Elvira Rodarte Trujillo

Expediente 1222/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1222/2015
Año
2015
Actuaciones
34
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • Elvira Rodarte Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de seis meses que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, trascurrió para el tercero interesado Alberto García Guerrero del treinta de enero al treinta y uno de julio de la presente anualidad; Que el diverso tercero interesado Mario Galván Pérez promovió incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida a fin de que surtiera efecto la suspensión definitiva otorgada en interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil quince, sin embargo por resolución de diecinueve de julio del año en curso, se declaró infundado. Que se exhibió el billete de depósito N 176849, para que surtiera efectos la suspensión definitiva decretada en el incidente de suspensión. Que los licenciados Manuel Solís Rodarte y J. Luis Aparicio de la Torre, cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede; así como con el escrito registrado bajo el folio 12235. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito firmado por la quejosa ELVIRA RODARTE TRUJILLO, en atención a su contenido, téngasele por revocando la designación de autorizados hecha con anterioridad y por designando como nuevos autorizados para oír y recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Manuel Solís Rodarte y J. Luis Aparicio de la Torre, quienes cuentan con cédulas 1768750 y 1065058, respectivamente, debidamente registradas en el Sistema Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que el término señalado por el artículo 156 de la Ley de Amparo, trascurrió para el tercero interesado Alberto García Guerrero del treinta de enero al treinta y uno de julio de la presente anualidad y que el diverso tercero interesado Mario Galván Pérez promovió incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida a fin de que surtiera efecto la suspensión definitiva, otorgada en interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil quince; sin embargo, por resolución de diecinueve de julio del año en curso, se declaró infundado. Por tanto, y como lo solicita la quejosa ELVIRA RODARTE TRUJILLO, se ordena poner a disposición de ésta el billete de depósito N 176849, valioso por la cantidad de veinte mil pesos, que exhibió a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le otorgó, para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor de la antes mencionada. Por tanto, hágasele saber que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterada del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibida que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dicho documento mercantil y constancia de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE SE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos el escrito firmado por la quejosa ELVIRA RODARTE TRUJILLO, en atención a su contenido, téngasele por revocando la designación de autorizados hecha con anterioridad y por designando como nuevos autorizados para oír y recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Manuel Solís Rodarte y J. Luis Aparicio de la Torre, quienes cuentan con cédulas 1768750 y 1065058, respectivamente, debidamente registradas en el Sistema Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito. "...."Por tanto, y como lo solicita la quejosa ELVIRA RODARTE TRUJILLO, se ordena poner a disposición de ésta el billete de depósito N 176849, valioso por la cantidad de veinte mil pesos, que exhibió a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le otorgó, para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor de la antes mencionada. Por tanto, hágasele saber que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterada del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibida que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación "

  3. Principal

    El Secretario licenciado Juan García Trejo CERTIFICA: Que el término de cinco días que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo para que la parte legitimada interpusiera recurso de queja contra la interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, transcurrió del veintisiete de julio al dos de agosto del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. Lic. Juan García Trejo. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al Secretario encargado del despacho del juzgado con el estado de autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, en específico con la interlocutoria de diecinueve de julio del año actual, a través del cual se declaró infundado el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, promovido por el tercero interesado Mario Galván Pérez y certificación que antecede, de los que se advierte que la parte promovente de dicha incidencia no interpuso recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución incidental ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. AJC.

  4. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Zacatecas, Zacatecas, siendo las once horas con treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza licenciado Juan García Trejo, de conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente al incidente a que se refiere el numeral 156 de la legislación en cita, a efecto de determinar si es procedente el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida a fin de que surtiera efecto la suspensión definitiva otorgada en resolución interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil quince. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias vinculadas con el presente incidente, entre las que destacan: escrito con folio 8517 recibido en este Juzgado en veintiuno de junio del año en curso, signado por el tercero interesado Mario Galván Pérez, por medio del cual solicitó se tramitara el incidente a que alude el numeral 156 de la ley de la materia (foja 504); auto dictado el veintidós de junio de la presente anualidad, por el que este Juzgado de Distrito inició el trámite de dicho incidente (foja 505); y escrito con folio 9512, signado por el antes mencionado mediante el cual solicita se resuelva el referido incidente (foja 515). A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. En la fase de alegatos el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S, los autos para resolver el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva promovido por el tercero interesado Mario Galván Pérez, dentro de los autos del juicio de amparo 1222/2015. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo y suspensión. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Elvira Rodarte Trujillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y Ministro Ejecutor adscrito, ambos del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, reclamando: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 175/2013, en donde se embargaron, remataron y adjudicaron a un tercero dos inmuebles de los cuales la parte quejosa asegura tener el cincuenta por ciento de propiedad, en virtud de que forman parte de la sociedad conyugal generada mientras mantuvo el vínculo matrimonial con el demandado en aquella instancia. La diligencia de embargo practicada en autos del juicio ejecutivo mercantil 175/2013, y la diligencia por la que posiblemente se cumplirá la orden de desposesión de los inmuebles materia de litigio en aquel juicio. El catorce de julio de dos mil quince, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo y la registró con el número 1222/2015, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como terceros interesados a Alberto García Guerrero y Mario Galván Pérez, y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiuno de septiembre del presente año. En dicha demanda, se solicitó la suspensión de los actos reclamados; por lo que, mediante interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil quince, se negó y concedió la suspensión definitiva, en los siguientes términos: "Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, en el caso RESULTA PROCEDENTE CONCEDER LA INDICADA MEDIDA CAUTELAR para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, la quejosa no sea desposeída de dichos inmuebles, y no se lleve a cabo la ejecución forzosa y entrega de los bienes rematados y adjudicados; hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la resolución que se dicte en el fondo del asunto. Al respecto, es de indicarse que el documento público consistente en la copia certificada del acta de matrimonio celebrada entre Alberto García y Elvira Rodarte, así como la copia certificada de la sentencia interlocutoria de quince de abril de dos mil quince, emitida dentro del juicio de divorcio necesario número 142/1993, derivado del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, en la que se decretó la disolución de dicha sociedad consistente en el 50% para Elvira Rodarte Trujillo y 50% para Alberto García Guerrero, respecto de los bienes inmuebles ya relatados, es decir, ello trae como consecuencia la presunción de que los bienes inmuebles pertenecen a la quejosa en un 50%; en consecuencia, es suficiente para CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ya que el dictado de la medida no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fé o de mala fé, porque la finalidad es, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. [.] Ahora bien, atendiendo a que la suspensión provisional (sic) se solicita para que no se lleve a cabo el trance y remate de cuatro bienes inmuebles de diferentes medidas y colindancias, aunado al hecho de que el juicio de amparo en lo principal se resolverá en el término de seis meses, la medida suspensiva otorgada, surte sus efectos desde luego; sin embargo, dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe garantía, por la cantidad de 20,000.00. (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), como garantía, en billete de depósito, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; lo anterior, con fundamento en el artículo 132 Ley de Amparo en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación, dejará de surtir efectos la medida cautelar decretada. En el entendido de que el monto de la garantía señalada se fija conforme a la facultad discrecional conferida por el numeral 132, de la Ley de Amparo, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros si la impetrante no obtiene sentencia favorable en el juicio principal del que deriva esta incidencia, sin perjuicio de que pueda variar al resolver sobre la suspensión definitiva, con base a mayores elementos que aporten las partes. Esta medida suspensiva, no surte sus efectos en caso de que los actos provengan de autoridades distintas a las señaladas como responsables, se trate de actos posteriores a la presentación de la demanda, que dio origen al juicio de amparo al que corresponden estos cuadernos incidentales. Dicha medida no surtirá efectos si se está en presencia de actos consumados." Cabe señalar que la citada garantía fue exhibida por el autorizado de la quejosa, el doce de agosto de dos mil quince, mediante billete de depósito número N 176849, con importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). SEGUNDO. Dictado de la sentencia y ejecutoria. El veintisiete de octubre de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del dictado de sentencias de este Juzgado de Distrito, otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. Inconforme con tal determinación, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, el tercero interesado Mario Galván Pérez interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el que por sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa Elvira Rodarte Trujillo. TERCERO. Presentación y trámite del incidente. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el tercero interesado Mario Galván Pérez promovió incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, el cual se admitió a trámite por auto de veintidós de ese mismo mes y año, dándose vista a las partes para que hicieran sus respectivas manifestaciones y ofrecieran pruebas, en caso de creerlo pertinente; por lo que, una vez realizado lo anterior, se desahogó la audiencia incidental respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Análisis del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva. El incidente propuesto para obtener la suma que ampara el billete de depósito exhibido por quejosa, hecho valer por el tercero interesado Mario Galván Pérez, dentro del presente juicio de amparo, es infundado de conformidad con los siguientes razonamientos. En primer término, debe destacarse que el tercero interesado Mario Galván Pérez sustenta el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, en los argumentos siguientes: Al no haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las consideraciones vertidas en el recurso de revisión, es un hecho notorio que la quejosa actuó con malicia, por lo que, la suspensión definitiva concedida dejó que el tercero interesado sufriera un perjuicio, al no haberle permitido obtener una ganancia en el tiempo de duró la misma, como lo era el trance y remate de los inmuebles materia del juicio de origen. Por su parte, es de precisarse que el tercero interesado Mario Galván Pérez, no obstante que mediante acuerdo de veintidós de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, sin que lo haya hecho, por tanto, en el caso, precluyó el derecho que tenía a su favor. Previo emitir pronunciamiento respecto al fondo de la cuestión incidental que nos ocupa, resulta necesario emitir las siguientes consideraciones. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo que se lleva por cuerda separada y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo, según lo disponen los artículos 125, 128, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo. Su objeto consiste en conservar la materia del mismo, dicho de otro modo, evitar que se consume irreparablemente la violación que a través de la vía constitucional se impugna, por conducto del acto reclamado, por lo que sus efectos son cesar temporalmente las medidas relativas a ejecutarla y para su procedencia se deben presentar los requisitos establecidos en la legislación aplicable, es decir, que lo peticione el quejoso; que los actos respecto de los que se solicite sean ciertos y susceptibles de ser suspendidos; y que no se siga perjuicio al interés social, ni contravengan disposiciones de orden público. Se invoca al efecto la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible a página 560, tomo XIX, materia común, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "SUSPENSIÓN. La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo; y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión, pues los alcances de ésta son impedir toda actuación de las autoridades responsables, para ejecutar el acto que se reclama." En tales condiciones, los numerales 132, 139 y 156 de la ley de la materia, aplicable al caso, a la letra disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De lo transcrito, se obtiene que en los casos en que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a los terceros interesados, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido que la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico al tercero interesado de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar en los hechos que fundamenten su pretensión la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios convictivos que estime convenientes y, cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo. Así, deviene necesario establecer que debe entenderse por el concepto de daños y su distinción con los perjuicios, los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal definen las figuras en alusión en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." Con base en las conceptualizaciones legales que anteceden, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también, en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera obtenerse con el cumplimiento de la obligación, de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación De manera que, si la pretensión de la actora incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y resulta necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, en primer orden, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe una relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En otro orden, a los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el tercero interesado, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de no haber resentido tal afectación se habrían generado ganancias, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. En tal virtud, será en relación con el concepto reclamado que deberán ponderase las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste, situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto solo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia de mérito, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar aptitud de justipreciar, con base a los elementos aportados en autos la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. Consideraciones las anteriores que forman parte de la ejecutoria que sostiene la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 148, tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época, materias civil y común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." De lo anterior, se desprenden como requisitos para la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, los que a continuación se enlistan: 1. Que exista tercero interesado en el juicio; 2. Que el otorgamiento de la medida cautelar se hubiese condicionado a la exhibición de una garantía; 3. Que exista sentencia que hubiere causado ejecutoria o haya sido recurrida; y, 4. Que se acredite por la parte tercero interesado, haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión decretada y ejercida. Apoya lo anterior la tesis I.3o.C.47 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1144, del Tomo XVII, Abril del 2003, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184388, cuyo texto y rubro citan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA. El incidente contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo tiene como objetivo restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. En ese tenor, la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Así, se analizará cuáles de ellos si quedaron acreditados, y cuál no. 1. Que exista tercero interesado en el juicio. Por lo que se refiere al punto marcado con el número uno, tenemos que precisamente al incidentista Mario Galván Pérez, es tercero interesado en el juicio. 2. Que el otorgamiento de la medida cautelar se hubiese condicionado a la exhibición de una garantía. Respecto del punto marcado con el numeral dos, también se satisface, ya que la quejosa Elvira Rodarte Trujillo, para obtener la medida suspensiva exhibió una garantía por la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), mediante el billete de depósito número N 176849. 3. Que exista sentencia que hubiere causado estado. El punto marcado con el tres, de igual manera queda satisfecho, ya que del expediente en que se actúa se advierte que por sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil quince, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa; resolución contra la que se interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el que por sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa; por lo que, tal resolución se encuentra firme. 4. Que se acredite por la parte tercero interesada, haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión definitiva concedida. Respecto al punto marcado como cuatro, se estima que no quedó debidamente acreditado por parte del promovente incidentista, ya que como se precisó en líneas precedentes, mediante acuerdo de veintidós de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días, ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, sin que lo haya hecho, por tanto, en el caso, precluyo el derecho que tenía a su favor. Así pues, para cumplir con el cuarto requerimiento de procedencia del incidente de daños y perjuicios, la parte promovente se encuentra compelida a señalar de manera concreta los hechos que originaron la afectación de que se duele, así como la cantidad a la que asciende y la forma en la que arribó a esa cifra, mediante el ofrecimiento de pruebas pertinentes y la exposición de las operaciones necesarias, que permitan corroborar, dentro del ámbito de las probabilidades, que efectivamente recayó un menoscabo en su patrimonio, sin embargo, no obra en el sumario, medio de convicción alguno que justificara tales datos. Con base en lo expuesto, al no quedar plenamente acreditado el último requisito previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, resulta infundado el incidente promovido por el tercero interesado Mario Galván Pérez; y, en el caso, es improcedente el pago de los perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida a la quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 67 y 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundado el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva promovido por Mario Galván Pérez. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida legalmente del licenciado Juan García Trejo, secretario con quien actúa. Doy fe.

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