Emeterio Alcaide Trinidad
Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 1 actuación registrada, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Emeterio Alcaide Trinidad
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio; contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 155/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en la audiencia inicial dictada en la carpeta judicial C-57/2022, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, contra los aquí quejosos, en la que se admitió a trámite el incidente que prevé el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por el Asesor Jurídico de la víctima. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que en el acto materia de reclamo, la responsable en la audiencia inicial dictada en la carpeta judicial C-57/2022, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, señaló el cinco de julio de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia incidental. Asimismo, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que el referido incidente del cual emana el acto reclamado se encuentra en trámite, toda vez que no se ha emitido la resolución incidental respectiva. Causa manifiesta e indudable de improcedencia. Establecido lo anterior y en el caso, el suscrito considera que, respecto al acto materia de reclamo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que, en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Con motivo de la causa de improcedencia advertida, es pertinente considerar que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis establecidas en sus veintidós fracciones, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. Por tanto, es oportuno tener en consideración que conforme lo previsto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos procesales dictados dentro de juicio; el amparo indirecto procede sólo contra aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales; es decir, actos de imposible reparación. En ese sentido, tenemos que para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos actos procesales de ejecución cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, y que no podrían repararse al resolverse el asunto aun obteniendo resolución interlocutoria favorable por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores; ya que el prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación quedan conformados en el momento en que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en aquellos supuestos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como en el caso. Así, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, de acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por los quejosos, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable en la audiencia inicial dictada en la carpeta judicial C-57/2022, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, señaló el cinco de julio de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia incidental; por tanto, las violaciones que reclaman en el presente juicio de amparo no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales, y desaparecen si el afectado obtiene resolución interlocutoria favorable. Lo anterior es así, toda vez que los quejosos reclaman la audiencia inicial dictada en la carpeta judicial C-57/2022, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, contra los aquí quejosos, en la que se admitió a trámite el incidente que prevé por el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por el Asesor Jurídico de la víctima. En tales condiciones, como se adelantó, contra dicho acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que la determinación que aquí se combate, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del incidente del cual emana el acto reclamado, los cuales pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no resolución interlocutoria favorable. Lo anterior, en virtud de que de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que el referido incidente del cual emana acto reclamado se encuentra en trámite, toda vez que no se ha emitido la resolución incidental respectiva. En efecto, en el supuesto de que el trámite de aquélla estuviera afectada de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en su perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado del incidente planteado, en cuyo caso, estará en posibilidad de reclamarla nuevamente ante la autoridad que conozca del medio de impugnación que se interponga contra la sentencia interlocutoria que emita el Juez de origen. Entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que el acto que se reclama no causa un perjuicio irreparable a la parte demandante de garantías. Lo anterior es así, se reitera, porque la procedencia del amparo indirecto o biinstancial, previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, no se actualiza en el caso porque los actos de naturaleza procesal por regla general, no son impugnables en amparo indirecto, pues no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos puede ser subsanada si éste obtiene una resolución favorable a sus intereses o en caso contrario, mediante la reposición del procedimiento. Tiene aplicación, la tesis VI.2o.C. J/302, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, página 2594, cuyo contenido es el siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Autorizados Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del precepto legal antes invocado a *****. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******, de esta ciudad. Exhortación a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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