Elvira Melchor Ferman
Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Elvira Melchor Ferman
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 35/2022-V. Puebla, Puebla, tres de febrero de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Archivo De tal forma, en términos de lo establecido en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Destrucción del expediente. Con apoyo en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá ser destruido una vez que cumpla tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Lo cual deberá ocurrir dentro de los treinta días siguientes al finalizar el término referido en el párrafo anterior. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno Se ordena a la Analista Jurídico "A" que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 35/2022-V. Puebla, Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ++++, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Municipio de Tepeyahualco, Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 35/2022. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de juicio en línea, no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por las quejosas debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda fue circunscrito a los siguientes actos: La orden de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación atribuida a los Ministerios Públicos señalados como responsables, así como la ejecución de esa orden. De ellos, se actualizan las causas de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, las quejosas sólo mencionan que, agentes ministeriales se presentaron en su domicilio particular ubicado en el estado de Puebla, mencionando a sus familiares y vecinos que estaban dando cumplimiento a unos oficios de investigación; y que por ello tienen el temor de ser privadas de su libertad. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlas o detenerlas. Ahora, aun si el representante social las llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si las quejosas reclaman las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación, reclamadas a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." (Registro digital: 2020800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.6o.P.146 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3527, Tipo: Aislada): Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, por propio derecho, contra las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes atribuidos a los comandantes que señala en su demanda, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Representante común. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante de las quejosas a ++++++, sin perjuicio de que la substituyan posteriormente. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de las quejosas para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). Por otra parte, se tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona de nombre +++++++++, porque se le otorgó facultades amplias y tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y sólo para oír y recibir a las restantes personas por carecer de dicho registro. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura federal, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono y correo electrónico por medio del cual pueda ser contactada. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema Agenda OJ, donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema Agenda OJ, donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo - de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal a las quejosas; y cúmplase.
- Principal
---JUICIO DE AMPARO 35/2022-V. Puebla, Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ++++, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Municipio de Tepeyahualco, Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 35/2022. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de juicio en línea, no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por las quejosas debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda fue circunscrito a los siguientes actos: La orden de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación atribuida a los Ministerios Públicos señalados como responsables, así como la ejecución de esa orden. De ellos, se actualizan las causas de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, las quejosas sólo mencionan que, agentes ministeriales se presentaron en su domicilio particular ubicado en el estado de Puebla, mencionando a sus familiares y vecinos que estaban dando cumplimiento a unos oficios de investigación; y que por ello tienen el temor de ser privadas de su libertad. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlas o detenerlas. Ahora, aun si el representante social las llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si las quejosas reclaman las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación, reclamadas a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." (Registro digital: 2020800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.6o.P.146 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3527, Tipo: Aislada): Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, por propio derecho, contra las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia o presentación, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes atribuidos a los comandantes que señala en su demanda, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Representante común. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante de las quejosas a ++++++, sin perjuicio de que la substituyan posteriormente. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de las quejosas para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). Por otra parte, se tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona de nombre +++++++++, porque se le otorgó facultades amplias y tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y sólo para oír y recibir a las restantes personas por carecer de dicho registro. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura federal, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono y correo electrónico por medio del cual pueda ser contactada. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema Agenda OJ, donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2022, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema Agenda OJ, donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo - de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo Notifíquese; de manera personal a las quejosas; y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Elvia Garcia Gonzalez1093/2023
- Elvia Portillo Flores1067/2022
- Elvia Reyes Perez656/2021
- Elvia Reyes Perez414/2021
- Elvira Castro Monroy413/2021
- Elvira Francisca Flores Orea798/2015
- Elvira Rincon Balderas745/2021
- Elvira Rincon Balderas609/2021
- Emerson Cruz Olea600/2021
- Emerson Cruz Olea1001/2020
- Emerson Cruz Olea499/2018
- Emerson Cruz Olea280/2021