Elvira Saldaña Ramírez

Expediente 89/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
89/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Elvira Saldaña Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS OFICIO REMITE SECRETARIO ACUERDOS SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA CIVIL DECIMOSEXTO CIRCUITO, EN GUANAJUATO, INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO. SE TOMA DEBIDO CONOCIMIENTO, PARA EFECTOS LEGALES. EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. ARCHÍVESE EXPEDIENTE.

  2. Principal

    DE AUTOS SE ADVIERTE QUE MEDIANTE OFICIO SECRETARIO ACUERDOS SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA CIVIL DECIMOSEXTO CIRCUITO EN GUANAJUATO, INFORMÓ QUE PREVIO A REALIZAR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO, REQUIRIÓ A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. TODA VEZ QUE A LA FECHA ESTE JUZGADO NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN AL RESPECTO SOLICÍTESE AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, INFORME SI YA SE PRONUNCIÓ SOBRE LA COMPETENCIA DECLINADA, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR DESTINO Y ORDENAR ARCHIVO.

  3. Principal

    TRIBUNAL COLEGIADO INFORMA RECEPCIÓN DE AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO Y COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO. SE TOMA EL DEBIDO CONOCIMIENTO, Y ESTE JUZGADO FEDERAL QUEDA EN ESPERA SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO QUE EN SU OPORTUNIDAD REALICE LA AUTORIDAD FEDERAL, SOBRE LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 9 DE FEBRERO DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, nueve de febrero de dos mil dieciocho. I. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por la quejosa Elvira Saldaña Ramírez, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y en atención a ello, se acuerda: II. Incompetencia. Ahora bien, visto el contenido de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, este Juzgado procede a analizar su legal competencia para conocer del presente asunto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, de sus anexos, así como del escrito que se agrega, se desprende que constituye el acto reclamado el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la autoridad responsable decretó la caducidad de la instancia dentro del contradictorio de origen, por haber transcurrido más de ciento veinte días hábiles desde la última promoción sin que hubiere actividad para impulsar el juicio. Ahora bien, el artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada . En el caso, la promovente reclama el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la autoridad responsable a través del cual decretó la caducidad de la instancia dentro del contradictorio de origen, por haber transcurrido más de ciento veinte días hábiles desde la última promoción, sin que hubiere actividad para impulsar aquél juicio. De manera que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer del asunto planteado , por lo siguiente: En el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prevista la competencia constitucional en materia civil de los Tribunales Colegiados de Circuito: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)". Por otra parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: ? De la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)." ? De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:" (..) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)." [Énfasis añadido] Del análisis de los artículos transcritos, se colige que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un auto que pone fin al juicio ordinario civil 469/2015-C. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y, en consecuencia, se ordena remitir el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno del Decimosexto Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato, dejándose en su lugar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior previa notificación a la parte promovente del presente proveído. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, materia Común, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 236, materia administrativa, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, Secretaria adscrita a la Sección de Amparo de este propio órgano jurisdiccional, quien autoriza y da fe."

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