Emannuel Duran Nava

Expediente 1067/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1067/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Emannuel Duran Nava
  • Rafael Quintin Duran Nava
  • RAFAEL QUINTIN DURAN NAVA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 21/2021, signado por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, que contiene el acta circunstanciada en la que se hizo constar que se devuelven a este juzgado de distrito diversos asuntos -remitidos vía electrónica-, por haberse dictado sentencia, entre ellos el juicio de amparo 1067/2020, promovido por Efraín Márquez Durán, en representación de ****. Al respecto, resulta innecesario acusar el recibo correspondiente, dado que al ser remitido lo anterior vía electrónica, el sistema genera automáticamente la constancia las partes la sentencia dictada en este juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, se ordena cargar a dicho sistema el archivo digital concerniente a la sentencia remitida por el juzgado auxiliar de referencia. Cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1067/2020, con número auxiliar 71/2021, promovido por *******, en representación de *******, contra actos del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec; y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el que fue turnado en esa fecha al Juzgado Primero de Distrito, *******, en representación de *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS SEÑALO: A LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. 1.- JUEZ LIC. JAVIER HERNANDO ROMERO ULLOA. 2.- JUEZ LIC. LETICIA DAMIÁN AVILÉS. 3.- JUEZ LIC. MARÍA GUADALUPE DELFINA ARREDONDO. 4.- JUEZ LIC. ADÁN DANIEL RODRÍGUEZ APAC. 5.- JUEZ LIC. RAMÓN VILLANUEVA URIBE. 6.- JUEZ LIC. ROBERTO BECERRA LÓPEZ. 7.- JUEZ M. EN D. TOMÁS MATEO MORALES. 8.- JUEZ LIC. BERTHA VERGARA ÁLVAREZ. 9.- JUEZ LIC. KATY LORENA BECERRA ARROYO. 10.- JUEZ LIC. ISIDORO EDIE SANDOVAL LOME. 11.- JUEZ LIC. MARTÍN EULALIO MARTÍNEZ CASARRUBIAS. 12.- JUEZ LIC. ARTURO AMPUDIA AMARO. 13.- JUEZ LIC. ELVIA TERÁN PEÑA. 14.- JUEZ LIC. PATRICIA SOLEDAD AGUIRRE GALVÁN. 15.- JUEZ MARÍA GUADALUPE FLORES SERVÍN. 16.- JUEZ M. EN D. ADOLFO GONZÁLEZ LÓPEZ. 17. JUEZ LIC. ALEJANDRA TREJO RESENDIZ. 18.- JUEZ LIC. DAVID RICARDO PONCE AGUILAR. 19.- JUEZ LIC.NANCY AGUILAR TOVAR. 20.- JUEZ M. EN D. MARÍA LUISA DE JESÚS RODRÍGUEZ CADENA. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALO A LOS CC. 1.- C- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2.- A LA C. ADRIANA PINEDA FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO POR SÍ Y EN . REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO A SU CARGO. 3.- AL C. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 4.- DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO A SU CARGO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS LA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN CONTRA DE MIS DEFENSOS ******* SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD". El promovente del amparo consideró que se violaron los derechos fundamentales de sus representados reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, registró la demanda de amparo con el número de expediente 1067/2020 y previno al promovente del amparo para que acreditara su personalidad mediante documento idóneo, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, o bien manifestara bajo protesta de decir verdad que tenía el carácter de defensor -4- reconocido ante las autoridades responsables, conforme al diverso ordinal 14 de la ley de la materia; asimismo, aclarara la denominación de las autoridades ordenadoras a las que les atribuía el acto reclamado; esto es, especificara a que sede pertenecían los jueces a los que les atribuía el carácter de autoridades responsables. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el promovente del amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que no contaba con el medio idóneo para justificar la representación legal de los directamente quejosos; sin embargo, reiteró que era su defensor particular en diversas causas penales radicadas en el distrito judicial de Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Asimismo, manifestó que las autoridades responsables ordenadoras eran la totalidad de los Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del único distrito judicial en el Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec; Cuautla y Jojutla. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el juez de Distrito tuvo por cumplida la prevención y admitió a trámite la demanda de amparo; pidió el informe justificado de las autoridades responsables; reservó proveer lo conducente al tercero interesado hasta en tanto obraran en autos los informes justificados solicitados; dio la intervención que legalmente . compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el juez de Distrito determinó que les asistía el carácter de terceros interesados a la Asesora Jurídica Oficial adscrita a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión, licenciada Graciela Flores Moreno, quien representaba los derechos de la víctima de iniciales J.G.V.G., y al Agente del Ministerio Público, Alan Lorenzo Gómez, titular de la carpeta de investigación ***** y quien actuaba en la carpeta técnica *****, de la cual derivaba el acto reclamado, por lo que ordenó su emplazamiento. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las diez horas con un minuto del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, inició la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la comparecencia personal de las partes ni de representante legítimo de ellas; en dicha audiencia, el juez de Distrito tuvo por hecha la relación de constancias; luego, abrió la etapa probatoria, en la que tuvo por admitidas y desahogadas la pruebas ofrecidas por las partes; una vez concluida tal etapa abrió la de alegatos, en la que hizo constar que no fueron formulados por ninguna de las partes, con lo que cerró dicho periodo. CUARTO. VINCULACIÓN DE LOS AUTOS CON ESTE ÓRGANO AUXILIAR. Mediante oficio 2/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el órgano auxiliado informó que el expediente número 1067/2020 de su índice (expediente electrónico) estaba en condiciones de vincularse a este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Uruapan, Michoacán, a fin de dictar la resolución correspondiente. QUINTO. ACUERDO DE RADICACIÓN. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado auxiliar proveyó en torno a la vinculación del juicio de amparo (expediente electrónico) antes identificado, el cual registró como auxiliar 71/2021, ordenó el dictado de la sentencia respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, con jurisdicción en toda la República, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido por los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del . -7- Poder Judicial de la Federación; así como en los acuerdos 18/2008 y 30/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales, en lo atinente se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región y se prevé la creación y funcionamiento de este órgano de control constitucional, respectivamente; y la determinación del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal contenida en el oficio SECNO/STCCNO/37/2021, en el sentido de que se auxiliará al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, toda vez que el juicio de amparo materia de esta resolución proviene del mencionado órgano jurisdiccional y los actos reclamados se atribuyen a diversas autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción el juzgado auxiliado. Cabe precisar que el alcance de la competencia de este órgano jurisdiccional auxiliar se limita a emitir la sentencia en el presente juicio de amparo, mas no a juzgar o calificar su trámite, pues éste corresponde exclusivamente al juzgado auxiliado como se advierte de los puntos quinto y segundo de los Acuerdos Generales 18/2008 y 30/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y la circular CAR 13/CCNO/2011 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se aclara que la presente sentencia se emite en -8- términos de la Circular 1/CCNO/2021, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, tomando como punto de partida y referencia documental, única y exclusivamente el expediente electrónico remitido por el juzgado auxiliado; es decir, con las constancias que integran los expedientes electrónicos que están a disposición a través del SISE. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De los Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del único distrito judicial en el Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec; Jojutla y Cuautla: ? La orden de aprehensión de siete de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta técnica *****, contra *******, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el 108, concatenado con los numerales 126, fracción II, inciso b), . -9- relacionado con los numerales 15, párrafo segundo, y 18, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. Del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos 1 , del Fiscal General del Estado de Morelos, de Adriana Pineda Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Jalisco2 y del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos: ? La ejecución de la citada orden de aprehensión. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con 1 En su denominación correcta de la autoridad señalada por los quejosos como: "Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, por sí y en representación de todos los Agentes del Ministerio Público a su cargo". 2 En su denominación correcta de la autoridad señalada por los quejosos como: "Adriana Pineda Fernández, en su calidad de titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, por sí y en representación de todos los Agentes del Ministerio Público a su cargo". -10- exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LAS AUTORIDADES A LAS QUE NO LES CORRESPONDE EL CARÁCTER DE RESPONSABLES. Las Juezas de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Alejandra Trejo Resendiz, por sí, y Alma Patricia Salas Ruiz, por sí y en representación de sus homólogos Gabriela Acosta Ortega, Katy Lorena Becerra Arroyo, Gloria Angélica Jaimes Salgado, Elvia Terán Peña, María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, Daniel Adán Rodríguez Apac, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, Leticia Damián Avilés, Elvia Terán Peña e Isidoro Edie Sandoval Lome; el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos adscrito a la Segunda Sede, con residencia en Jojutla, Job López Maldonado, por sí y en representación de sus homólogos Bertha Vergara Álvarez, Yaredy Montes Rivera y Ricardo Davis Ponce González, así como el Juez de Primera Instancia, . -11- de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, al rendir el informe justificado negaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada. Por su parte, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, al rendir el informe justificado por sí y en representación de su homóloga Nancy Aguilar Tovar, manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, manifestó que ésta última actuó en rol de guardia de fin de semana, por lo que la certeza de la orden de aprehensión reclamada se tiene únicamente respecto del juez Ramón Villanueva Uribe, por ser él el encargado de la carpeta técnica en la que se emitió. A su vez, el encargado del despacho de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", al rendir el informe justificado en representación del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, así como la Directora General de Litigio y Constitucionalidad y Encargada del Despacho de la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, al rendir informe justificado en representación del Fiscal General del Estado de Morelos, negaron el acto que se les reclama, consistente en la ejecución de la orden de -12- aprehensión impugnada. Por su parte, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos fue omiso en rendir su informe justificado; no obstante, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le reclama, pues como se verá en el siguiente considerando, la orden de aprehensión impugnada fue ejecutada por otra autoridad. Aunado a lo anterior, las citadas autoridades no constituyen autoridades responsables para los efectos del presente juicio de amparo, ya que los actos reclamados son ciertos por diversas autoridades (Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, por lo que ve a la orden de aprehensión y Adriana Pineda Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por lo que ve a la ejecución de la orden). De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se sobresee en el juicio de amparo respecto de las citadas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. . -13- CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, pues lo aceptó al rendir su informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por otra parte, Adriana Pineda Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado negó la ejecución de la orden de aprehensión reclamada. No obstante, de las constancias que integran la carpeta técnica de origen se advierte que fueron los Agentes de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Especializada en -14- Combate al Secuestro y Extorsión los que dieron cumplimiento a la orden de aprehensión reclamada. En esas condiciones, si la autoridad ordenadora aceptó la existencia de la orden de aprehensión impugnada, aun cuando la autoridad señalada como ejecutora negó el acto reclamado, se desvirtúa la negativa informada y se tiene por cierto el acto de ejecución impugnado. Es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Volumen 97-102, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 232729, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías". . -15- Además, existencia de la resolución reclamada se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 1285/2020, así como un disco DVD conteniendo audio y video del acto reclamado (constancias relacionadas electrónicamente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes); a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Se invoca, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, de rubro y texto: -16- "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y, la tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado. de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos - específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, -18- por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. En el caso, de manera oficiosa se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". . -19- De conformidad con lo dispuesto por el precepto recién transcrito, los elementos que determinan esa causal de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Ilustra, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento -20- administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Por tanto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva y autónoma, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. En suma, la característica fundamental de la causal en comento se basa en la existencia de una etapa o estadio procesal diferente que impide decidir sobre el acto reclamado al pertenecer a una fase anterior y autónoma. Ahora, el segundo párrafo de la fracción en estudio establece que en tratándose de violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para efectos del cambio de situación jurídica. . -21- Este supuesto implica violaciones en el proceso penal relativas al auto de vinculación a proceso y a los derechos constitucionales de defensa del procesado, casos en los que, por regla general, sólo se considerarán irreparablemente consumadas las transgresiones combatidas con el dictado de la sentencia definitiva. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de amparo concurren los anteriores requisitos, resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Apoya lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". -22- Ahora, dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica", no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal); esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde la persona del quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. En esta instancia constitucional, los quejosos reclaman del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, la orden de aprehensión de siete de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta técnica *****, contra *******, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el 108, concatenado con los numerales 126, fracción II, inciso b), . -23- relacionado con los numerales 15, párrafo segundo, y 18, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G y de Adriana Pineda Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la ejecución de dicha orden. De las constancias que integran el expediente electrónico del juzgado auxiliado relacionado con el presente juicio de amparo, se advierte que el siete de noviembre de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada contra el secuestro y extorsión, solicitó audiencia para solicitar se librara orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G., en el municipio de Cuernavaca, Morelos, agregando en sobre cerrado el nombre de los sujetos respecto de los cuales solicitó se librara la orden de aprehensión. En la misma fecha, el licenciado Ramón Villanueva Uribe, juez de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral del Estado de Morelos, sede Xochitepec, Morelos, señaló las diecisiete horas del siete de noviembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de solicitud de orden de aprehensión. En la hora y fecha señaladas, la licenciada Nanccy Aguilar Tovar, juez de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral del -24- Estado de Morelos, sede Xochitepec, Morelos, llevó a cabo audiencia privada dentro de la carpeta técnica *****, originada con motivo de la solicitud de orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación SC01/10875/2018, y una vez que escuchó el hecho señalado por el fiscal, la juzgadora concedió la orden de aprehensión contra *******, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106, en relación con el 108, concatenado con los numerales 126, fracción II, inciso b), relacionado con los numerales 15, párrafo segundo, y 18, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. El ocho de noviembre de dos mil veinte, los agentes de investigación criminal adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, en cumplimiento de la orden de aprehensión librada, pusieron a disposición de la juez a los imputados *******, recluidos en el interior del centro de reinserción social CERESO Morelos, con sede en Atlacholoaya, Morelos. El nueve de noviembre de dos mil veinte, el licenciado Ramón Villanueva Uribe, juez de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral del Estado de Morelos, sede Xochitepec, Morelos, tuvo por recibió el oficio mediante el cual se puso a disposición a los imputados y señaló las catorce horas del nueve de noviembre de . -25- dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia inicial, así como también para que una vez que fueran analizadas las exposiciones que vertidas por las partes, se resolviera lo que correspondiera dentro de los plazos previstos por la legislación adjetiva penal. En la fecha y hora señaladas dio inicio la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares (inicial), en la que los imputados designaron como sus defensores particulares a los licenciados Naybi Ríos Sandoval y Ricardo Sánchez Bautista; una vez formulada la imputación por parte del agente del Ministerio Público, los imputados, asesorados por sus defensores particulares, solicitaron expresamente la ampliación del plazo constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las doce horas del trece de noviembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso, en la que se resolvería la nueva situación jurídica de los imputados, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. El trece de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que, una vez que se desahogaron los medios de prueba ofrecidos por la defensa y las partes vertieron sus razonamientos lógico jurídicos, el juez decretó auto de vinculación a proceso contra Rafael Quintín Durán Nava y Emmanuel Durán Nava, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y -26- sancionado en el artículo 106, en relación con el 108, concatenado con los numerales 126, fracción II, inciso b), relacionado con los numerales 15, párrafo segundo, y 18, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.G.V.G. Esta última circunstancia hace improcedente el juicio de amparo al actualizarse un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, pues ya no es jurídicamente viable analizarlo, debido a que con el auto de vinculación a proceso decretado contra Rafael Quintín Durán Nava y Emmanuel Durán Nava, se creó una nueva situación jurídica que subsistiría aun cuando se determinara que el juez responsable, con el acto que aquí se combate, trasgredió los derechos fundamentales del agraviado. Esto es, tal cuestión hace que no sea posible estudiar el mandamiento de captura sin afectar la situación originada por las nuevas actuaciones desarrolladas en la carpeta judicial de origen; circunstancia que deja irreparablemente consumadas las trasgresiones que pudieran haberse cometido por el juez responsable con la emisión de aquella determinación. Es así, pues cada acto del procedimiento tiene una esfera de influencia respecto de otros subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante para todos y cada uno de ellos en el procedimiento. En ocasiones esa trascendencia no alcanza más que a un número reducido de actos, lo cual obedece a que . -27- durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia que los precedentes sean abiertamente ilegales. Esta autonomía permite el nacimiento de una nueva situación jurídica, como en el caso sucede. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2482, del libro 57, agosto de 2018, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017544, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, -28- inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Así como, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1702, del libro 37, diciembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 2013315, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la . -29- autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." (Énfasis añadido) En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de control constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en el presente juicio. Ilustra, la tesis 3o. J/58, instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 57, del tomo II, de la octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado de la responsable Adriana Pineda Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en -30- Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en atención a que no lo reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión reclamada. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en la página 286, 91-96, Sexta Parte, de la séptima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, . -31- siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. -32- SÉPTIMO. DEVOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en los acuerdos 18/2008 y 31/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio SECJACNO/CON/1730/2011, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, dese de alta el asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de registro electrónico; hecho lo cual, devuélvanse los autos (expediente electrónico) respectivos al juzgado de procedencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en representación de *******, contra los actos reclamados de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando de esta resolución, con respecto a la devolución del . -33- expediente (electrónico) al juzgado auxiliado. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, ante Ana Bertha Bravo Duarte, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de nueve de marzo del año en curso, dictada por el juzgado auxiliar, en la que se determina: Uruapan, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1067/2020, con número auxiliar 71/2021, promovido por Efraín Márquez Durán, en representación de *****, contra actos del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Único del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec; y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: (...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra los actos reclamados de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando de esta resolución, con respecto a la devolución del expediente (electrónico) al juzgado auxiliado. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, ante Ana Bertha Bravo Duarte, secretaria que autoriza y da fe

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