Elvira Virginia Chávez López
Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elvira Virginia Chávez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 465/2021, promovido por ** *, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según las manifestaciones de * * *, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, promovió demanda de nulidad contra la resolución negativa ficta recaída a un escrito presentado ante la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual se registró con el número 4096/18-15-01-9. Una vez substanciada dicha instancia, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Sala Regional Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia condenando a la autoridad demandada. La interesada manifiesta, que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, presentó instancia de queja contra el incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad demandada, la cual, según su dicho, fue desechada por notoriamente improcedente, en virtud que mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, la magistrada instructora de referencia y el pleno de la sala habían iniciado de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Como la referida condena no se ha cumplido, la promovente Elvira Virginia Chávez López, sostiene que las autoridades responsables han sido omisas en realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la sentencia dictada en su favor en el juicio contencioso administrativo. Por ello, considera que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Elvira Virginia Chávez López, presentó un escrito el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Oaxaca y otras autoridades. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde fue registrada bajo el expediente 465/2021 y admitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, la cual se llevó a cabo, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad de quien reclama una omisión tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama, lo siguiente: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de dar continuidad al procedimiento y hacer efectivas las multas, para poder dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 4096/18-15-01-9. Del Encargado o titular de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del encargado o titular de la Subdelegación de Prestaciones de esa adscripción: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el citado juicio de nulidad. En este punto es necesario precisar que las autoridades demandas y condenadas en el juicio contencioso administrativo, federal en este caso despliegan una conducta omisiva, que, a pesar de las multas impuestas por el tribunal de origen, no ha sido vencida, por lo cual adquiere el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo, al dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, tras agotar las instancias ordinarias. Lo anterior encuentra su justificación en la jurisprudencia 161652 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS El Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, negó categóricamente el acto omisivo que se les atribuye la quejosa. Asimismo, debe destacarse que la disidente de amparo no realizó manifestación alguna respecto al informe de tal autoridad, ni ofreció algún medio de convicción en el sumario con el propósito de contradecir sus manifestaciones. En ese contexto, si la inconforme no hizo manifestación alguna respecto de la negativa de dicha autoridad, ni demostró con alguna prueba la intervención del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, haya sido condenado a cumplir con alguna obligación de hacer, en la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así que, por analogía las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En los términos expuestos con anterioridad, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto reprochado al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo que debe sobreseerse en este juicio de amparo, respecto a dicha autoridad. Por su parte, la magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir informe justificado en representación de los integrantes de dicho órgano colegiado, negó la existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable realizó diversas precisiones para acreditar que, contrario a lo afirmado por la quejosa en la demanda de amparo, no existe omisión por parte de ese tribunal respecto a requerir el debido cumplimiento de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio contencioso administrativo 4096/18-15-01-9, en virtud que: Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, de manera oficiosa, se dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requiriéndosele a la autoridad demandada para que en el término de tres días hábiles, informara el cumplimiento que hubiere dado a la sentencia de mérito, con el apercibimiento que en caso de verificarse su incumplimiento, se le impondría a la responsable una medida de apremio, consistente en una multa. Tal proveído fue notificado a las partes el seis de agosto de dos mil veinte. Ante la inexistencia de constancias que acreditaran el cumplimiento de la sentencia definitiva, por auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, la Sala sancionó dicha contumacia, imponiéndole al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con una multa como medida de apremio por la cantidad de $26,886.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y seis pesos, cero centavos moneda nacional), equivalente a trescientas unidades de medida y actualización. Además, requirió nuevamente a dicho servidor público para que diera cumplimiento a la referida sentencia, apercibiéndolo con una nueva multa y de continuar en su conducta omisiva, se giraría oficio al Titular del Área de Responsabilidades del órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de que inicie el procedimiento respectivo. Dichas actuaciones se acreditan con las constancias remitidas por la autoridad jurisdiccional responsable como apoyo a su informe justificado, deducidas del juicio de nulidad 4096/18-15-01-9, a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, contrario a lo indicado por la autoridad jurisdiccional -e incluso por la parte quejosa-, el acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, no fue dictado de oficio, sino que se emitió en atención al escrito presentado por la parte actora, el veintisiete de febrero de ese año. Sin embargo, ello no implica que la autoridad se encuentre obligada a actuar de oficio más allá del dictado de los proveídos que hasta el momento ha emitido, en virtud que, por un lado, ha quedado plenamente acreditado en autos de este sumario, que inició el procedimiento de cumplimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atendiendo a la solicitud de la parte actora. Además, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el tres de mayo de dos mil veintiuno, ante la falta de cumplimiento de la autoridad demandada, la Sala responsable, le impuso una multa por la cantidad de $26,886.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y seis pesos, cero centavos moneda nacional), equivalente a trescientas unidades de medida y actualización. Asimismo, requirió de nueva cuenta al encargado de la Subdelegación de Prestaciones en comento, para que, sin excusa, ni pretexto, diera cumplimiento a la sentencia definitiva de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, apercibiéndolo con imponerle una nueva multa y con dar vista al titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del órgano de su adscripción, para que inicie el procedimiento respectivo en su contra, dado el desacato en que ha incurrido. Todo lo anterior, sin que la parte actora -aquí quejosa-, hubiera presentado promoción alguna desde el veintisiete de febrero de dos mil veinte, para dar impulso a la ejecución de la sentencia dictada a su favor; máxime que ese derecho sustantivo a la ejecución, no es absoluto porque es susceptible de prescribir, tal como lo establece el propio numeral 58, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo, en relación con el inciso a), subinciso 3, de ese dispositivo, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. [.]" En ese tenor, este órgano constitucional estima, que la omisión de dar continuidad al procedimiento de ejecución de la sentencia y omisión de hacer efectivas las multas con que se apercibió a las autoridades demandadas, deben tenerse por inexistentes. Tal declaración de inexistencia se ve fortalecida por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Situación semejante ocurre con el aspecto del acto reclamado que se menciona como "la omisión de emitir acuerdos eficaces", en virtud que se trata de un señalamiento genérico, que a falta de individualización, resulta inexistente, derivado de que la peticionaria de amparo no precisa si alguno de los acuerdos emitidos en esta etapa de ejecución en el juicio de nulidad multicitado, transgrede de forma real y actual alguno de sus derechos sustantivos, ni se advierte que exista un escrito, petición, recurso o incidente que la autoridad responsable haya omitido proveer. Apoya esta determinación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. Aunado a lo expuesto, la parte quejosa, no ofreció ni exhibió prueba idónea con la que se desvirtúe la negativa de la autoridad responsable. De ahí que, como no existe prueba en contrario, con base en el análisis de las constancias de autos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento, por inexistencia de los reclamados atribuidos a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó la existencia del acto que se le reclama, relativo a la falta de cumplimiento de la sentencia firme emitida en el juicio de nulidad 4096/18-15-01-9, aduciendo que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Para acreditar su dicho, manifestó que (i) mediante oficio SP/DPSHT/JN/328/2021 el dos de marzo de dos mil veintiuno, notificó a la quejosa la resolución con la que pretende dar cumplimiento a la sentencia de nulidad de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve; (ii) el cual le fue notificado a la actora Elvira Virginia Chávez López, por conducto de su autorizado para ese efecto el veintisiete de abril del año que transcurre, (iii) asimismo, por oficio SP/DPSHT/JN/728/2021 de veintidós de abril de dos mil veintiuno, informó a la Jefa de Servicios la elaboración del pago a favor de la aquí quejosa. Sin embargo, las constancias exhibidas en apoyo a dicho informe, si bien hacen prueba plena de los datos que contienen, no constituyen más que una confirmación de su conducta omisiva, pues en el presente asunto no existe constancia alguna que evidencie que se haya declarado cumplida la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad 4096/18-15-01-9, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que se traduce en la contumacia a cumplir el fallo de nulidad respectivo. En ese orden de ideas, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a la referida autoridad responsable. Al respecto, es conveniente citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, el cual es del tenor siguiente "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." VII. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En el caso concreto, de oficio se advierte que, respecto del acto reclamado al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, este órgano constitucional estima que en su contra procede el recurso de queja previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se observe el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el proceder reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. En ese contexto, el quejoso previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie, como se puntualizó en el apartado de antecedentes, la disidente reclama del encargado de la Subdelegación de Prestaciones Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación de dicho ente en el Estado de Oaxaca, la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 4096/18-15-01-9 de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicha conducta negativa no tiene el carácter de definitiva, ya que para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad y vencer la contumacia de una autoridad demandada, procede el recurso de queja previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, del referido ordenamiento legal, establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: . II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: [.] 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia [.]" De la intelección de las porciones normativas transcritas puede colegirse que, contra la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, puede interponer el recuro de queja que prevé tal ordenamiento, de manera que la autoridad jurisdiccional obligue a las autoridades demandadas a cumplir con el fallo respectivo. Por consiguiente, previo a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, la inconforme debió interponer el recurso de queja ante la propia Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que, a través de este medio ordinario de impugnación, la omisión reclamada puede ser superada y, por ende, ser modificada la contumacia de la autoridad responsable. Empero, al no haberlo hecho así, la peticionaria de amparo incumple con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista por en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se llega a tal conclusión, a pesar de las manifestaciones de la parte quejosa sobre que presentó el recurso de queja el veintisiete de febrero de dos mil veinte el cual le fue desechado de plano el tres de marzo siguiente; ello, porque no acreditó que así hubiera sucedido, por su parte la autoridad negó las afirmaciones de la parte quejosa y, además, del análisis de las constancias del juicio de nulidad de origen, no existen promociones ni acuerdos al respecto, aunado a que se advierte que la ejecución inició propiamente, el dos de marzo de dos mil veinte. Es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." Máxime que la irreparabilidad del acto no genera, una excepción a la regla de definitividad, ya que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. DECISIÓN En esas condiciones, al haber quedado evidenciada la inexistencia de algunos actos y la actualización de la causa de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por * * * , respecto de los actos reclamados a las autoridades precisados en el apartado IV de esta resolución, en los términos de los diversos V y VII. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta y se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que las partes no podrán imponerse del informe rendido por el referido público, así como las constancias remitidas cuando menos con ocho días de anticipación como lo refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las dieciséis horas con diez minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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