Elvira Saldivar Adame

Expediente 641/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
641/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Legislatura Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
  • Elvira Saldivar Adame
  • Director del Registro Público de la Propiedad Y del Comercio de la Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Juicio de Amparo 641/2021-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cuarenta minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con el pedimento presentado por dicha representante social, mediante el cual ofreció la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto; además, se hace constar que la diversa autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, no rindió su informe justificado, aún y cuando estaba legalmente notificada para ello. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Elvira Saldivar Adame, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De la H. Legislatura del Estado de Coahuila, reclamo la discusión, aprobación y expedición de los Decretos por los que se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, vigente en el año dos mil veinte, particularmente los artículos 54 fracción II, II-1 y 60 fracción II-3, de dicho cuerpo normativo. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, reclamo la expedición de los Decretos ya referidos, por los que se ordenó la publicación y observancia de los mismos, particularmente Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, vigente en el año dos mil veinte, particularmente 54 fracción II, II-1 y 60 fracción II-3 de dicho cuerpo normativo. Del C. Secretario de Gobierno de Estado de Coahuila, reclamado el referendo de los Decretos mencionados, Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, vigente en el año dos mil veinte, particularmente 54 fracción II, II-1 y 60 fracción II- 3 de dicho cuerpo normativo. Del Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, se reclama la aplicación en perjuicio del quejoso de los preceptos reclamados, consistentes en todos los actos tendientes a la determinación y cobro de los derechos impugnados. Del C. Administrador General del Registro y Catastro del Estado de Coahuila, se reclama la aplicación, en mi perjuicio de los preceptos reclamados, consistentes en todos los actos tendientes a la orden de cobro de los derechos impugnados, que se acredita con los recibos de cobro que se acompaña como prueba documental a la presente demanda. Del C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Coahuila, se reclama la aplicación, en mi perjuicio de los preceptos reclamados, consistentes en todos los actos tendientes a la orden de cobro de los derechos impugnados, que se acredita con los recibos de cobro que se acompaña como prueba documental a la presente demanda." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos con el número 641/2021-VII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 146/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, folio 324, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación y refrendo de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2021. Del Secretario de Finanzas y Administrador General del Registro Público y Catastro, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de referencia 764932730 y 764932739, de fechas quince y dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, a nombre de la peticionaria de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. Las autoridades responsables Secretario de Finanzas y Director General del Instituto Registral y Catastral, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclaman relativos a la aplicación de los preceptos que se tildan de inconstitucionales, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables antes mencionadas al rendir sus informes justificados, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por otro lado, no son ciertos los actos reclamados a la diversa autoridad denominada Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, al margen de que omitió rendir su informe justificado. Lo anterior, pues aunque es cierto que dicha omisión pudiese actualizar la presunción de sus actos, sin embargo, tal hecho queda desvirtuado porque se le reclama la aplicación de la ley, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de dicha autoridad sino de la voluntad de la quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, de ahí que, el pago por concepto de derechos de registró se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la citada autoridad, es decir, simplemente la quejosa se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con la copia de los recibos con números de referencia 764932730 y 764932739, documentales cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa perspectiva, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las precitadas autoridades responsables, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo de los preceptos cuestionados, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Ahora, en relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el cao, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Es infundada la causal propuesta de acuerdo a las siguientes consideraciones. Bien, conviene precisar el contenido del mencionado numeral, relacionado con el arábigo 5° de dicho ordenamiento legal, cuyo tenor es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De lo antes transcrito, deriva que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de restituir el goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece lo siguiente: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De este modo, para examinar la causal de improcedencia en mención, es dable establecer, que las referidas normas impugnadas por la parte quejosa, tienen el carácter de heteroaplicativas para efectos del juicio de amparo, es decir, se traducen en un ordenamiento legal que con su sola vigencia no le ocasiona perjuicio al agraviado, sino que se requiere de un acto de aplicación para que se pueda actualizar la posible afectación a sus derechos públicos. En otras palabras, resulta inconcuso que tratándose de una ley heteroaplicativa sólo puede impugnarse mediante el juicio de amparo hasta que le sea aplicada mediante un acto concreto de autoridad, o bien, cuando el propio quejoso se autoaplica las disposiciones reclamadas, casos en los cuales el gobernado resentirá en su esfera jurídica una afectación real y actual. Ahora bien, la parte quejosa reclama los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2021, por lo que, para acreditar que tales disposiciones le fueron aplicadas en su perjuicio, ofreció copia de los recibos electrónicos con números de referencia 764932730 y 764932739, en los cuales, respectivamente, aparecen los pagos que realizó por concepto de derechos de registrales, así como sus contribuciones accesorias. Ciertamente, los recibos en comento gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que dichos documentos cuentan con la clave de autorización estatal, la cual garantiza su procedencia en términos del artículo 16 de Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ello, patentizan que el justiciable enteró los derechos de inscripción de documentos previstos en los preceptos impugnados, esto es, los derechos por inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio (54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), así como el pago de contribuciones accesorias. En esa medida, se tiene por acreditada la autoliquidación respectiva, pues como se dijo, de tales documentos se advierten los supuestos normativos de causación que prevén esos numerales impugnados, con lo cual se acredita fehacientemente el interés jurídico de la peticionaria del amparo para combatir las normas en el presente juicio. De ahí lo infundado de la causal de improcedencia en estudio. En apoyo a lo expuesto, se invoca la tesis jurisprudencial 30/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 558, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." De igual modo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 5/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero 2016, página 657, del texto siguiente: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." También se invoca, la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." Por otro lado, quien esto resuelve advierte que respecto de los actos reclamados al Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en el refrendo y publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que no les corresponde el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se les reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del Decreto tildado de inconstitucional. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". (Lo subrayado es de este juzgado) La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y/o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendientes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. De ahí que, al efectuar una interpretación de este numeral en sentido contrario, si no se reclaman vicios propios del proceso de refrendo y publicación de una norma tildada de inconstitucional, las autoridades emisoras no pueden ser consideradas como responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte impetrante haya formulado concepto de violación alguno tendiente a combatir de ilegal el procedimiento del refrendo y publicación de la norma reclamada en el que tienen participación las autoridades en comento. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del refrendo y publicación atribuidos al Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de agosto de 2015, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Luego, toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Pues bien, la parte quejosa expone medularmente los siguientes conceptos de violación: 1) Sostiene que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno , trasgreden en su perjuicio el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las normas en cita vulneran en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributaria , al prever como determinación del derecho que se causa un elemento ajeno a la prestación del servicio de inscripción de documentos. 2) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100) por servicios del Registro Público, es desproporcional pues no guarda relación con el costo que para el Estado representa, ya que, sostiene que por actos registrales análogos se establecen diversas tarifas en la propia ley, por lo que no atiende al costo real del servicio prestado por el Estado, el cual debe ser el mismo para todos los que hagan uso de un servicio igual. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. De inicio habría de considerar que la contribución que se analiza en el presente asunto es un derecho, la cual define el Código Fiscal del Estado de Coahuila, en su artículo 3°, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Luego, la contribución que se combate se encuentra prevista en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ejercicio dos mil veintiuno, los cuales disponen: "DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ARTICULO 54.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. [.] SEGUNDA PARTE DEL COMERCIO (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) (REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 82], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 60.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: [.] 3). La inscripción (sic) actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración." De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador coahuilense estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Además, los preceptos en cita también disponen que la cuota fija establecida atiende a los costos generados por revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Establecido el origen de las contribuciones reclamadas, se procede al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con los siguientes apartados. INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO AJENO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO. Resulta infundado el argumento del promovente consistente en que los numerales 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, contemplan un elemento ajeno para la determinación del derecho por el servicio de inscripción de documentos. Para demostrar dicha aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen 169-174, Primera Parte, página 23, registro digital 232409, con rubro: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio -monto de la operación, medidas de un bien, tipo de documento a registrar, entre otras-, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Situación que en el presente asunto no se actualiza, pues atento al contenido de los numerales 54 fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente el ejercicio fiscal de 2021, se advierte que dichos preceptos no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, (como es el valor de lo que ha de inscribirse), toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, al fijar una cantidad para todos los casos en donde se solicite el registro de un contrato de compraventa, títulos de propiedad, resoluciones judiciales, así como cualquier otra en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique, extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o se registren créditos hipotecarios, se cubrirá la misma cuota de -$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)-, independientemente del monto de la operación. En efecto, la parte quejosa parte de una premisa equivocada, puesto que, se insiste, de la lectura de los citados preceptos, se advierte que el derecho por servicios de inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio no se cobra con base algún elemento ajeno, sino que el legislador estableció una cuota fija. De tal manera que si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnado no adolece del vicio de inconstitucionalidad aducido por la parte quejosa. Por tanto, en las condiciones anotadas, como se mencionó es infundado el concepto de violación en que señala que dicha contribución trasgrede los referidos principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco le asiste la razón a la quejosa cuando afirma que por tratarse de un servicio simple, el costo del mismo debe agotarse en la inscripción del documento sin incluir otros conceptos, lo cual resulta incorrecto, pues como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un servicio simple no se distingue porque la actuación del Estado se agote con un solo acto que constituye el servicio mismo, sino, porque el servicio siempre resulta ser el mismo, es decir, que el objeto respecto del cual se solicita no requiere modificaciones por cada vez que se presta o un cambio en la intensidad o especialización para realizarlo. Es decir, es simple porque el Instituto Registral y Catastral efectúa siempre la misma actividad para efecto de la inscripción, por tanto, cualquier acto que se inscriba pasará por el mismo procedimiento, a diferencia de un servicio complejo, en el que cada vez que se solicite el servicio, la actividad del Estado podrá modificarse según el objeto y por tanto el costo podrá variar. Consecuentemente si los preceptos impugnados establecen una cuota fija para todos los casos de inscripción que contemplan, es claro que el costo del servicio atiende únicamente a la cantidad fija y al número de veces que el mismo sea utilizado y no a un monto gradual que aumenta no obstante tratarse del mismo servicio como incorrectamente concluye la quejosa, aunado a que dicho servicio, como se ha señalado, no se agota en la simple inscripción, sino que, implica una serie de actividades que el estado requiere desarrollar para su correcta inscripción y conservación. Resulta ilustrativa a lo anterior la tesis P.V/2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, visible en el Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 227, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso." (TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, en otro concepto la quejosa refiere que la desproporcionalidad de la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por la inscripción de documentos se patentiza al existir en los mismos artículos tarifas diversas por actos registrales análogos. Sin embargo, es de precisarse, que contrario a lo manifestado por el justiciable los servicios establecidos en el citado precepto son distintos, pues en tanto los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, establecen la inscripción de documentos relativos a la transmisión de propiedad y créditos, respecto de los cuales procede su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. En esa medida, de acuerdo con el principio de tracto sucesivo que, entre otros, rigen la función del Registro Público de la Propiedad, la inscripción de un contrato de traslación de propiedad de inmueble o relativo a un crédito, requiere constatar previamente que el objeto de ese contrato no esté ya inscrito a nombre de persona distinta al solicitante, por lo que, es evidente que aquel no amerita una simple inscripción como lo sostiene la quejosa, sino un análisis exhaustivo para determinar la procedencia y validez de aquel, aunado al registro, asignación de asiento registral, resguardo y conservación tanto digital como material perene de los registros resguardados. En cambio, en las demás revisiones que no constituyen un registro, su realización sólo implica localizar la inscripción principal relativa, no conllevan el mismo procedimiento a realizar para la oficina registral, el cual implica el procedimiento completo de inscripción y no solamente la revisión. Expuesto lo anterior, se puede advertir con claridad que el sólo hecho de que existan cuotas distintas ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, como incorrectamente señala la parte quejosa, en la medida de que, son distintos los procedimientos a efectuar. Esto es así, porque aun cuando pueda apreciarse de un análisis preliminar una contraposición de cuotas, ello no es suficiente para determinar que la cuota contenida en la aplicación de la norma reclamada sobrepasa los gravámenes que la prestación del servicio de inscripción ocasiona al Estado, esto es, la simple comparativa que hace la parte quejosa no patentiza la inconstitucionalidad debatida. En otro entorno, la parte quejosa refiere que para los artículos aquí analizados, resulta aplicable jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de rubro y que, con motivo de ello, debería de suplirse la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En ese sentido, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 25/2006-PL, sostuvo que es deber de los órganos de control constitucional suplir la deficiencia de la queja cuando las normas combatidas se ubiquen en un tema ya resuelto por ese Alto Tribunal a través de una jurisprudencia temática, siendo innecesario el estudio de los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo ante la obligación del juez constitucional, entre otras cosas, de hacer prevalecer la Constitución en cuanto a la ley suprema; de privilegiar el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido por la Suprema Corte; y, de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas. En ese contexto, se concluye que el presente caso no existe jurisprudencia temática que haga concluir la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, pues si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se trata de derechos existe vulneración a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria cuando en la mecánica de su pago dependa del monto de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción, y no por el costo real del servicio que presta el Estado, generando con ello, un trato desigual a los que reciben servicios análogos, pues se produce el efecto que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, no obstante que se trata de la misma función registral. Lo que se evidencia, pues como se desarrolló en el cuerpo de la presente sentencia, en la legislación en estudio no se establece un elemento extraño para determinar el costo del servicio que presta el Estado, como lo podría ser, el valor de la operación o el tipo de documento a inscribir, por el contrario, en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente, se estableció una cuota fija para el pago de derechos registrales; tema disímil que trata la juriprudencia relativa que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en ella se estableció como inconstitucional cuando el cobro es desigual no obstante que se trata del mismo servicio; mientras que, en la ley que nos ocupa, precisamente existe el mismo costo para todos los que reciben idéntico servicio. En ese sentido, si bien las jurisprudencias temáticas son de aplicación obligatoria para los Jueces de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la ley de la materia, para ello es necesario que los supuestos que se prevén en éstas sean efectivamente aplicables al caso concreto, lo que no se satisface en la especie; de tal suerte que, contrario a lo solicitado, no procede suplir la deficiencia de la queja en los términos que refiere la parte quejosa y, por tanto, los conceptos de violación deben analizarse conforme al principio de estricto derecho que rige a la acción de amparo. Aunado a lo anterior, y contrario a lo referido por la quejosa la interpretación más favorable a la persona en el orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia, sino que ello sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Consecuentemente, no es dable relevar a la quejosa de la carga de acreditar la inconstitucionalidad de las normas que tilda de inconstitucionales pues la aplicación de los principios nacidos del artículo 1° de la Constitución, no implica que este juzgador pierda de vista las condiciones constitucionales y legales de procedencia del juicio de amparo. Máxime si se trata de la inconstitucionalidad de una ley que por su proceso de creación fundado constitucionalmente, tiene la presunción de ser constitucional, por lo que el que asevera lo contrario tiene la carga de acreditarlo, al no ser la norma impugnada por si misma inconstitucional, por no advertirse la aplicación de categorías sospechosas que ameriten un escrutinio estricto de constitucionalidad. En apoyo, se invoca la jurisprudencia clave 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicaba en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Elvira Saldivar Adame, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elvira Saldivar Adame, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. Acuerdo. Atento a lo anterior, agréguese sin mayor proveído el informe de cuenta, toda vez que en dieciocho de noviembre de este año, se tuvo por recibido un informe justificado en el mismo sentido. Delegados. No obstante lo anterior, conforme al artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la prueba documental que menciona en su informe justificado; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Correo y número de teléfono. Por otro lado, se tiene a la autoridad responsable por señalando el correo electrónico webmaster@congresocoahuila.gob.mx, así como el teléfono 8442421115; ello, para que se le brinde atención en tratándose de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

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