Emanuel Hernandez Rangel

Expediente 1339/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1339/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • EMANUEL HERNANDEZ RANGEL y Otros.
  • Emanuel Hernandez Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; y remite copia certificada de diversas documentales, derivadas del expediente laboral 9/E02/2006. Ahora, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad,1) la omisión de acordar el escrito de cuatro de enero de dos mil veintidós, por el que se solicitó señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación en el expediente laboral 9/E02/2006; 2) la omisión de notificar a las partes de la fecha y hora de la audiencia relativa al incidente de liquidación. Ahora bien, de las documentales anexadas al informe justificado de la responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de cuatro de enero de dos mil veintidós, por el que se solicitó señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las documentales anexadas al informe, se advierte que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, acordó el escrito de cuatro de enero de dos mil veintidós, signado por el licenciado José Guadalupe Baez Ibarra, en su carácter de representante legal de la parte actora, y señaló las diez horas del trece de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de liquidación. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito de cuatro de enero de dos mil veintidós, por el cual la actora (aquí quejosa) solicitó señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de notificar a las partes de la fecha y hora de la audiencia relativa al incidente de liquidación, de las documentales anexadas al informe justificado de la responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto al acto que se reclama, con base en las siguientes reflexiones. "Artículo 62. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la porción del precepto transcrito se desprende que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando de las constancias apareciere demostrado claramente que no existe el acto reclamado. Y, de las documentales anexadas al informe de cuenta, se advierte la inexistencia del acto reclamado. Lo anterior, toda vez que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó el escrito de cuatro de enero de dos mil veintidós y señaló las diez horas del trece de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de liquidación, comisionando actuario de su adscripción para que notifique a la parte actora incidentista y demandada incidentista y les corra traslado con copia autorizada de dicho acuerdo, así como con copia del escrito por el que se promovió el incidente en cuestión. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (uno de agosto de dos mil veintidós), no existía el acto omisivo que la parte quejosa reclama, dado que el veintitrés de agosto de dos mil veintidós se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de liquidación, ordenando la notificación a las partes. En apoyo a lo anterior se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada y advertir la existencia del diverso acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la licenciada Silvia Gael Martínez Castillo, autorizada de los quejosos Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emmanuel Hernández Rangel; mediante el cual solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "silviamtz" y el correo electrónico gael-19911@hotmail.com; asimismo, señala como número de contacto el teléfono celular 8342080051. Consecuentemente, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a la autorizada de la directa parte quejosa, solamente para que consulte las promociones y determinaciones emitidas en el juicio en que se actúa, pues en su escrito únicamente solicita acceso al expediente electrónico; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "silviamtz" y correo electrónico gael-19911@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Sin que ello implique la expresión de voluntad que por ese medio se le realicen las notificaciones personales de conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues el artículo 26, fracción IV, de la Ley de la Materia, prevé la solicitud expresa de las partes para realizar por medios electrónicos las notificaciones, circunstancia que en el caso no acontece. Se hace del conocimiento de la autorizada que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar a la autorizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese; y por correo electrónico institucional a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se agrega a los autos en los que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por el licenciado José Guadalupe Báez Ibarra, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de tres de los corrientes, acredita la personalidad con la que comparece en el presente juicio, es decir, como apoderado legal de los directamente quejosos Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emanuel Hernández Rangel, lo anterior en atención a la constancia que exhibe para tal efecto, de conformidad en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Al respecto, se tiene por desahogado el requerimiento de referencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la citada quejosa, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene con el carácter de tercero interesado a Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas, y se posterga su emplazamiento hasta en tanto la autoridad responsable rinda el informe justificado correspondiente. No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales anexadas al escrito que se provee, las cuales se admiten y desahogan en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico al Fiscal Federal adscrito a este juzgado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se agrega a los autos en los que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por el licenciado José Guadalupe Báez Ibarra, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de tres de los corrientes, acredita la personalidad con la que comparece en el presente juicio, es decir, como apoderado legal de los directamente quejosos Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emanuel Hernández Rangel, lo anterior en atención a la constancia que exhibe para tal efecto, de conformidad en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Al respecto, se tiene por desahogado el requerimiento de referencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la citada quejosa, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene con el carácter de tercero interesado a Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas, y se posterga su emplazamiento hasta en tanto la autoridad responsable rinda el informe justificado correspondiente. No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales anexadas al escrito que se provee, las cuales se admiten y desahogan en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico al Fiscal Federal adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emanuel Hernández Rangel, por conducto de quien se ostenta como su representante legal licenciado José Guadalupe Báez Ibarra, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por estimar violatorios los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1339/2022 Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, en relación con el 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga, realice lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, es decir, como representante legal de la parte quejosa Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emanuel Hernández Rangel, dentro del expediente laboral 9/E02/2006, del índice de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de la materia. Al respecto, atendiendo al transitorio sexto de la Ley de Amparo vigente, sirven de apoyo los criterios que se reproducen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato" (jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" (jurisprudencia P./J. 43/96, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos del párrafo segundo del numeral 114 de la ley de la materia. Sin que pase desapercibido para este juzgado, que del contenido de las constancias que adjunta el promovente al escrito de demanda, se advierta el nombre del licenciado José Guadalupe Báez Ibarra; empero, dichas constancias son exhibidas en copia simple, por lo que éstas son insuficientes para acreditar la personalidad con la que comparece a juicio, en virtud que no se tiene certeza jurídica de su autenticidad. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emanuel Hernández Rangel, por conducto de quien se ostenta como su representante legal licenciado José Guadalupe Báez Ibarra, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por estimar violatorios los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1339/2022 Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, en relación con el 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga, realice lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, es decir, como representante legal de la parte quejosa Mirna Guadalupe Córdova Chavira y Emanuel Hernández Rangel, dentro del expediente laboral 9/E02/2006, del índice de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de la materia. Al respecto, atendiendo al transitorio sexto de la Ley de Amparo vigente, sirven de apoyo los criterios que se reproducen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato" (jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" (jurisprudencia P./J. 43/96, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos del párrafo segundo del numeral 114 de la ley de la materia. Sin que pase desapercibido para este juzgado, que del contenido de las constancias que adjunta el promovente al escrito de demanda, se advierta el nombre del licenciado José Guadalupe Báez Ibarra; empero, dichas constancias son exhibidas en copia simple, por lo que éstas son insuficientes para acreditar la personalidad con la que comparece a juicio, en virtud que no se tiene certeza jurídica de su autenticidad. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente al promovente.

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