Elvira Torres Reyes
Expediente 157/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Elvira Torres Reyes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que el auto de diecisiete de febrero del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por la parte promovente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerandos como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE
- Principal
El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Secretario da cuenta al Juez, con la demanda de amparo registrada en oficialía de partes de este juzgado con el folio 157. Conste. Nezahualcóyotl, Estado de México, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio electrónico signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el juicio de amparo 1279/20211 de su índice, toda vez que por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del ******, y otra autoridad. Anotaciones. Fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno el juicio de amparo 157/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Pronunciamiento en relación con la competencia Una vez analizados los argumentos de la autoridad oficiante para declinar competencia y las constancias remitidas en el oficio de cuenta, este órgano de control de la constitucionalidad acepta la competencia planteada para conocer del presente asunto dado que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, por lo que acúsese el recibo de estilo correspondiente. En tal virtud, con las constancias originales que se remiten, intégrese correctamente el cuaderno relativo al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se solicita al órgano jurisdiccional oficiante que de no existir inconveniente remita las constancias que en su caso llegue a tener a su disposición relacionadas con la tramitación de este asunto, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Desechamiento. Sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, adminiculado con las constancias anexas a la misma, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este Juzgador, de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En el caso, los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en: El requerimiento de pago extrajudicial notificado a la parte quejosa el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Amparo indirecto 157/2022 Sin embargo, lo reclamado no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, en virtud de que no son actos que deriven de una relación de supra a subordinación los cuales puedan ser reclamados en el juicio de amparo, y por ende, resulta improcedente esta instancia constitucional, de acuerdo con el supuesto normativo contemplado en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la propia ley, adminiculado con lo previsto en el numeral 103, fracción I, de la Constitución General de la República. Se considera así en atención a las siguientes razones: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte-". "5°. Son partes en el juicio de amparo. -- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De esos dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle el acto impugnado del Grupo Sadasi, y otra autoridad. De lectura e interpretación sistemática y, en parte, interpretados en sentido contrario, de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando las autoridades realizan actos que en sí no puedan considerarse como aquellos que violenten los derechos fundamentales de los gobernados, dado el carácter con el que se dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Cabe señalar que, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado; en este sentido, debe decirse que dicho concepto ha evolucionado a través del tiempo y así se ha abandonado la figura tradicional del uso de la fuerza pública. En ese contexto y para un mejor entendimiento del concepto en estudio, resulta ilustrativo reproducir la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 118, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, Amparo indirecto 157/2022 dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. Que sea emitido por un órgano público, al cual las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 2. Que sea un acto unilateral, a través del cual se cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, una situación jurídica concreta. 3. Que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que no es necesario que una autoridad, para ser considerada como tal, disponga de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, pues habrá casos en que aquélla en uso de una facultad de imperio afecta la situación jurídica del particular sin necesidad del empleo de medios coercitivos. La jurisprudencia fue casuística para determinar en qué supuestos un acto de un órgano del Estado, no puede ser considerado acto de autoridad y, consecuentemente, no puede ser objeto de examen constitucional. No obstante, se estableció un criterio orientador de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, que aparece publicado en la página 39 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, Amparo indirecto 157/2022 modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De los criterios indicados, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación existente entre gobernante y gobernado; es decir, tal calificativo puede entenderse para todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ello, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, válidamente puede establecer las bases para distinguir un acto de otro. concluirse que tal concepto debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable. Para ello, es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirse; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Así, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que los involucrados deben acudir ante los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se llevan entre gobernantes y gobernados, al actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas como limitaciones al actuar del gobernante, debido a que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. A su vez, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, que actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, reguladas por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Derivado de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, también debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora, en el presente caso, de los artículos transcritos se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Amparo indirecto 157/2022 Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto astricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a a obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, la parte promovente de amparo reclama de las autoridades responsables el requerimiento de pago extrajudicial notificado a la parte quejosa el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de alguna autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que su origen se encuentra según lo narrado en la demanda de amparo en el adeudo de cuotas de mantenimiento del fraccionamiento en que se encuentra el inmueble que se menciona. En ese orden de ideas, resulta claro que, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, de las autoridades que señala como responsables, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con ellos únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para la impetrante de amparo, dado que el acto reclamado índice en el requerimiento de pago extrajudicial realizado a la parte quejosa, los cuales no son emanados en un ámbito Amparo indirecto 157/2022 de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que los particulares señalados como responsables no actuaron como autoridad para los efectos del juicio de amparo, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio constitucional, sino en todo caso, si la impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrá acudir en defensa de los mismos mediante las instancias que estime que lesionaron sus derechos. Tiene sustento la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo III, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual forma, por analogía la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad Amparo indirecto 157/2022 en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Por otra parte, debe precisarse que no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, debido a que por virtud de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, que se declaró infundada, pues ese criterio no tiene una aplicación generalizada para todos los asuntos, sino que se encuentra acotada a los juicios de amparo en que se reclame el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, a fin de brindar mayor certeza jurídica y que el rubro refleje con toda concisión, congruencia y claridad, la esencia de dicho criterio, se estimó procedente aclarar el título de la jurisprudencia mencionada para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Así las cosas, este juzgador no se encuentra impedido para determinar en el auto inicial si un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aconteció en la especie, habida cuenta que, el criterio mencionado versó específicamente sobre un caso en particular que no tiene correspondencia con los actos respecto de los cuales cobró vigencia la causal de improcedencia de acuerdo a los motivos en que se sustentó ese desenlace. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo promovida por Elvira Torres Reyes, al actualizarse en el caso la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo indirecto 157/2022 Amparo, en relación con los dispositivos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la propia ley, adminiculado con lo previsto en el numeral 103, fracción I, de la Constitución General de la República. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Dado que del escrito de demanda no se aprecia que la parte quejosa haya señalado domicilio procesal; por tanto, con base en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, aunado a que el domicilio que señala en su demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. Por otra parte, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo; asimismo, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos. Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias. De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Protección de Datos Personales y Transparencia. Amparo indirecto 157/2022 Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx; respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o Amparo indirecto 157/2022 comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.". Finalmente, considerando las condiciones que aún imperan con motivo de la pandemia de conocimiento público, y dado que el domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa lo son las listas, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia, por única ocasión se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que publique íntegramente el presente acuerdo en la lista electrónica respectiva, con el objeto que la parte quejosa pueda imponerse con efectos de notificación personal de esta determinación, en términos del artículo cuarto, fracción II, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE POR LISTA DE MANERA ÍNTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firman de manera electrónica, José López Martínez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ante el secretario Antonio Cuetero Cornejo, quien autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones y constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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