ELVIS FERNANDEZ ILLESCAS y Otros.
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elvis Fernandez Illescas
- ELVIS FERNANDEZ ILLESCAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 598/2022 y sus acumulados 599/2022 y 600/2022, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino. Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional, y se negó la definitiva respecto de todos los actos reclamados. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 21, inciso c) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.5 y 2 y, el oficio CAP/DGAD/392/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Archivo y Documentación responde la consulta formulada por diverso órgano jurisdiccional tocante al tema de que se trata. Destrucción del original y duplicado Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente. En tanto que el original, por haberse negado la suspensión definitiva de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones en carátula y libro Para concluir, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotación en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director de Mercados e, Integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo o Comisión de Turismo, Desarrollo Económico y Mercados, ambos del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte, esto es: Dejen insubsistente el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, así como el oficio """.....""", emitidos en el procedimiento administrativo ""....""; y con plenitud de jurisdicción emita otro, el cual puede ser en el mismo sentido de afectación pero citando los fundamentos y motivos legales, o bien en sentido contrario. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído al Ayuntamiento del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de las precitadas autoridades responsables, y requiéraseles para que inmediatamente ordenen a su inferior cumplir con la ejecutoria. Apercíbasele al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, y a las citadas autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a ""....""" ($"""...."""), a razón de 96.22 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la Tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/98, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél. [Época: Novena Época, Registro: 196904, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1998, Tomo VII, Página: 160]. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. De igual forma, hágaseles saber que el incumplimiento a una ejecutoria de amparo, puede tipificar el ilícito que establece el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, mismo que tiene una pena de prisión de se castiga con cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informó que en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente """....""", de su índice, dio vista a la parte actora aquí tercera interesada ""....""", por el plazo de tres días para que manifieste lo que a sus interés convengan o, en su caso, proporcionara el domicilio en donde deberá ser llamado a juicio el quejoso ""....."", en razón a la imposibilidad que tuvo el actuario de su adscripción para emplazarlo. Sin que hasta esta data, haya informado si la parte actora aquí tercera interesada ""....."", desahogó la vista que le dio; bajo esa tesitura, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1) Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y 2) Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, la primera remita copia certificada de la determinación que haya pronunciado respecto a la vista que le dio a la parte actora aquí tercera interesada ""....."", y la segunda remita copia certificada del cumplimiento que dé a esa determinación, relativo al emplazamiento que deberá practicar. Se les reitera que el efecto de la sentencia es: "a) 1. Deje insubsistente el emplazamiento practicado al demandado ""...."" en el juicio ordinario civil número ""...."", de su índice, y todo lo actuado con posterioridad, incluso la sentencia definitiva y actos de ejecución que se hayan efectuado, a fin de restituirlo en el goce y disfrute de su garantía constitucional violada; y 2. Reponga el procedimiento en el juicio de origen, a fin de ordenar el emplazamiento formal y material del referido demandado, cumpliendo para ello con los requisitos y las formalidades de ley, entre ellos, deberá certificar los documentos con los que se corre traslado, esto es, se deben precisar las constancias que se acompañaron con la demanda. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos que se atribuyen a la Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y a la Oficial del Registro Civil adscrito a la Oficialía Única de Registro Civil con sede en Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, por combatirse como consecuencia del emplazamiento que se tildó ilegal." Por lo que deberán emitir las actuaciones necesarias para cumplir lo anterior; ya que de no hacerlo sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se les impondrá a cada uno una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a ""....."""" ($""......""), a razón de 96.22 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico; por tanto, el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Sin que sea necesario requerir a la Oficial del Registro Civil adscrito a la Oficialía Única de Registro Civil con sede en Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, en razón a que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar lo relativo a su cumplimiento, hasta en tanto, las diversas autoridades responsables Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Actuaria de su adscripción cumplan la aludida sentencia. Notifíquese.
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