Elvira Orihuela Diaz
Expediente 868/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elvira Orihuela Diaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; seis de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por********, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 868/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ese artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2. Proceder soportado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda a pesar de tener plena convicción de que a la postre resultará improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: El oficio de fecha uno de julio de dos mil veintidós, así como cualquier otro a través cual se ordenó, acordó, tramitó o ejecutó por parte de la responsable ordenadora consistente en la solicitud de demolición del lugar ubicado en *******, en un plazo no mayor a 72 horas, lugar en el cual expende mercancías de fruta y pollo, mismo inmueble que poseo de manera quieta, pacífica y de buena fe desde hace más de veinte años. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos de autoridades administrativas -distintos de los tribunales judiciales-, como los combatidos en este juicio, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por medio el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promoverla acción constitucional. El aludido precepto establece diversas excepciones a esta causa de improcedencia, a saber: a) Cuando no se prevea la suspensión del acto impugnado de oficio o mediante la interposición del recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el recurrente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni más plazo que el establecido para otorgar la suspensión provisional; con independencia de que el acto sea o no susceptible de ser suspendido. b) El acto reclamado carezca de fundamentación. c) Cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) El juicio, recurso o medio de defensa legal se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. e) Cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado. La causa de improcedencia mencionada tiene sustento en el principio de definitividad rector del juicio de amparo, el cual, encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover aquél. Ahora bien, los artículos 1 y 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente, así como el 18, apartado B), fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establecen lo relativo a la competencia y procedencia del juicio de nulidad en contra del acto reclamado en este procedimiento: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.". "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: . B) Competencias: . II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; (.)". Ahora, se considera que la quejosa debía agotar el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en la citada legislación, porque así lo prevén expresamente dichas disposiciones legales, al establecer que ese juicio procede contra cualquier actuación u omisión administrativa de los municipios; además, no existe alguna excepción legal que la exima de tal obligación. En efecto, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que regula el citado medio de defensa en contra de los actos aquí reclamados, no exige mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, así se aprecia de lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: "Artículo 109.- La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. (.)". Igualmente no se actualiza en el caso, la diversa excepción al referido principio de definitividad concerniente a que el acto reclamado carezca de fundamentación, pues en el caso se está en presencia de una orden en la que se plasma el artículo 133, fracción XLII del Reglamento de Gobierno y de la Administración Púbica del Municipio de Temixco, Morelos 2022-2024, aunado a que la cédula de notificación personal que le fue practicada el uno de los actuales, también se citan los ordinales 138, 202, 203, 204, 211 y 212 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; 44 fracción XI y XIV y 129 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Temixco, Morelos; y 1, 3 fracción II, IV, V, VII, 9, 10, 16, 39 y 284 del Reglamento de Construcción del Municipio de Temixco, Morelos. Tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad relativo a que no es necesario agotar los recursos o medios de impugnación cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; habida cuenta que el juicio de nulidad al que se ha estado haciendo alusión, no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley; esto es, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos vigente; además, no está restringido el medio de impugnación del acto reclamado solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante; máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el medio de defensa de que se trata antes de acudir al juicio de amparo, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse, puesto que mediante éste, la parte afectada puede ser oída con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. Asimismo, se debe precisar que en el escrito de demanda, la parte quejosa manifestó que el uno de julio del año en curso, le fue notificada por parte del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, una orden de solicitud de demolición, del lugar que se encuentra ubicado en "******, lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En las relatadas circunstancias, al no operar ningún caso de excepción al principio de definitividad, debió promoverse el citado juicio administrativo en contra de los actos reclamados de manera previa a instar este amparo; en consecuencia, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la legislación de la materia. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en cita de manera notoria manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA. Sin que se óbice que la parte promovente de amparo reclama también la falta de notificación fundada y motivada del acto reclamado, sin embargo, de la constancia que anexa al escrito que se provee, y de sus propias manifestaciones, se advierte que el acto reclamado le fue notificado el uno de julio del año en curso, por lo cual subsiste el desechamiento planteado. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la propia ley, a los profesionistas que indica, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el seis de julio de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos; seis de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por********, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 868/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ese artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2. Proceder soportado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda a pesar de tener plena convicción de que a la postre resultará improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: El oficio de fecha uno de julio de dos mil veintidós, así como cualquier otro a través cual se ordenó, acordó, tramitó o ejecutó por parte de la responsable ordenadora consistente en la solicitud de demolición del lugar ubicado en *******, en un plazo no mayor a 72 horas, lugar en el cual expende mercancías de fruta y pollo, mismo inmueble que poseo de manera quieta, pacífica y de buena fe desde hace más de veinte años. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos de autoridades administrativas -distintos de los tribunales judiciales-, como los combatidos en este juicio, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por medio el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promoverla acción constitucional. El aludido precepto establece diversas excepciones a esta causa de improcedencia, a saber: a) Cuando no se prevea la suspensión del acto impugnado de oficio o mediante la interposición del recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el recurrente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni más plazo que el establecido para otorgar la suspensión provisional; con independencia de que el acto sea o no susceptible de ser suspendido. b) El acto reclamado carezca de fundamentación. c) Cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) El juicio, recurso o medio de defensa legal se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. e) Cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado. La causa de improcedencia mencionada tiene sustento en el principio de definitividad rector del juicio de amparo, el cual, encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover aquél. Ahora bien, los artículos 1 y 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente, así como el 18, apartado B), fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establecen lo relativo a la competencia y procedencia del juicio de nulidad en contra del acto reclamado en este procedimiento: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.". "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: . B) Competencias: . II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; (.)". Ahora, se considera que la quejosa debía agotar el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en la citada legislación, porque así lo prevén expresamente dichas disposiciones legales, al establecer que ese juicio procede contra cualquier actuación u omisión administrativa de los municipios; además, no existe alguna excepción legal que la exima de tal obligación. En efecto, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que regula el citado medio de defensa en contra de los actos aquí reclamados, no exige mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, así se aprecia de lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: "Artículo 109.- La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. (.)". Igualmente no se actualiza en el caso, la diversa excepción al referido principio de definitividad concerniente a que el acto reclamado carezca de fundamentación, pues en el caso se está en presencia de una orden en la que se plasma el artículo 133, fracción XLII del Reglamento de Gobierno y de la Administración Púbica del Municipio de Temixco, Morelos 2022-2024, aunado a que la cédula de notificación personal que le fue practicada el uno de los actuales, también se citan los ordinales 138, 202, 203, 204, 211 y 212 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; 44 fracción XI y XIV y 129 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Temixco, Morelos; y 1, 3 fracción II, IV, V, VII, 9, 10, 16, 39 y 284 del Reglamento de Construcción del Municipio de Temixco, Morelos. Tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad relativo a que no es necesario agotar los recursos o medios de impugnación cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; habida cuenta que el juicio de nulidad al que se ha estado haciendo alusión, no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley; esto es, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos vigente; además, no está restringido el medio de impugnación del acto reclamado solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante; máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el medio de defensa de que se trata antes de acudir al juicio de amparo, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse, puesto que mediante éste, la parte afectada puede ser oída con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. Asimismo, se debe precisar que en el escrito de demanda, la parte quejosa manifestó que el uno de julio del año en curso, le fue notificada por parte del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, una orden de solicitud de demolición, del lugar que se encuentra ubicado en "******, lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En las relatadas circunstancias, al no operar ningún caso de excepción al principio de definitividad, debió promoverse el citado juicio administrativo en contra de los actos reclamados de manera previa a instar este amparo; en consecuencia, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la legislación de la materia. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en cita de manera notoria manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA. Sin que se óbice que la parte promovente de amparo reclama también la falta de notificación fundada y motivada del acto reclamado, sin embargo, de la constancia que anexa al escrito que se provee, y de sus propias manifestaciones, se advierte que el acto reclamado le fue notificado el uno de julio del año en curso, por lo cual subsiste el desechamiento planteado. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la propia ley, a los profesionistas que indica, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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