Elvira Zamora Cano

Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
611/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Elvira Zamora Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, treinta de noviembre de dos mil veinte. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental, por no encuadrar en ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del proveído emitido el diecinueve de los actuales en el expediente laboral de origen 8-55/2006, en el que proveyó sobre el escrito de trece de marzo del año en curso de la parte actora en el juicio de origen, aquí quejosa. La documental que se remite con el oficio de cuenta, por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En el presente asunto se reclama: 1. La omisión de acordar el escrito de trece de marzo de dos mil veinte en los autos del juicio laboral OPDL 8-55/2006. 2. Todas y cada una de las omisiones o dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio laboral. 1. Causa de improcedencia. Respecto de la omisión de proveer sobre el escrito de trece de marzo de dos mil veinte se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer fuera de audiencia. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente, supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, es dable precisar que se actualiza la hipótesis referida, pues en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la omisión de acordar la solicitud presentada el trece de marzo de dos mil veinte, en el que solicitó requerir a la demandada Servicios de Salud Sinaloa que reinstalara a las trabajadoras en las plazas de Enfermera General Titulada C y Enfermera Especialista C. Sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó puesto que el diecinueve de los actuales proveyó sobre ese escrito, virtud que comisionó al fedatario a efecto de que acompañara a las trabajadoras en el domicilio de la patronal y requiriera al patrón las constancias que acreditaran haber regularizado a los actos en las plazas de Enfermera General Titulada C y Enfermera Especialista C según correspondiente, con apercibimiento que de no cumplir con ello dentro del plazo de tres días impondría multa y daría vista al superior jerárquico. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 2. Causa de improcedencia. En relación con todas y cada una de las omisiones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio laboral se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de amparo es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a la responsable, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, al ser claras y evidentes las causas de improcedencia que conducen al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso.

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