Emanuel Ismerai Llanas Alcántara

Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
148/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Emanuel Ismerai Llanas Alcántara

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa ********************; en su atención, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que solicita, por conducto de la persona que autoriza, previa certificación de sustitución de folios se deje en autos y de la razón de entrega correspondiente. Notifíques

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Anotaciones Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés Vista la demanda promovida por ********************, contra actos del 1. Secretario Instructor del Juzgado Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral del Circuito Judicial de la Costa y otras autoridades ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número ******************** SE DESECHA DEMANDA. En este orden, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Del numeral transcrito se observa que el órgano de control constitucional, dictará un auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: Que exista un motivo de improcedencia; y Que sea manifiesto y también indudable. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual tiene designado el registro digital 210751, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo Del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, documentales privadas de acuerdo con el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las que se les otorga plena eficacia demostrativa en su continente y contenido, conforme al libre arbitrio que en materia de pruebas concede al juzgador el artículo 197 del invocado Código Procesal Federal, se desprende lo siguiente: 1. ********************, con RFC ********************, es profesor de Educación Secundaria en la asignatura de matemáticas de la escuela Secundaria Técnica Número 12, con clave ********************. 2. Resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Director de Servicios Jurídicos, en representación del Director General del ******************** Pública de Oaxaca, dentro del expediente ********************, en la que se resolvió la terminación de la relación de trabajo con ********************. 3. Acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral del Circuito Judicial de la Costa, dentro del procedimiento paraprocesal o voluntario ********************, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por ********************, apoderado legal del ********************, en la que solicitó se le notificara personalmente a ********************, la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que contiene la rescisión laboral. 4. Proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por el que ordena al Alcalde o Agente Municipal de Río Grande, Villa Tutupec de Melchor Ocampo, Oaxaca, notifique personalmente a ********************, el aviso de rescisión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En el caso, como puede observarse, el impetrante del amparo reclama del Director de Servicios Jurídicos adscrito al ******************** Pública de Oaxaca y del apoderado legal de dicho instituto, la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************. En ese tenor, la suscrita juzgadora advierte que en contra el aludido acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa . Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 42 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo VI, materia común, Precedentes Relevantes, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, resulta ahora conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. En este tenor, cabe precisar que el aquí quejoso ********************fue personal del ******************** Pública de Oaxaca y de la Secretaría de Educación Pública, legalmente contratado, por lo cual percibe un salario, ya que se desempeñaba como Profesor de Educación Secundaria, en la asignatura de matemáticas adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número doce, ubicada en Río Grande, Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, lo que se traduce en que los actos reclamados derivan de una relación laboral entre el aquí impetrante y las autoridades responsables, es decir, los actos reclamados no se sustentan en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino que derivan de una relación laboral entre tal dependencia (Escuela Secundaria Técnica número doce) y el promovente, al desempeñarse este último como trabajador de la misma, motivo por el cual el presente juicio de amparo resulta ser improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades; de ahí la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, al sustentarse precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación entre gobernante y gobernado. Es así, toda vez que resulta evidente que entre las señaladas autoridades como responsables y el promovente, como trabajador, quien prestaba sus servicios para aquella institución, existe un vínculo contractual que se asimila a la relación laboral existente con un patrón, de ahí que, cualquier decisión adoptada por el patrón atañe a dicho vínculo contractual. Con base en el anterior razonamiento y siendo claro que la relación entre el ahora quejoso y las autoridades que se señalan como responsables, se desarrolla en un plano de igualdad, la conclusión natural es que los actos reclamados, deben regirse por las leyes que regulen su relación de trabajo, sin que sea dable solucionar tal determinación a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad. Ello es así, pues se reitera, los actos reclamados, por su naturaleza inherente, es claro que están encaminados al ámbito del derecho laboral, que en todo caso es quien rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí que las autoridades señaladas como responsables no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia número 16, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doce, Tomo VI, materia común, Quinta Época, Apéndice de 1995, del tenor literal siguiente: ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución. Así como el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la tesis I.6º.T. 26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. En tales condiciones, toda vez que de lo expuesto se evidencia que los actos reclamados derivan de una relación laboral regulada por el derecho privado en que las autoridades señaladas como responsables, actúan como particular (patrón), es inconcuso que en la especie se actualiza la invocada causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado. Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior, también aunado a que el artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, establece que las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En otro aspecto, por lo que concierne a los actos reclamados del Juez Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral del Circuito Judicial de la Costa y Alcalde Único Constitucional de la Agencia Municipal de Río Grande, villa de Tututepec, Oaxaca, que hace consistir substancialmente en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento paraprocesal ********************, del índice del referido juzgado, así como su respectiva notificación, se estima que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la quejosa algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de sentenciado o declara la imposibilidad material o juridica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendió al resultado de la resolución. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De conformidad con la fracción IV del artículo 107 transcrita prevé dos hipótesis de procedencia: a) La consistente en que el amparo indirecto procede contra actos fuera de juicio que provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; y, b) La relativa a que cuando los actos se emitan después de concluido el juicio, se limitan a la última resolución ya sea del periodo de ejecución o del procedimiento de remate; mientras que en el primero, esto es, en actos fuera de juicio, no se determina limitación alguna. Por su parte, el artículo 107, fracción V, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten un derecho sustantivo. En efecto, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. A contrario sensu, no pueden reputarse como actos de imposible reparación aquellos que impliquen sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyas consecuencias son meramente formales o intraprocesales. De tal manera que, si se combaten actos de esos tipos, diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. Con relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que conforme a la anterior Ley de Amparo, existieron una variedad de criterios respecto a qué debía entenderse por actos de imposible reparación; sin embargo, ha apuntado que en la nueva ley reglamentaria, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de dichos actos, los que, para ser calificados como tal, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal trascendencia que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que solo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis 2a. L/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo I. Junio de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P/J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Por tanto, la procedencia del juicio de amparo debe analizarse conforme a la amplitud de la norma contenida en la fracción V del numeral citado -en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que sean de imposible reparación y debe estimarse que tal disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV, ya descrita. Establecido lo anterior, cabe precisar que los actos reclamados en el presente asunto, consistentes en: - En el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento paraprocesal ********************, del índice del Juzgado Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral del Circuito Judicial de la Costa. - Así como su respectiva notificación. Se ubican en el supuesto de la mencionada fracción IV, al ser emitidos por un Tribunal fuera de juicio. Es así, en virtud de que emanan de un procedimiento paraprocesal y, en estos casos, el acto judicial no es jurisdiccional pues no hay partes en sentido estricto, ya que el peticionante únicamente solicitó se notificara la decisión de rescindir la relación laboral. Aunado a ello, tampoco hay controversia, pues esa determinación está sujeta a ser analizada a través del juicio laboral respectivo. Por lo tanto, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento paraprocesal ********************, del índice juzgado Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral del Circuito Judicial de la Costa, por el que se ordenó la notificación del aviso de recisión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, así como su respectiva notificación, no son actos de imposible no producen una reparación, porque no producen una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus resultados no son de tal amenaza que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Máxime que el despido o la rescisión de la relación de trabajo se ventilará en el juicio laboral correspondiente. Aunado a lo anterior, el procedimiento paraprocesal que se reclama, se agotó con la notificación ordenada por el Juez Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral del Circuito Judicial de la Costa, misma que se tuvo por realizada por el Alcalde Único Constitucional de la Agencia Municipal de Río Grande, villa de Tututepec, Oaxaca, no es más que la consecuencia de lo solicitado por ********************, apoderado legal del ******************** -patrón-. Al respecto, es necesario citar el contenido de los artículos 982 y 991 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: "...Articulo 982. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos asuntos que, por mandato de la Ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención del Tribunal, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. (...) Articulo 991.- En los casos de rescisión previstos en el artículo 47, el patrón podrá acudir ante el Tribunal competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere, por los medios indicados en el mismo. El Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación." De la transcripción anterior, se advierte que existen actos en los que por su naturaleza las partes requieren de la intervención de un tribunal, sin que con ello se esté promoviendo un conflicto jurisdiccional, esto es, mediante un procedimiento paraprocesal; uno de los cuales es el establecido en el artículo 991 de la Ley Federal del Trabajo, en el que el patrón puede acudir ante la tribunal competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso de rescisión laboral, razón por la cual tal órgano debe proceder a la notificación. Así, dicho procedimiento paraprocesal tiene como única finalidad dar al trabajador el aviso de rescisión laboral, establecido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; en lo que interesa, tal numeral es del siguiente contenido: "Articulo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: (...) El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso personalmente deberá entregarse al trabajador en el momento mismo del despido o bien. comunicarlo al Tribunal competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga tenga registrado registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal." En ese sentido, no basta que los actos reclamados se emitieran fuera de juicio, sino que además, para ser combatible mediante el juicio de amparo biinstancial, es preciso que vulnere un derecho sustantivo del quejoso, lo que, como ya se dijo, se estima que no ocurrió. Por lo que, como ya se indicó, en el procedimiento paraprocesal del que emanan los actos que por esta vía se reclaman, no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni es un juicio propiamente dicho, toda vez que su único objeto fue notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente. En ese sentido, los actos emanados en ese procedimiento paraprocesal (comunicación de la voluntad del patrón), por si solos no son susceptibles de violentar derechos sustantivos. Es así, porque el aviso de rescisión (finalidad) no altera derecho alguno del quejoso, puesto que se trata de la obligación ineludible al patrón, de dar aviso al t trabajador por escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. Razón por la cual, dichos actos reclamados emanados del procedimiento paraprocesal de mérito, no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivo y al haber sido el referido su único fin, no causó perjuicio en los derechos públicos subjetivos del gobernado. En su caso, se insiste, que es en el juicio laboral donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral. Sirve de apoyo a lo previo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicado en la página 1022, Tomo XVIII, julio de 2023, Materia Laboral, Novena Época, con registro 183939, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL SER EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL. El auto que ordena la notificación al trabajador de la rescisión de la relación laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, así como su ejecución, son actos emitidos en un procedimiento paraprocesal, en el cual no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni existe juicio propiamente dicho, toda vez que el único objeto del aludido procedimiento, en el caso, es notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente; razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos no causan perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que la violación a las garantías derivará, en todo caso, del juicio laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, que es donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral; de ahí la improcedencia del juicio en los términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación la tesis XXI.30.15 L, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1354, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182714, que reza: "AVISO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL PARA REALIZARLO, POR NO OCASIONAR UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO AL TRABAJADOR. Si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos 982 y 991 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje no ejerce, en términos estrictos, jurisdicción contenciosa al tramitar un expediente paraprocesal promovido por el patrón con el propósito de dar al trabajador el aviso de rescisión del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 47 de dicha legislación, sino que se limita a servir de conducto para hacer fehaciente la comunicación respectiva, debe estimarse que sus actos no prejuzgan sobre la legalidad de la rescisión, ni tampoco sobre la oportunidad de la notificación misma, motivo por el cual no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo por parte del notificado, toda vez que éste conserva íntegros sus derechos para defenderlos en la vía contenciosa correspondiente y no le causan agravio personal y directo, que es presupuesto inexcusable de la acción constitucional en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 491, Tomo II, octubre de 1995, registro 203963. del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. SU ILEGAL NOTIFICACIÓN POR LA JUNTA, NO CONSTITUYE LA VIOLACIÓN PROCESAL A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 158, de la Ley de Amparo, previene que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y el artículo 159 del propio ordenamiento enuncia diversas hipótesis que pueden constituir violaciones del procedimiento, afectando las defensas del quejoso, en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo. Con base en lo antes expuesto, debe concluirse que la ilegal notificación del aviso de rescisión, por parte del actuario de la Junta, al trabajador, en el expediente paraprocesal promovido por el patrono, no constituye uno de los supuestos de violación procesal, en los términos de lo dispuesto en ambos preceptos legales ya que, por una parte, tal notificación es ajena al procedimiento del juicio laboral cuyo laudo se combate, pues se efectuó en el expediente paraprocesal para hacer saber al trabajador los motivos de la rescisión de la relación laboral; además, aun en el supuesto de que la notificación de tal aviso rescisorio se hubiere practicado ilegalmente o inclusive hubiese sido omitida, tal circunstancia no constituye violación del procedimiento en los términos indicados, porque no afecta las defensas del quejoso, ni trasciende al resultado del fallo; pues la Junta debe resolver si es válido o no el aviso de rescisión que le presentó aquél y, en su caso, si acreditó o no, los motivos de la rescisión cumpliendo en todo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, las causales de improcedencia en estudio, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho, asimismo, de conformidad con la segunda parte del párrafo segundo del citado ordenamiento a las diversas personas que menciona. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, el promovente proporcionó un usuario; consecuentemente, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, se ordena se practiquen de manera electrónica únicamente aquellas determinaciones que deban ser personales al usuario "********************", el cual se encuentra vinculado con la dirección de correo electrónico ******************** Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, Undécima Época, Registro: 2026122 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." CONSULTA ELECTRÓNICA Con fundamento en el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus numerales del 77 al 83, se autoriza la consulta al usuario "********************". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, la cual podrá consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, deberán asistir a este órgano jurisdiccional en el horario ordinario de labores. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

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