Elzier Ismael Guzmán Anell
Expediente 960/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Elzier Ismael Guzmán Anell
- Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del original del juicio de amparo 960/2022; asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del amparo en revisión 445/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por **, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en términos del último considerando de la presente resolución." Se ordena acusar recibo de estilo correspondiente a la Superioridad. Integración del cuaderno de antecedentes, notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples de actuaciones que obran en autos y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace constar que el original del incidente de suspensión relativo se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del incidente de suspensión En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexos Por otra parte, hágase la devolución de cinco anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "TRIBUNAL COLEGIADO REMITE TESTIMONIO REVOCA Y SOBRESEE, SE ORDENA DEVOLVER CINCO ANEXOS Y SU ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa el contenido del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que admitió el recurso de revisión interpuesto por **********, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, el cual registró con el número de expediente *******; de igual forma, solicita que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Instrucción especial al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora bien, en atención a lo solicitado por la Superioridad y tal y como se encuentra ordenado en auto de catorce de octubre del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, a efecto de que ponga a disposición de la superioridad en cita, el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veintidós. Parte quejosa interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el escrito firmado por José***********, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a la autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada y al Agente del Ministerio Público de la adscripción.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 960/2022, promovido por **********, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El catorce de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 9). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El veintiuno de julio de dos mil veintidós (fojas 17 a 21). TERCERO. Emplazamiento al Ministerio Público. El veinticinco de julio de dos mil veintidós (foja 25). CUARTO. Emplazamiento al tercero interesado. El treinta de agosto de dos mil veintidós (foja 40). QUINTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos atribuidos a una autoridad en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de acuerdo con el análisis integral de la demanda de amparo, este es el acto reclamado: De la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos: La resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós que resolvió la queja promovida en contra de la resolución de nulidad de notificaciones que promovió el quejoso en contra de la notificación por estrados de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del juicio especial hipotecario **********. TERCERO. Existencia del acto reclamado: Se tiene por cierto el acto reclamado a la Sala señalada como responsable, por así haberlo manifestado su presidente al rendir el informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, las partes no alegaron causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, en análisis oficioso, que opere alguna, por lo que se procede al estudio de fondo, mediante el examen de los conceptos de violación. QUINTO. Consideraciones Previas. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. SEXTO. Estudio de fondo. Refiere la parte quejosa en su primer concepto de violación que la Sala responsable de manera incongruente y errónea decretó la improcedencia de los agravios bajo las consideraciones de que, los artículos 126, 137, 138 y 139 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos hacen una distinción entre las notificaciones personales y las que se hacen a través de los estrados del Juzgado. Ataca que la autoridad haya determinado que el artículo 138 del Código Procesal Civil de la entidad, solo es aplicable para las notificaciones personales, y no para las notificaciones realizadas por estrados o listas. Refiere que es erróneo lo considerado en la resolución reclamada porque -en su opinión- el artículo 138 de la citada legislación señala que ".A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique" por lo que ese mandato debió aplicarse al caso concreto, y contrario a ello, nunca se le proporcionó copia simple de la resolución que se ordenó notificar por estrados. Argumenta que la Sala responsable desacata el contenido del diverso artículo 7 del Código Procesal Civil del Estado, al hacer una distinción en un caso, donde la ley no distingue. En su segundo concepto de violación, la parte quejosa refiere que, la Sala responsable está obligada a respetar las formalidades del procedimiento, por lo que debió actuar de manera oficiosa en el caso concreto, ya que nunca se ajustó la notificación reclamada, a lo exigido por el artículo 138 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Manifiesta que, aun cuando la litis es de estricto derecho, por ser materia civil, el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento debe respetarse por ser de orden público, por lo que -en su opinión- la Sala responsable, contrarió lo previsto por el artículo 3 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que refiere que por ningún motivo podrán alterarse o modificarse las normas esenciales del procedimiento. Reitera, que la Sala pasó por alto que la falta de entrega de copias de la resolución notificada, no se ajustó a los requisitos exigidos por el articulo 138 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, contrariando lo establecido en el artículo 15, fracción I del mismo ordenamiento que establece que "al interpretar el significado de las normas del procedimiento, se aplicarán las siguientes reglas: I. Se atenderá a su texto, a su finalidad y a su función". Sostiene que la manera en que debe interpretarse el artículo 138 citado, es de forma literal, en el sentido de que "A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique". En su tercer concepto de violación sostiene que lo previsto en el artículo 138 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, debe aplicarse a la totalidad de las notificaciones, sin distingo ni excepciones, y no como erróneamente lo determinó la Sala responsable. Reitera que las formalidades esenciales del procedimiento, debieron respetarse de forma oficiosa porque las reglas procesales de preparación del Remate, son de orden público, por lo que la falta de entrega de copia simple de la resolución que se le notificó por estrados el treinta de agosto de dos mil diecinueve, debió calificarse como ilegal. Finalmente, arguye que la determinación de la Sala responsable lo deja en un total estado de indefensión por vulnerar los principios de coherencia, exhaustividad y consistencia que debe revestir toda resolución judicial. Los conceptos de violación resultan infundados, como se demostrará a continuación. En un primer escenario, resultan infundados los argumentos en los que aduce la parte quejosa que la autoridad transgredió los principios de exhaustividad y congruencia. Lo anterior porque del análisis de la resolución reclamada, no se advierte que la autoridad haya desatendido alguno de los agravios propuestos por el quejoso en el escrito de queja (f. 44 a 48 del anexo 4). En efecto, por lo que hace al agravio en el cual el quejoso atacó las consideraciones del Juez de origen relativas a que las partes convinieron que las notificaciones serían por estrados, la Sala sostuvo: ".tenemos en primer lugar que la forma en que fue practicada la notificación impugnada, responde ineludiblemente a una petición expresa del quejoso, inserta en el convenio que firmó, ratificó y fue sancionado ante autoridad judicial, de suerte que cumple con lo impuesto en los ordinales 127 y 128 de la Ley Adjetiva Civil, que faculta a los contendientes a designar domicilio donde deban hacerse las notificaciones que a su parte correspondan, e incluso dispone que mientras nos exista un cambio de ese lugar, las diligencias se le continuarán practicando en el sitio designado para tal efecto, es decir, al porvenir la designación de domicilio procesal de un acto voluntario considerado por la Ley como una prerrogativa, el operador judicial tiene la irrestricta obligación de cumplir con ese designio, y en la especie fue correcto su actuar al emprender la notificación objetada a través de los Estrados. Incluso lo expuesto tiene tal eficacia, que la Primera Sala del Alto Tribunal aceptó que es válido practicar el emplazamiento en el domicilio convencional que las partes, en ejercicio de sus derechos sustantivos, señalen en el contrato base de la acción, sin que ello implique la renuncia, modificación o alteración a las normas procesales, ya que la designación de un domicilio convencional atiende a la voluntad de los contratantes que consideran que en ese lugar serán eficazmente localizados. Por ende, ese criterio resulta aplicable al caso que nos ocupa, al advertirse que hay cierta similitud con la designación del domicilio procesal hecha por el recurrente en el procedimiento primario." (f. 37 vuelta a 38 vuelta del anexo 5). Respecto del argumento del quejoso en el que refirió que no se desprende de autos que el fedatario judicial haya dado cumplimiento al requisito del artículo 138 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, relativo a la obligación de entregar copia simple de la resolución impugnada, por ser esa formalidad orden público que no depende del libre albedrío de las partes; la Sala responsable en la resolución reclamada sostuvo lo siguiente: ".en términos de lo que previene el numeral 138 de la Ley Adjetiva Civil, resulta también eficaz, en atención a que la interpretación que hace el quejoso está sustraída de la regulación aplicable a las notificaciones, contemplada en los ordinales 126, 137 y 139 del citado ordenamiento legal, y en especial porque deja de considerar las previsiones aplicables a las notificaciones por lista de estrados. En ese sentido, la exegesis en conjunto de los arábigos 126, 137, 138 y 139 establecen las formas de las notificaciones y además se ocupa de describirlas, así en la parte que interesa al presente estudio hace una clara distinción entre las que son personales y las hechas a través de lista de estrados, con relación a las primeras son las que se practican personalmente a los interesados o a sus representantes si ocurren al Tribunal o al juzgado respectivo, sobre las que se afirma que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen, proporcionándose copia simple de la resolución que se le notifique, estas son independientes contempladas en el ordinal 129 de la Ley Procesal de la materia, con respecto a las segundas señala que consisten en listas que se fijan en los tableros del órgano jurisdiccional, la cual contendrá el nombre de las partes, clase de juicio, número de expediente y la determinación a notificar, levantándose constancia en los autos respectivos la fecha en que se haya hecho la publicación y fijación de la lista en comento. (.) Bajo ese contexto, contrario a lo que sostiene el quejoso, no existe la obligación de entregar copia de la resolución, pues esa previsión impuesta en el ordinal 138 de la Ley Procesal de la materia, incumbe exclusivamente a las estipuladas en los arábigos 126 y 137, fracción I de la norma en cita, es decir las de carácter personal, reiterando que se excluyen las contempladas en el numeral 129 de la misma legislación, conforme a lo expuesto fue correcta la decisión del Juez Primario, al desestimar la nulidad de la notificación de treinta de agosto de dos mil diecinueve relativa a la sentencia dictada el veintiocho de ese mismo mes y año, actuación que fue practicada en los estrados" (f. 39 a 40 vuelta del anexo 5). En relación a que el juez de origen no estudió ni entró al análisis de cada uno de los conceptos de agravio; la Sala responsable sostuvo: "Por lo que atañe a sus alegaciones concernientes a que la determinación impugnada vulnera los ordinales 105 y 106 de la Ley Adjetiva Civil, son inatendibles, pues todo lo expuesto hace notorio que el Juez de Origen sí emitió la aludida resolución con claridad, precisión, congruencia y exhaustividad, ocupándose de responder puntualmente cada uno de los planteamientos del recurrente al resolver el incidente de nulidad de actuaciones, asentando los fundamentos legales aplicables y las motivaciones que condujeron el sentido de su determinación, por lo que su actuar está apegado a derecho" (f. 41 del anexo 5). Como se ve, contrariamente a lo que aduce el quejoso, la Sala responsable sí dio contestación a cada uno de los agravios propuestos en el escrito de queja, por lo que se estima que la resolución reclamada no adolece de congruencia o exhaustividad. En otro aspecto, devienen infundados los argumentos expuestos en sus tres conceptos de violación, en los que el quejoso esencialmente aduce que son incorrectas e indebidas las consideraciones de la Sala en las que sostuvo que a las notificaciones por estrados no les es aplicable lo dispuesto por el numeral 138 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. El artículo 16 constitucional, refiere lo siguiente: 'Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.).' Del precepto legal invocado, se advierte como requisito de los actos de autoridad que se encuentren fundados y motivados; por fundamentación debe entenderse que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del mismo, siendo necesario, además, la existencia de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Dicho en otras palabras, el artículo de referencia consagra el derecho fundamental de legalidad, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en su actuar, lo cual significa que cada uno de sus actos debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, siempre y cuando expresen las circunstancias y modalidades del caso particular por las cuales consideran que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 204, publicada en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.' De lo anterior se colige que, para cumplir con los extremos de dicho precepto constitucional, es necesario que toda autoridad, en sus determinaciones, cite los artículos legales aplicables tomados como apoyo y además, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en la norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia total de dichos requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Para que pueda considerarse que un acto de autoridad cumple con el requisito de la debida fundamentación y motivación, establecido en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad emita el acto por escrito, en el que señale con precisión el precepto o preceptos legales exactamente aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad basa su actuación; asimismo, debe razonar debidamente las causas que lo llevan a tal conclusión, expresando a manera de silogismo los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal, la situación concreta en que se encuentra el gobernado y la conclusión; es decir, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, permitiendo de esta manera que los gobernados conozcan las causas y valoren si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y de considerar una afectación, poder impugnarla por los medios legales establecidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C. J/47, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1964, del Tomo XXVII, febrero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 170307, del rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Ahora bien, como se transcribió, en párrafos que preceden, en la resolución reclamada, la Sala responsable sostuvo que "no existe la obligación de entregar copia de la resolución, pues esa previsión impuesta en el ordinal 138 de la Ley Procesal de la materia, incumbe exclusivamente a las estipuladas en los arábigos 126 y 137, fracción I de la norma en cita, es decir las de carácter personal, reiterando que se excluyen las contempladas en el numeral 129 de la misma legislación". A juicio de este juzgador lo considerado por la Sala responsable es ajustado a derecho por las siguientes razones. El artículo 126 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos refiere las diversas formas en que se podrá hacer una notificación: "ARTICULO 126.- Formas de notificacio´n. Las notificaciones se hara´n: personalmente; por estrados; por ce´dula; por el Boleti´n Judicial; por edictos; por correo con acuse de recibo; por tele´grafo, o por los medios de comunicacio´n efectivos que autoricen las leyes, de acuerdo con lo que se dispone en este Ordenamiento". La legislación en consulta, refiere la posibilidad de que las partes designen o cambien el domicilio para oír y recibir notificaciones: "ARTICULO 128.- Designacio´n y cambio de domicilio para oi´r notificaciones. Las partes esta´n facultadas para designar y para cambiar el domicilio para oi´r notificaciones. Entre tanto que un litigante no hiciere nueva designacio´n de la casa en donde se practiquen las diligencias y se hagan las notificaciones, seguira´n hacie´ndosele en la que para ello hubiere designado". En su artículo 129, se enlistan las notificaciones que necesariamente deberán hacerse de forma personal: "ARTICULO 129.- Casos de notificacio´n personal. Sera´ notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: I.- El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificacio´n en el juicio aunque sean diligencias preparatorias; II.- El auto que ordena la absolucio´n de posiciones, la declaracio´n de las partes o el reconocimiento de documentos; III.- La primera resolucio´n que se dicte cuando se dejare de actuar ma´s de tres meses por cualquier motivo; IV.- Las sentencias interlocutorias y definitiva; V.- Cuando se estime que se trata de un caso urgente y asi´ se ordene por el Tribunal o por la Ley; VI.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; y VII.- En los dema´s casos en que la Ley lo disponga". En el numeral 137, se establece que la segunda y ulteriores notificaciones -fuera de las enlistadas en el artículo 129- se podrán hacer: personalmente, por lista o por boletín judicial. "ARTICULO 137.- Segunda y ulteriores notificaciones. La segunda y ulteriores notificaciones, excepto las que establece el numeral 129 de este Co´digo, se hara´n: I.- Personalmente a los interesados o a sus representantes si ocurren al Tribunal o al juzgado respectivo; II.- Por lista que se fijara´ en los tableros de la Sala o del Juzgado, en donde se relacionara´n los asuntos en los que se haya acordado cada di´a. La lista debera´ ser autorizada con el sello y la firma del Secretario, y no debera´ contener alteraciones o entrerrenglonados ni repeticio´n de nu´meros. Se remitira´ otra con el nombre de las partes, clase de juicio, nu´mero de expediente y determinacio´n de que se trate, para que al di´a siguiente se publiquen en el Boleti´n Judicial, diario que aparecera´ antes de las nueve de la man~ana, conteniendo las listas de acuerdos, edictos y avisos judiciales. En el archivo judicial habra´ dos colecciones y una estara´ a disposicio´n del pu´blico para su consulta; y, III.- Por Boleti´n Judicial. En el caso de la fraccio´n II, la notificacio´n se tendra´ por hecha y surtira´ efectos a las doce horas del di´a siguiente al de su publicacio´n en el Boleti´n Judicial. De todo ello, el funcionario judicial que determine el Juez o la Sala asentara´ constancia en los autos correspondientes, bajo pena que esta Ley determine". El artículo anteriormente citado, es de relevancia para el caso concreto porque en este, el legislador estableció las formalidades que deben seguirse en caso de que la notificación sea por lista. Siguiendo con el análisis de la legislación procesal civil aplicable en el Estado de Morelos, el artículo 138 y 139 establecen diversas formalidades para las notificaciones personales y las realizadas a través de los Estrados o Listas del Tribunal: "ARTICULO 138.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aque´llas a quienes se hacen. Si alguno no supiere o no quisiere firmar, lo hara´ el Secretario, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dara´ copia simple de la resolucio´n que se le notifique". "ARTICULO 139.- Anotacio´n de la fecha de publicacio´n del listado. Los Secretarios y Actuarios, al hacer las notificaciones, hara´n constar en los autos respectivos la fecha en que se haya hecho la publicacio´n y fijacio´n de la lista a que se refiere el arti´culo 137 de este Ordenamiento; su incumplimiento, acarreara´ la pena de dos di´as de salario por la primera falta, de cinco di´as de salario por la segunda y de suspensio´n de empleo hasta de tres meses por la tercera". Pues bien, como se adelantó, resulta ajustada a derecho la interpretación que realizó la Sala responsable del artículo 138 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, porque éste interpretado de manera armónica con el resto de las disposiciones transcritas conduce, indefectiblemente a sostener que, cuando el legislador señala que existe la obligación de entregar "copia simple de la resolución que se notifica" se refirió a las únicamente notificaciones que se hacen de forma personal. Lo anterior, porque la expresión "A toda persona se le dara´ copia simple de la resolucio´n que se le notifique" contenida en el artículo 138 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, está inmersa en un conjuntó de formalidades que sólo son aplicables a ese tipo de notificaciones. A continuación se analizan cada una de las formalidades que enlista el citado artículo. El dispositivo refiere que "deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aque´llas a quienes se hacen", esta obligación se refiere al actuario y los notificados, quienes participan de la diligencia de notificación personal en un domicilio particular o dentro del órgano jurisdiccional; sería absurdo sostener que existe obligación de que las listas del juzgado contengan tanto la firma del actuario como las de los notificados. También refiere el dispositivo que "Si alguno no supiere o no quisiere firmar, lo hara´ el Secretario, haciendo constar esta circunstancia"; ésta expresión igualmente se refiere a la diligencia de notificación personal, en la que los notificados pueden expresar que no saben o no quieren firmar. Para finalizar, el artículo 138 en análisis, refiere que "A toda persona se le dara´ copia simple de la resolucio´n que se le notifique"; éste enunciado como los otros, se refiere al acto formal de notificación personal, pues solo en este tipo de diligencias es factible entregar a los notificados copia simple de la resolución notificada. Bajo ese contexto, son infundados los argumentos del quejoso, con los que prentendió demostrar que una de las formalidades impuestas por el artículo 138 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, no fue respetada en la notificación por lista que se le hizo el treinta de agosto de dos mil veintinueve en el juicio especial hipotecario de origen. Por lo anterior, no existe por parte de la Sala responsable, violación a las formalidades de las notificaciones, ni indebida interpretación de las normas procesales aplicables, pues se insiste, la notificación por lista no entraña la obligación de entregar copia de la resolución notificada, a menos que ésta hubiera sido solicitada, una vez consultado el extracto de la resolución que se publica en las listas y/o estrados del juzgado. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados, aunado a que así lo solicitó expresamente el quejoso. Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A *********** contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
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