidades. De ahí, que los actos reclamados por los quejosos, es competencia del Tribunal Agrario, de conformidad a lo previsto en los numerales 163 y 166 de la Ley Agraria, que disponen:.... De los numerales trascritos se desprende, que los juicios agrarios son los que tienen por objeto substanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y que dichos tribunales proveerán las diligencias pertinentes necesarias para proteger a los interesados, pudiendo acordar la suspensión del acto de la autoridad agraria que pueda afectarlos. En el caso a estudio la pretensión de los peticionarios del amparo es que se deje insubsistente la convocatoria para la celebración de la asamblea general de comuneros en la comunidad de Santiago Lachiguiri, municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca, a celebrarse el catorce de mayo de dos mil dieciocho, a fin de remover o ratificar a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y de Vigilancia de dicha comunidad. Por tanto, resulta válido colegir que dicho acto se ubica en los rubros señalados en el dispositivo 18, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 163 de la Ley Agraria antes transcritos; de ahí, que es evidente que de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Agraria antes trascrito, procede su impugnación ante el Tribunal Unitario Agrario, pues es susceptible de ser analizado mediante el juicio de nulidad, ya que dicho medio de defensa legal, puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En tales condiciones, se itera, previo a promover el presente juicio de amparo, los quejosos debieron acudir ante el Tribunal Agrario, en los términos de lo dispuesto por el ordinal 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que dispone:... Lo anterior, a efecto de combatir, por medio del juicio mencionado, la ilegalidad del acto reclamado. Máxime que con la interposición de ese medio de defensa se suspenderían los efectos de tales actos, sin exigirse mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo vigente para otorgar la suspensión, según se desprende de lo dispuesto por el referido precepto 166 de la Ley Agraria. Por tanto, debe considerarse que en el caso a estudio, no quedó colmado el principio de definitividad. En razón de que en el caso, no acude al juicio de amparo un núcleo ejidal sino que acuden 1. EMETERIO OROZCO TORAL, 2. ENOC GONZÁLEZ OROZCO, 3. JOSELINO OROZCO GIRÓN, 4. FLORENTINO OLIVERA RAMÍREZ, 5. ALBERTÍN OSORIO TOLEDO, 6. ERNESTO VILLANUEVA LÓPEZ, 7. AQUILEO RAMÍREZ VÁSQUEZ, 8. GAMALIEL VILLANUEVA FLORES, 9. EDMUNDO LEÓN OLIVERA, 10. AGEO DE JESÚS OLIVERA, 11. CONSTANTINO OLIVERA ESCOBAR, 12. GERMÁN TORAL DE JESÚS, 13. CRISTINO MENDOZA VÁZQUEZ, 14. ENRIQUE RAMÍREZ TORAL, 15. HELIODORO TORAL TORAL, 16. ELISEO BETANZOS JIMÉNEZ, 17. ANTONIO OROZCO TORAL, 18. NEFTALI RIVERA SOLANA, 19. ERIC BETANZOS JIMÉNEZ, 20. EMANUEL OROZCO TORAL, 21. NATAN GONZÁLEZ OROZCO, 22. MIGUEL ÁNGEL MAQUEO TORAL, 23. LEVIS CASTILLO REYES, 24. DAVID GONZÁLEZ OROZCO, 25. BALTAZAR MENDOZA SOLANA, 26. LEONID FLORES VÁSQUEZ, 27. ANIVAL FLORES VÁSQUEZ, 28. ARMANDO MORAY GERÓNIMO, 29. DIONICIO SOLANA OROZCO, 30. ARCELIA RAMÍREZ BENICIO Y 31. ALFREDO REYES VILLANUEVA, por derecho propio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la ejecutoria que dirimió la contradicción de tesis 67/2016, en que se advierte que lo que aquí reclama debe ser materia del juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, y después del juicio de amparo directo, toda vez que así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referir que:..... Así es, debe considerarse que no quedó colmado el principio de definitividad, dado que no se trata de una ley o acto de privación de libertad que exima a los promoventes del amparo, de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir en solicitud de amparo. Así las cosas, deviene incuestionable que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el arábigo 61, fracciones XVIII y XXIII, ésta última en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, y el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que se desecha de plano la solicitud de protección constitucional. Como los quejosos señalan los estrados de este Juzgado como domicilio para recibir notificaciones y acuerdos, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad de los quejosos y estar ajustada a derecho, como lo piden, las notificaciones que les correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, háganseles mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngaseles a los quejosos por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que mencionan en su escrito de demanda, porque en esos términos lo solicitan, y para ello la Ley de Amparo no exige que dichas personas tengan autorización para ejercer la profesión de abogado. De igual forma, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a los quejosos nombrando como representante común a Joselino Orozco Girón.
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