Embotelladora Las Margaritas
Expediente 1655/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1655/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Embotelladora Las Margaritas
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 4307, de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 9769/2017, con el que remite original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Embotelladora las Margaritas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Salvador Monroy Rojas Corona, con tres anexos y escrito de presentación, copia certificada del instrumento notarial 110,113 con copia, constancia de emplazamiento, anexo certificado donde obra el emplazamiento realizado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la sala responsable, escrito de alegatos, oficio 4308, causa penal 232/2013 en seis tomos y los autos del toca penal 860/2017; fórmese expediente, acúsese recibo y regístrese. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la Embotelladora las Margaritas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Salvador Monroy Rojas Corona, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es en su doble carácter de ordenadora y ejecutora, la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien tiene como domicilio el ubicado en Carretera México-Pachuca, Kilómetro 84.5, Sector Primario , en esta Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo._ IV.-ACTO RECLAMADO. Resolución de segunda instancia dictada con fecha 11 once de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca Penal número 860/2017 y emitida por los Magistrados de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual confirma la resolución de fecha 09 nueve de mayo del año dos mil diecisiete, que resolvió el Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, EN CUANTO AL SOBRESEIMIENTO QUE SE DECRETÓ SOBRE EL DELITO DE ROBO CALIFICADO COMETIDO EN AGRAVIO DE LA PERSONA MORAL EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I., DE C.V. DENTRO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 232/2013, en la cual se dictaron los siguientes puntos resolutivos (.)." De las constancias remitidas por la autoridad responsable y, deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se aprecia que el once de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el nueve de mayo del presente año, negó librar orden de aprehensión y sobreseimiento dentro la causa penal 232/2013, la cual se instruyó en contra de Armando Méndez Lugo, Vicente Alvarado Cano, Felipe Mejía López, Carlos Ramón Flores Robles y otros, por los delitos de administración fraudulenta y robo calificado, ambos en agravio de la persona moral denominada Embotelladora las Margaritas, S.A. de C.V. Inconforme con dicha resolución la Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado penal citado, interpuso recurso de apelación, registrándose el toca penal 860/2017, dentro del cual la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el once de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió confirmar la resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete. En desacuerdo con dicha resolución el amparista, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por lo anteriormente establecido y una vez precisado el acto reclamado en el presente juicio, este tribunal colegiado considera que el mismo no tiene la naturaleza de sentencia definitiva para la procedencia del amparo directo, como a continuación se precisará. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de once de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 860/2017, en la que confirmó la resolución de nueve de mayo del año en curso, emitida por el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; dicha resolución no es de las que pone fin al juicio, y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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