Ema Castro Ayala

Expediente 565/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
565/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Ema Castro Ayala
  • Sub Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con domicilio en Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el telegrama enviado por la autoridad responsable Titular del Área Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del encargado del despacho, con sede en Mexicali, Baja California; atento a su contenido, se le tiene informando que el ocho de abril del dos mil diecinueve, recibió el oficio 5127/2019, que contiene el proveído de veintidós de marzo del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Titular del Área Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con sede en Mexicali, Baja California. Por tanto, con fundamento en los artículos 2o., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular del Área Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con sede en Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo dentro del propio lapso, informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Asimismo, infórmese a las partes que la sentencia dictada en autos estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Así también se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley en cita, a las personas que refiere y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la ley de la materia, se tiene a la autoridad responsable Titular del Área Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en Baja California, ahora SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con residencia en Mexicali, ofreciendo como pruebas de su parte la presuncional legal y humana, y las documentales que anexa a su informe justificado, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, sin embargo, el once de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en Mexicali, Baja California, mismo que fue notificado a las partes en doce de diciembre del año en curso, por lo que a la fecha transcurre el plazo que prevé el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe en mención, estén en posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil diecinueve.

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