Elvis Romario Fernández Valencia
Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2023
Partes del expediente
- Elvis Romario Fernández Valencia
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida por dicho órgano colegiado en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 41/2023, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "Único. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ****, contra el proveído dictado el diez de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 182/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad" Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), acúsese recibo de estilo correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso d), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; este expediente es destruible en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que, de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se comunica al asesor jurídico que en esta data se tiene por satisfecha su participación en el presente sumario constitucional. inalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
- Principal
IX.- agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de cuyo contenido se desprende el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se advierte que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diez de febrero de la anualidad, el cual se registró en su índice como queja 41/2023. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera de la ejecutoria que emita la Superioridad. Finalmente, en atención al requerimiento realizado por el Tribunal Colegiado oficiante al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Publica en el Estado de México; hágasele de conocimiento a la Superioridad que mediante auto de veintiuno de febrero último, se tuvo al Defensor Público Federal ********************, aceptando y protestando el cargo de asesor jurídico del quejoso ********************para lo cual se remite copia certificada de la aceptación atinente, a fin de que esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
IX.- agréguense a los autos el escrito signado por el Defensor Público Federal ********************, a través del cual acepta y protesta el cargo de asesor jurídico del quejoso ********************, asimismo proporciona usuario electrónico para la tramitación del juicio en línea, y solicita copia digitalizada de la demanda. En ese tenor, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, téngasele aceptando y protestando el cargo de asesor jurídico de dicho peticionario de la Justicia Federal, para todos los efectos legales conducentes; por tanto, se ordena dejar sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Luego, por cuanto hace a su solicitud expresa de tramitar el presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, para lo cual proporciona el usuario correspondiente; con fundamento en los artículos 3°, 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al asesor jurídico, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que las que no deriven de determinaciones o resoluciones que se ajusten a alguna de las hipótesis que establece el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia; habrán de ser notificadas mediante la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, en virtud de que la notificación en forma electrónica se homologa a la notificación personal. De igual manera, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "********************"; en ese sentido, comisiónese a la oficial Judicial "A", a fin de que realice la habilitación correspondiente. Ahora, no pasa desapercibido para este órgano de control de constitucionalidad, que el asesor jurídico solicitó copia digitalizada del escrito inicial de demanda; sin embargo, en términos del artículo 3° de la Ley de la materia, no ha lugar acordar de conformidad su petición, dado que a partir de esta fecha se encontrará habilitado para consultar de manera completa y oportuna el expediente electrónico del presente juicio de amparo; razón por la que tiene todos los medios necesarios a su alcance para asesorar adecuadamente al peticionario de la Justicia Federal. Luego, en virtud de que el quejoso de referencia ya cuenta con asesor jurídico; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; las siguientes notificaciones que deban practicársele, realícense únicamente por conducto de aquél, para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio ***, suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ********************. Con el oficio de cuenta y anexos indicados, fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 182/2023. Luego, toda vez que el Juzgado oficiante en resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 107 de la Ley de la materia, este juzgado acepta la competencia declinada. Acúsese recibo de estilo y hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y otras autoridades. Del análisis íntegro de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama del Director y diversas áreas del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", esencialmente: "A) LA OMISIÓN, NEGATIVA DE BRINDARLE UNA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA Y SUFICIENTE. B) LA OMISIÓN, NEGLIGENCIA DE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MI TRATAMIENTO MÉDICO, A SU SUPERIOR GERARQUICO (sic), PARA QUE LO PUEDA RECIBIR OPORTUNAMENTE Y CORRECTAMENTE MI TRATAMIENTO. C) LA OMISIÓN, NEGLIGENCIA DE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL SUSCRITO SEA ATENDIDO POR UN ESPECIALISTA EN LA RAMA DE MI PADECIMIENTO, YA SEA DEL SECTOR DE SALUD O POR INSTITUCIONES PRIVADAS." Acotado lo anterior, y en primer término, es menester poner en evidencia que, independientemente de la connotación que le atribuya la parte quejosa a los actos que reclama; éstos no constituyen alguno que materialice alguna hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, o 22 de la Constitución Federal; pues aquéllos materializan condiciones de su internamiento, esto es, circunstancias relativas a los derechos, obligaciones y prerrogativas a que se encuentran sujetos durante su estancia en el centro penitenciario de su reclusión, con arreglo a las disposiciones administrativas-penitenciarias-penales que les son aplicables. En otras palabras, su sola aseveración no resulta suficiente para mutar o variar la naturaleza jurídica de los actos de referencia. En efecto, bajo el contexto que nos ocupa, y con base en la descripción típica establecida en el artículo 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; se puede concebir a los tratos crueles, inhumanos o degradantes; como aquéllos que surgen como medios intimidatorios y/o discriminatorios por parte de las autoridades, cuyo fin directo consista en vejar, maltratar, degradar, insultar o humillar a una persona. Por ello, si el quejoso reclama: a) La omisión, negligencia de dar atención médica adecuada y suficiente. b) Así como reclamo la omisión, negligencia de solicitar la autorización del presupuesto para la compra de mi tratamiento médico, a su superior jerárquico, para que yo pueda recibir oportunamente y correctamente mi tratamiento. c) Así como reclamo la omisión, negligencia de solicitar autorización para que el suscrito sea atendido por un especialista. Ello no implica que se materialice algún acto intimidatorio y/o discriminatorio para vejar, maltratar, degradar, insultar, humillar o causar tormento al impetrante, como lo pretende hacer valer. Por tal motivo, los actos de referencia no derivan de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, sino que se enmarcan en un contexto de derechos y obligaciones derivadas de sus condiciones de internamiento, cuyos efectos y consecuencias pueden y deben ser repelidas jurídicamente a través de los diversos mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; cuerpo normativo creado con el propósito de salvaguardar las condiciones de vida digna y segura para los internos en centros penitenciarios. [...] Sin embargo, como ya se adelantó, tomando en consideración el acto reclamado por el peticionario, a la luz de las manifestaciones que vierte en su libelo constitucional; no se advierte la posibilidad de que por el hecho de no conceder la suspensión de plano y de oficio, se vea gravemente comprometida la dignidad e integridad personal de peticionario, toda vez que la atención médica y alimentación que recibe en el centro de reclusión en el que se encuentra (diversa a la que aduce requerir dada la enfermedad que refiere tener desde hace cuatro años), no implica prima facie la irreversibilidad de alguna condición de salud, así como tampoco la pérdida o menoscabo de la capacidad física u orgánica correspondiente, y menos aún lo colocan en un riesgo previsible o inminente de pérdida de la vida, sobre todo, como cuando refiere el solicitante de amparo, se encuentra en el área médica del centro de su reclusión siendo permanentemente atendido desde agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, el acto reclamado no constituye padecimientos o dolencias respecto de las cuales este juzgador pueda advertir una afectación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, y por tal motivo, como ya se explicó, no resulta pertinente que aquél se traduzca en el posicionamiento del quejoso en una situación de tormento, aunado a que dichos actos no encuadran dentro de los previstos por el artículo 22 Constitucional, a saber, "marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."; razón por la que se acuerda en tal sentido. Acotado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues respecto de dichos actos se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. [...] Las disposiciones normativas anteriores establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. [...] Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra los actos reclamados, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Al respecto, es importante recordar que en la especie se reclama: a) La omisión, negligencia de dar atención médica adecuada y suficiente. b) Así como reclamo la omisión, negligencia de solicitar la autorización del presupuesto para la compra de mi tratamiento médico, a su superior jerárquico, para que yo pueda recibir oportunamente y correctamente mi tratamiento. c) Así como reclamo la omisión, negligencia de solicitar autorización para que el suscrito sea atendido por un especialista. Lo que evidencia que el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción antes señalados y, por ende, impera su obligación de agotar el principio de definitividad, previo a acudir a esta instancia constitucional. En efecto, es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. [...] En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso está interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el lugar de su reclusión. [...]
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