Elvira Susano Aranda
Expediente 274/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Elvira Susano Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, se declaró la imposibilidad de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para dar cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte quejosa para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así. En consecuencia, con fundamento los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el expediente original, para los efectos precisados en el artículo 193 de la mencionada ley. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la impresión del presente acuerdo, así como con el acuse del oficio por el que se envía el presente juicio de amparo, ya que acorde a los principios de austeridad y racionalidad presupuestaria se estima innecesaria la integración tradicional de copias certificadas al cuaderno de antecedentes, cuya destrucción es inminente; además de que conforme a lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el presente juicio se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico para la consulta de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), con número de registro digital 2017828, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J.44/2017 (10a), en Materia Común, , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, con registro digital 2014210, del rubro y texto, siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la imposibilidad para dar cumplimiento a la concesión de amparo que la autoridad responsable manifestó; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe dicha imposibilidad. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Junta de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Tome las medidas pertinentes a fin de que se desahogue la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y que fue admitida en el expediente laboral D.O ********************" Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficio 350, recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero del año en curso, la autoridad responsable, informó que se encuentra jurídicamente impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que el apoderado de la parte demandada se desistió de la prueba testimonial ofrecida por su representada, lo que acreditó con la documental correspondiente. Documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. Mediante proveído de veintitrés de febrero del presente año, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con el oficio y la constancia que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó de manera personal el veinticuatro de febrero del presente año a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que esta juzgadora de amparo procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia, que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso, o si existió imposibilidad jurídica para ello. En este tenor, se advierte que el órgano laboral, informó su impedimento jurídico para dar cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en virtud que en el proveído de veinte de febrero del presente año, tuvo al apoderado de la parte demandada desistiéndose de la prueba testimonial ofrecida por su representada. De lo anterior se concluye que como lo sostiene la autoridad responsable, si existe imposibilidad jurídica que pueda cumplir con lo que le fue ordenado en la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, como lo acreditó con la documental que remitió con el oficio 350 de fecha veintidós de febrero de la presente anualidad. Resulta aplicable al caso, la tesis P. XCIV/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, página cientos sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 198434, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto." Por tanto, una vez que transcurra el término de quince días, que establece el numeral 202 de la Ley de Amparo, para que las partes si así lo consideran interpongan el recurso de inconformidad respecto al presente auto, sin que lo hubiesen hecho así, se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado de Circuito que por materia y turno corresponda a fin de que se pronuncie respecto a la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo dictado en el expediente en que se actúa. Se cita en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J.44/2017 (10a.), con número de registro digital: 2014210, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, cuyo y rubro y texto el del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de esta Ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de trece de enero del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de uno de los actuales, en el juicio laboral D.O 516/2017, de su índice, de la que se advierte que se difirió la misma por la falta de presentación de los testigos ofrecidos por la parte demandada y señaló nueva fecha para su desahogo, con lo cual acredita que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por conducto de su Presidente Ricardo Quiñonez Orozco, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se lleve el desahogo de la prueba testimonial señalada para las diez horas del día veinte de febrero de dos mil veintitrés, informe el resultado de la misma o bien lo que haya proveído al respecto, debiendo remitir las copias certificadas con las que acredite tales circunstancias; o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término concedido para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos que se consideran vulnerados. Notifíquese.
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