Elvira Mendoza Villagómez
Expediente 577/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elvira Mendoza Villagómez
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario XXXVI, en Morelia, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, así como del escrito de cumplimiento de prevención, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El acto reclamado se hace consistir en: La admisión a trámite del incidente de justas causas promovido por Ma. Cecilia Vargas Magdaleno y/o Cecilia Vargas Magdaleno y/o María Cecilia Vargas Magdaleno, dentro del expediente 1955/2016, que promueve Elvira Mendoza Villagómez (aquí quejosa), del índice del Tribunal Unitario Agrario Número XXXVI, con residencia en esta ciudad. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa como ya se dijo con antelación le causa perjuicio la admisión a trámite del incidente de justas causas promovido por Ma. Cecilia Vargas Magdaleno y/o Cecilia Vargas Magdaleno y/o María Cecilia Vargas Magdaleno, dentro del expediente 1955/2016, que promueve Elvira Mendoza Villagómez (aquí quejosa), del índice del Tribunal Unitario Agrario Número XXXVI, con residencia en esta ciudad. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del expediente agrario 1955/2016, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor del promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, así como del escrito de cumplimiento de prevención, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse vía amparo directo, una vez que se dicte la sentencia definitiva. Como criterio orientador se cita la tesis aislada con número de registro 216186, visible en la página 281, Libro 6, Tomo XI, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1993, de rubro y texto siguientes: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". Ello es así, en virtud de que en el juicio de origen todavía no se dicta sentencia ni se sabe el sentido de esta, de manera que, mientras dicha resolución no se pronuncie, se está en la posibilidad de que sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario XXXVI, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, así como del escrito de cumplimiento de prevención, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El acto reclamado se hace consistir en: La admisión a trámite del incidente de justas causas promovido por Ma. Cecilia Vargas Magdaleno y/o Cecilia Vargas Magdaleno y/o María Cecilia Vargas Magdaleno, dentro del expediente 1955/2016, que promueve Elvira Mendoza Villagómez (aquí quejosa), del índice del Tribunal Unitario Agrario Número XXXVI, con residencia en esta ciudad. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa como ya se dijo con antelación le causa perjuicio la admisión a trámite del incidente de justas causas promovido por Ma. Cecilia Vargas Magdaleno y/o Cecilia Vargas Magdaleno y/o María Cecilia Vargas Magdaleno, dentro del expediente 1955/2016, que promueve Elvira Mendoza Villagómez (aquí quejosa), del índice del Tribunal Unitario Agrario Número XXXVI, con residencia en esta ciudad. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del expediente agrario 1955/2016, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México es parte, en favor del promovente, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, así como del escrito de cumplimiento de prevención, para advertir que la parte quejosa se duele de una determinación de la responsable que, como se vio, es indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse vía amparo directo, una vez que se dicte la sentencia definitiva. Como criterio orientador se cita la tesis aislada con número de registro 216186, visible en la página 281, Libro 6, Tomo XI, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1993, de rubro y texto siguientes: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". Ello es así, en virtud de que en el juicio de origen todavía no se dicta sentencia ni se sabe el sentido de esta, de manera que, mientras dicha resolución no se pronuncie, se está en la posibilidad de que sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. En este orden de ideas, el acto impugnado en sede constitucional tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario XXXVI, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables, con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 577/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Berta Villicaña González, quien dice ser apoderada jurídica de Elvira Mendoza Villagómez, así como por esta última, previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Precise de manera clara el acto reclamado, así como los hechos o abstenciones que lo constituyen. Ello es así, en virtud de que en su escrito inicial de demanda, no existe el apartado correspondiente al acto reclamado, únicamente manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes que lo constituyen, así como los conceptos de violación. Asimismo, de los antecedentes no se advierte de manera clara el acto del que se duele la parte quejosa en esta instancia constitucional, pues únicamente hace una narración de lo acontecido en el procedimiento dentro del expediente 1955/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Número XXXVI, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de los conceptos de violación se advierte que refiere, que lo que le causa agravio es la admisión del incidente de justas causas que promovió la demandada Ma. Cecilia Vargas Magdaleno y/o Cecilia Vargas Magdaleno y/o María Cecilia Vargas Magdaleno, con motivo de su incomparecencia dentro del expediente 1955/2016, que promueve Elvira Mendoza Villagómez (aquí quejosa). Sin que se soslaye la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que encuadren en la hipótesis del citado numeral, puesto que dicho acto no importa peligro en privación de la vida, la libertad personal fuera de procedimiento judicial, la integridad personal y dignidad, por lo que no amerita la misma tutela jurídica. De ahí la necesidad de requerir a la promovente para que aclare dicha circunstancia. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y de no acompañar copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido de que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la peticionaria o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, pues su autorizado carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Salvador García Cerna e Ilda Teresa García Sandoval, ya que acreditaron tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que los restantes únicamente podrán imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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